27 de enero de 2009, 8:15
No es decente, se mire por donde se mire, aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para justificar lo injustificable, con la indecente intención de hacer méritos ante quienes se sienten investidos por el poder de dar y quitar a su antojo sin otra justificación que las mayorías obtenidas en unas urnas tan democráticas como otras.
Así está ocurriendo con los voceros del partido que gobierna Madrid que, buscando algún tipo de rentabilidad que a nadie se escapa, alientan a continuar la campaña de “ahorro ante la crisis” que está popularizando el recién remodelado Gobierno Regional. Jalean a loas nuevos Consejeros para que procedan de inmediato y con mano firme contra los sindicalistas, elegidos en las urnas de las elecciones sindicales por sus compañeros, para defender sus intereses como trabajadores, en este caso, empleados públicos.
Esgrimen la razón indecente de que cuestan 77 millones de euros, incluyendo los gastos de los contratados interinos que sustituyen total o parcialmente a estas personas en sus puestos de trabajo mientras desempeñan sus tareas sindicales. Con este dinero se podrían hacer muchas cosas y los sindicalistas deberían seguir el ejemplo del Gobierno Regional que reduce tres consejerías y seis direcciones generales y no se sube el sueldo. La de cosas que se podrían hacer con este dinero. Es un despilfarro. El Director General de la Función Pública anuncia recortes en este gasto para fomentar así también el ejemplo de ahorro del Gobierno Aguirre.
Vamos por partes razonables. Los partidos políticos y los sindicatos aparecen en al mismo nivel constitucional de vertebración de intereses políticos y de intereses generales de los trabajadores. Nadie cuestiona que los partidos sean sostenidos con fondos públicos en función de la noble tarea constitucional que desempeñan y del apoyo que merezcan por parte de los ciudadanos.
Considero sinceramente que el dinero público empleado en mantener al Gobierno y la oposición, es esencial para la democracia. En las dictaduras el gasto es mucho mayor sin que el pueblo tenga derecho alguno a conocer el destino ni la cuantía de ese gasto. Tampoco conviene olvidar que la defensa de la libertad sindical y de los derechos laborales realizada por los trabajadores organizados en torno a las CCOO, fueron determinantes para abrir las puertas a la democracia y son determinantes para defenderla, porque los derechos no se consiguen para siempre. Sin derechos laborales reconocidos y respetados la democracia no existe, ni aún formalmente.
Llama la atención el hecho de que sea el Director General de la Función Pública, que es el responsable de los acuerdos vigentes sobre derechos sindicales, el que ahora se llama a andanas sobre los mismos. Tal vez quiere hacer méritos para continuar en el puesto, teniendo en cuenta que estuvo últimamente a las órdenes del defenestrado consejero Prada y que ha sido él el responsable de todos los acuerdos sindicales habidos y por haber.
Llama la atención que se dirija “la razón” de la artillería contra los derechos sindicales sin reparar que un gasto de 77 millones de euros, dando por buenas la cuentas del gran y razonable capitán, suponen una ínfima parte de los más de 6.500 millones de euros que suponen los gastos de personal en los Presupuestos de nuestra Comunidad.
Llama la atención que Esperanza Aguirre se ahorre poco más de un millón de euros en sueldos de Consejeros y Directores Generales, pero no le meta mano a los Presupuestos para publicidad, que han crecido un 18 por ciento este año hasta alcanzar los 162 millones de euros. Casi el triple del gasto de la Comunidad en investigación y más de la mitad de lo que gasta toda la administración central. Basta mirar la parafernalia de inauguraciones, pancartas, anuncios, canapés que se dispendian un día sí y otro también para mayor gloria de la Presidenta en los medios de comunicación, incluido Telemadrid, que soporta una deuda muy superior a lo que se gasta en derechos sindicales, a costa de contratar redactores fieles y productoras afines.
Los sueños de la razón producen monstruos. Goya lo tenía claro y mucho más después de los desastres de la guerra. La culpa es de Zapatero, de los catalanes y de los sindicatos es la fórmula fácil para el éxito electoral, pero no aporta nada a la solución de los problemas de los trabajadores madrileños. Ya sabemos que la fórmula ultra, que no liberal, para salir de la crisis es recortar derechos de los trabajadores y recomponer los beneficios empresariales. ¿Sigue siendo esa la tesis del PP recién renovado en su Congreso de Valencia? Entonces absténganse. Los trabajadores no estamos para más cuentos chinos. Nunca mejor dicho.
La crisis no la hemos traído nosotros, sino precisamente los desbocados e incontrolados beneficios empresariales. La han facilitado gobiernos como el de Madrid, que han tolerado, permitido y alentado ese modelo especulativo de crecimiento que tan mal nos sitúa ante la crisis mundial. Que cuenten con nosotros si quieren negociar las medidas urgentes que necesitamos en materia de industria, empleo, protección social. Si no que se deleiten con los monstruos de la razón, mientras nosotros seguimos trabajando.
Así está ocurriendo con los voceros del partido que gobierna Madrid que, buscando algún tipo de rentabilidad que a nadie se escapa, alientan a continuar la campaña de “ahorro ante la crisis” que está popularizando el recién remodelado Gobierno Regional. Jalean a loas nuevos Consejeros para que procedan de inmediato y con mano firme contra los sindicalistas, elegidos en las urnas de las elecciones sindicales por sus compañeros, para defender sus intereses como trabajadores, en este caso, empleados públicos.
Esgrimen la razón indecente de que cuestan 77 millones de euros, incluyendo los gastos de los contratados interinos que sustituyen total o parcialmente a estas personas en sus puestos de trabajo mientras desempeñan sus tareas sindicales. Con este dinero se podrían hacer muchas cosas y los sindicalistas deberían seguir el ejemplo del Gobierno Regional que reduce tres consejerías y seis direcciones generales y no se sube el sueldo. La de cosas que se podrían hacer con este dinero. Es un despilfarro. El Director General de la Función Pública anuncia recortes en este gasto para fomentar así también el ejemplo de ahorro del Gobierno Aguirre.
Vamos por partes razonables. Los partidos políticos y los sindicatos aparecen en al mismo nivel constitucional de vertebración de intereses políticos y de intereses generales de los trabajadores. Nadie cuestiona que los partidos sean sostenidos con fondos públicos en función de la noble tarea constitucional que desempeñan y del apoyo que merezcan por parte de los ciudadanos.
Considero sinceramente que el dinero público empleado en mantener al Gobierno y la oposición, es esencial para la democracia. En las dictaduras el gasto es mucho mayor sin que el pueblo tenga derecho alguno a conocer el destino ni la cuantía de ese gasto. Tampoco conviene olvidar que la defensa de la libertad sindical y de los derechos laborales realizada por los trabajadores organizados en torno a las CCOO, fueron determinantes para abrir las puertas a la democracia y son determinantes para defenderla, porque los derechos no se consiguen para siempre. Sin derechos laborales reconocidos y respetados la democracia no existe, ni aún formalmente.
Llama la atención el hecho de que sea el Director General de la Función Pública, que es el responsable de los acuerdos vigentes sobre derechos sindicales, el que ahora se llama a andanas sobre los mismos. Tal vez quiere hacer méritos para continuar en el puesto, teniendo en cuenta que estuvo últimamente a las órdenes del defenestrado consejero Prada y que ha sido él el responsable de todos los acuerdos sindicales habidos y por haber.
Llama la atención que se dirija “la razón” de la artillería contra los derechos sindicales sin reparar que un gasto de 77 millones de euros, dando por buenas la cuentas del gran y razonable capitán, suponen una ínfima parte de los más de 6.500 millones de euros que suponen los gastos de personal en los Presupuestos de nuestra Comunidad.
Llama la atención que Esperanza Aguirre se ahorre poco más de un millón de euros en sueldos de Consejeros y Directores Generales, pero no le meta mano a los Presupuestos para publicidad, que han crecido un 18 por ciento este año hasta alcanzar los 162 millones de euros. Casi el triple del gasto de la Comunidad en investigación y más de la mitad de lo que gasta toda la administración central. Basta mirar la parafernalia de inauguraciones, pancartas, anuncios, canapés que se dispendian un día sí y otro también para mayor gloria de la Presidenta en los medios de comunicación, incluido Telemadrid, que soporta una deuda muy superior a lo que se gasta en derechos sindicales, a costa de contratar redactores fieles y productoras afines.
Los sueños de la razón producen monstruos. Goya lo tenía claro y mucho más después de los desastres de la guerra. La culpa es de Zapatero, de los catalanes y de los sindicatos es la fórmula fácil para el éxito electoral, pero no aporta nada a la solución de los problemas de los trabajadores madrileños. Ya sabemos que la fórmula ultra, que no liberal, para salir de la crisis es recortar derechos de los trabajadores y recomponer los beneficios empresariales. ¿Sigue siendo esa la tesis del PP recién renovado en su Congreso de Valencia? Entonces absténganse. Los trabajadores no estamos para más cuentos chinos. Nunca mejor dicho.
La crisis no la hemos traído nosotros, sino precisamente los desbocados e incontrolados beneficios empresariales. La han facilitado gobiernos como el de Madrid, que han tolerado, permitido y alentado ese modelo especulativo de crecimiento que tan mal nos sitúa ante la crisis mundial. Que cuenten con nosotros si quieren negociar las medidas urgentes que necesitamos en materia de industria, empleo, protección social. Si no que se deleiten con los monstruos de la razón, mientras nosotros seguimos trabajando.