sábado 31/7/21

La reforma laboral creará empleo y no hay más que hablar

La reforma laboral va a crear empleo. Es un clamor incesante. En todos los miembros del gobierno, comenzando por su propio presidente. Lo reitera a cada instante la ministra que, justamente, ha cambiado el nombre de su departamento ministerial sustituyendo el trabajo (que no hay) por el empleo (que creará la reforma).

La reforma laboral va a crear empleo. Es un clamor incesante. En todos los miembros del gobierno, comenzando por su propio presidente. Lo reitera a cada instante la ministra que, justamente, ha cambiado el nombre de su departamento ministerial sustituyendo el trabajo (que no hay) por el empleo (que creará la reforma). Lo afirma el candidato del PP a presidente de la comunidad andaluza que tiene una de las tasas de paro más altas del país, señalando que con él llegará el cambio y el empleo. Por su parte las más famosas presidentas electas de Comunidad Autónoma, de Madrid y de Castilla La Mancha, insisten en que el nuevo marco legal generará empleo y confianza, y acompañan este pronóstico seguro con algunas andanadas contra los sindicatos, que tienen la desfachatez de convocar movilizaciones contra los recortes sociales y contra la ley reformadora, demostrando así que son “anticuados, reaccionarios y antisociales”. Lo reiteran, entre francas sonrisas que a veces se convierten en sonoras carcajadas, los dirigentes de la CEOE en rueda de prensa de elogios decididos a la norma y de reivindicaciones adicionales para la limitación extrema del derecho de huelga de los trabajadores. El marco legal resultante del RDL 3/2012 se justifica porque creará empleo. Todos confían en ello. Es cierto que no a corto plazo, pero, subraya el presidente Rajoy, pondrá las bases para un marco estable y seguro de generación permanente de empleo en un futuro inmediato.

Así que no hay más que hablar. Es éste un trend topic repetido por todos los medios de comunicación y los creadores de opinión que elogian unánime y compactamente el decisionismo político del gobierno, que cumple además con las condiciones fijadas por las grandes naciones europeas revalidadas por los mercados financieros en las subastas bursátiles. No nos debe desanimar que durante un largo tiempo hayamos estado escuchando lo mismo con otras voces, menos enfáticas. La Ley 35/2010 y los interminables ajustes contradictorios del año 2011 se justificaban porque estas normas crearían empleo o al menos impedirían la destrucción del mismo. Parecía lo mismo pero no lo era. Ahora se dice que estas reformas eran “tímidas” y que por eso no se han creado empleo. Nada será lo mismo a partir de ahora, porque esta regulación es más incisiva, se ha actuado “sin miedo”. La explicación es sencilla. La reforma supone menos poder contractual colectivo, más facilidad para el despido, más capacidad de determinación unilateral por el empresario de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales. Más desregulación, menos sindicato, menos derechos. Así se trabaja mejor, se genera confianza en los empresarios y estos podrán contratar a más personas porque pueden despedirlas fácilmente y a bajo coste, y ese mismo hecho funciona como compulsión a trabajar bien, sin objetar las órdenes del empresario, sumisamente. Es la memoria económica del RDL 3/2012 quien lo sostiene como explicación de fondo de la reforma.

Pero el enfoque no puede ser éste. No se trata de rebatir o de compartir la creencia en un futuro mejor en el que los empleos sumisos y precarios sean abundantes, y que el trabajo sea inseguro y mal remunerado para que todos puedan trabajar. El problema es que la dimensión política del trabajo no es ni siquiera mencionada en estos discursos, y que el objetivo de creación de empleo se desvincula de cualquier consideración democrática. Es la Constitución la gran olvidada en esta narración de la realidad que el poder económico y político hace que se expresa hoy de manera abrumadoramente uniforme en todos los medios de comunicación. Es posible que al pensamiento neoliberal hoy triunfante no le guste que la Constitución de 1978 se inserte en la tradición de las constituciones sociales europeas que surgen tras la derrota de los fascismos, como posiblemente le moleste el reconocimiento del trabajo como elemento central de cohesión social y política de la sociedad que efectúa. Eso significa que la Constitución reconoce los derechos sindicales y colectivos, negociación colectiva – de la que se establece su fuerza vinculante – y huelga, los derechos individuales del trabajador, a un salario digno y a una jornada de trabajo, a la salud y seguridad en el trabajo, a la formación profesional, pero ante todo el derecho al trabajo, que es central en la configuración constitucional de los derechos cualificados por la posición social de sus titulares. El derecho al trabajo exige que nadie puede ser privado del mismo sin justa causa, siguiendo unas determinadas formalidades y bajo el control judicial de su legitimidad. Junto a estos derechos se colocan otros derivados de la presencia del Estado social, que obliga a desmercantilizar una buena parte de las necesidades sociales y a ofrecer un conjunto de prestaciones sociales suficientes y de mantenimiento de servicios públicos esenciales. Educación y sanidad, seguridad social y servicios sociales, permiten garantizar la dignidad del ciudadano en los elementos centrales de la reproducción social, y orientan la acción del Estado hacia una progresiva nivelación de las desigualdades económicas, culturales y sociales existentes en la realidad material de las cosas que condiciona la existencia concreta de las personas.

Este es el marco institucional que configura la democracia. La democracia no puede identificarse con la consulta electoral a los ciudadanos sobre opciones políticas cada cuatro años, entendiendo que las condiciones materiales de creación y distribución de la riqueza y la organización del trabajo en un sistema complejo de producción de bienes y servicios en un mercado globalizado debe confiarse exclusivamente a la voluntad de los sujetos económicos. Esa vieja consideración que escinde política y dinero, representación electoral y apropiación de trabajo ajeno, orden público y mercado, es algo incompatible con el sistema democrático español. Para éste sindicatos y asociaciones empresariales son sujetos que configuran el sistema político definido como democrático, de forma que no se puede reconocer esta forma política sin la presencia - y participación real - de estas formas de organización de intereses económicos y sociales con relevancia y poder normativo. Las relaciones de trabajo se expresan como derechos subjetivos creados por la norma estatal o colectiva. El marco institucional de las relaciones laborales y los presupuestos mínimos - jornada máxima, salario mínimo, salud y seguridad en el trabajo – lo fija la norma estatal, las condiciones de trabajo y empleo son confiadas en nuestro sistema a la negociación colectiva, cuya “fuerza vinculante” es garantizada por la constitución en estrecha relación con la vigencia del principio de autonomía colectiva y de acción sindical colectiva. La empresa no es, en democracia, un territorio inmune a las relaciones de poder y de desigualdad material de origen económico y social. Es por el contrario un espacio en el que el poder privado sobre personas que ejerce el empresario debe estar controlado y puede ser negociado en sus decisiones generales o específicas por los trabajadores como expresión de un interés colectivo subalterno. La negociación colectiva es el método de regulación y de gobierno del espacio-empresa, y no la voluntad unilateral del empresario que altere unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo. La empresa no puede ser inmune a los derechos fundamentales, ni se puede amparar la arbitrariedad y la violencia que se derive de ese círculo de autoridad y de imposición sobre las personas que trabajan.

Y todo ello no es contrario al empleo. La democracia no es una declamación retórica y no cabe oponer la dimensión colectiva y las garantías individuales de empleo a un mercado de trabajo que sólo funciona bien si está desregulado y ampara un poder autoritario del empleador sin controles colectivos. No cabe un empleo bajo la violencia sin límites del poder privado sobre las personas. Combatir este proyecto es por tanto decisivo. La movilización social es determinante para ello. Mañana hay una primera manifestación de este rechazo a un diseño antidemocrático de las relaciones laborales que, por eso mismo, es contraria a un empleo estable y de calidad. Allí estaremos muchos que compartimos ese rechazo. Hay mucho que hablar todavía, y nuestras palabras no dejarán de estar cargadas de sentido.

La reforma laboral creará empleo y no hay más que hablar
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