jueves 29/10/20

La reforma de la Comisión Europea

En la recién celebrada cumbre informal del Consejo Europeo ha habido expresiones de satisfacción por el final del directorio Merkozy. La creación de este directorio germano-francés fue una de las sorpresas que generó la respuesta de los mandatarios comunitarios a la crisis económica.

En la recién celebrada cumbre informal del Consejo Europeo ha habido expresiones de satisfacción por el final del directorio Merkozy. La creación de este directorio germano-francés fue una de las sorpresas que generó la respuesta de los mandatarios comunitarios a la crisis económica. Algunos asistentes a esta cumbre informal han revelado la comodidad con la que han asistido a dicha reunión, por primera vez en mucho tiempo, sin tener de antemano todas las decisiones tomadas, lo que venía ocurriendo desde hace años en todas las convocatorias del Consejo Europeo, tanto de ministros como de jefes de Estado y de Gobierno. La canciller alemana, Angela Merkel, y el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, tenían la culpa pues habían erigido entre los dos un directorio que se interponía entre todas las instituciones comunitarias y que, además, se imponía a todos los gobiernos de la Unión Europea, sin que -todo hay que decirlo- ninguno de ellos rechistara. Quizá tenía mucho que ver en esto último que Merkel y Sarkozy fueran las cabezas visibles de las dos economías más importantes del euro y de los dos mayores contribuyentes de la Unión. Aún así, ha sido la primera vez desde la lejana fundación de las comunidades europeas en que dos países han ejercido tan ostensiblemente un poder conjunto, siendo especialmente llamativo este ejercicio de poder después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Este último había, por fin, corregido en parte el déficit democrático que se achacaba siempre a la Unión Europea, al dotar a su Parlamento de mayores facultades en la toma de decisiones, junto a la Comisión y al Consejo. El Tratado de Lisboa diseñaba, así, una división de poderes más equilibrada entre las tres instituciones comunitarias. Sin embargo, la crisis económica hizo saltar por los aires esta arquitectura, quizá por la rapidez en la toma de decisiones que se exigía a los gobiernos, pero quizá también por el interés mutuo que Alemania y Francia tenían en la solución de la crisis, ya que sus bancos eran los acreedores más importantes de algunos países del euro afectados por la misma. Sea como fuere, Merkel y Sarkozy se prestaron rápido a diseñar un directorio que tomara las decisiones por los demás y las llevara ya cocinadas al resto, sin apenas discusión.

Junto a este directorio germano-francés hizo aparición otra instancia de poder, esta vez económico, la famosa troika formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Troika que no hay que confundir con la troika que agrupa al país que preside por turno la UE, junto al que lo antecede y al que lo sucede. Esta última troika, que podríamos llamar política, ha tenido poco que decir en estos años de crisis. La troika que sí ha tenido protagonismo y poder ha sido la primera, la que podríamos llamar troika económica, pues al fin y al cabo hizo acto de aparición para asignar los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal, y supervisar los ajustes en el déficit público y los recortes en dichos países.

Ya en marzo del año pasado publiqué en otro medio la necesaria reforma política que, en mi opinión, había que acometer en la Unión Europea. En aquella ocasión, que no fue la primera, mi reflexión vino motivada por el rechazo de la oposición parlamentaria portuguesa al plan que había diseñado el Gobierno de Sócrates con la troika económica, sin haberlo consultado previamente con el resto de partidos políticos. La troika, el brazo armado del directorio Merkozy, actuaba sin contemplaciones por tercera vez en poco tiempo en el seno de la Unión, sin someter a elaboración previa en los parlamentos nacionales unas medidas económicas y financieras que afectaban notablemente al conjunto de la ciudadanía, sustrayendo a los representantes de la voluntad general la mínima participación en la toma de decisiones políticas. Algunas voces europeas hablaban de una nueva colonización germano-francesa o, incluso, de una nueva concepción de la guerra en el siglo XXI, viendo a la troika como un ejército, reducido pero inmensamente poderoso, que invadía un país y lo doblaba financieramente.

El ex vicecanciller alemán Joschka Fischer llegó a proponer la creación de un Parlamento en el seno de la Eurozona, a imagen y semejanza del Bundesrat alemán, donde los representantes fueran enviados por los distintos parlamentos nacionales y no elegidos por sufragio directo. Se trataba, al menos, de crear una instancia legislativa para las políticas económicas, financieras o fiscales a implementar en la zona Euro. Al margen de esta propuesta, que considero muy razonable, yo proponía que la Comisión Europea surgiera del Parlamento Europeo, tras una propuesta de candidatos a presidir dicha Comisión por parte de los distintos grupos parlamentarios, en función de los resultados obtenidos en las elecciones europeas. Así, al menos, los partidos políticos que se presentaran a las elecciones podrían agruparse previamente y presentar en todos los países comunitarios a un candidato único por grupo político para presidir la Comisión Europea. Una vez elegido el presidente de la Comisión en el seno del Parlamento, dicho presidente nombraría a los miembros de la Comisión, tras el visto bueno de la Eurocámara, como sucede en la actualidad. De esta forma, los comisarios podrían incluso representar a los grupos parlamentarios que hubieran apoyado a un candidato, formando así lo que se llamaría una Comisión multicolor.

Esta reforma tendría que ir acompañada de otra mucho más importante que asignaría mayores atribuciones a la Comisión Europea para que ésta fuera un auténtico gobierno comunitario y que si, al menos, no se pudiera imponer al Consejo Europeo, sí estuviera como mínimo en pie de igualdad con él. Y, por supuesto, por encima de cualquier directorio que pudiera emerger, para no repetir la experiencia Merkozy. La Unión Europea, a pesar de las mejoras introducidas por el Tratado de Lisboa, sigue incurriendo en un severo déficit democrático cuando son los gobiernos comunitarios quienes proponen al presidente permanente del Consejo Europeo y, también, al presidente de la Comisión. Ambas instituciones comunitarias no dejan de ser, en el fondo, órganos de poder aristocráticos, donde sus titulares son propuestos a dedo por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, y ratificados después por los partidos de gobierno representados en el Parlamento Europeo. Que, al menos, una de esas instituciones, la Comisión, sea dirigida por alguien que se ha presentado a un sufragio universal y directo y que, después, ha sido votado mayoritariamente por un parlamento democrático, haría renovar en parte la confianza ciudadana en el proyecto comunitario europeo.

Por todo ello, resulta reconfortante seguir escuchando y leyendo voces que reclaman la reforma de la Comisión Europea para que se convierta en un auténtico Gobierno comunitario, legitimado por la voluntad popular, aunque sea para ejercer de contrapeso al Banco Central Europeo y no solo al Consejo, como defiende una de esas últimas voces, la de Javier Tajadura Tejada, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. A su voz, como a la mía, se suman otras muchas y se irán sumando, seguramente, muchas más.

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