A la larga crisis en la eurozona (con tres países “rescatados” y varios más en serio riesgo) se la suele responsabilizar con razón de graves daños económicos y sociales, y en primer lugar el aumento del desempleo (en marzo pasado 24,5 millones de parados, un 10,2% de la población activa). Siendo esto cierto también lo es que en años anteriores a la crisis había síntomas de que los gobiernos europeos habían abandonado algunos de los grandes objetivos que se había trazado la Unión Europea.
La Estrategia de Lisboa (2000-2010) para reformar la economía europea y estabilizar su crecimiento mejorando el empleo y la cohesión social, había fracasado mucho antes de que venciera el plazo de 2010. Los ataques al modelo social europeo por parte de gobiernos neoliberales (y en algunos casos por gobiernos que no se reclamaban de esa ideología) se venían recrudeciendo desde fechas aún más tempranas en casi todos los países. El fracaso de la Estrategia de Lisboa debilitaba las posibilidades de la UE para competir en un mundo globalizado y para proponer un modelo de crecimiento y desarrollo que pudiera servir de referencia en otras regiones del mundo.
La batalla dada por las fuerzas progresistas y por la CES para conseguir una Constitución que salvaguardara el modelo social quedó primero en tablas en la Convención que la aprobó en julio de 2003, y después en suspenso por la no ratificación del Tratado Constitucional en los referendos francés y holandés (mayo y junio de 2005), aunque más tarde se salvaron los muebles de la Carta de Derechos Fundamentales en el nuevo Tratado de Reforma (diciembre de 2007).
El giro a la derecha en la mayoría de los países, vino acompañado de propuestas de directivas e incluso de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que amenazaron con dejar en papel mojado estas mínimas garantías.
Por eso en el XI Congreso de la CES (Sevilla, 21-24 de mayo de 2007) cuando aún no era palpable la crisis (el contenido optimista y social del discurso de Zapatero a los delegados aún era ajeno al cercano desplome y al giro de su política) se alertó de los riesgos de que la parálisis política impidiera avanzar a la UE. La CES acordó movilizarse (¡Pasar a la ofensiva!) por una Europa fuerte y social. El Programa de Acción del congreso constataba la falta de una voz fuerte y progresista.
Los acontecimientos posteriores han demostrado desgraciadamente que la ausencia de un gobierno económico europeo, reclamado por la CES desde el mismo momento de la introducción de la moneda única, ha sido un factor de desequilibrio determinante.
De esa campaña de movilizaciones lo más destacado fue la presión de la CES y de sus organizaciones afiliadas, en alianza con otras fuerzas y con miembros progresistas del Parlamento Europeo, para impedir el proyecto de directiva de tiempo de trabajo que pretendía aumentar a 65 horas la jornada semanal. La CES convocó una manifestación en Estrasburgo ante el Parlamento y una jornada de paros de corta duración en las empresas. Finalmente el PE aprobó el informe del diputado socialista español Alejandro Cercas dejando el límite en las 48 horas.
No es austeridad, es rigor y solo para los más débiles
La UE, conjuntamente con el FMI, reaccionó ante el temor del hundimiento de la economía griega tomando, en marzo de 2010, las conocidas medidas de rescate. Los gobiernos nacionales y las instituciones comunitarias dejaron pudrir la crisis griega, permitieron la contaminación a otros países y colocaron al euro y a la UE al borde del abismo para, finalmente, adoptar como “única solución posible” planes de austeridad y ajuste presupuestario sacados del recetario neoliberal de las peores épocas del FMI, acompañados de las llamadas “reformas estructurales”, de los mercados de trabajo, de los sistemas públicos de pensiones, de otras prestaciones sociales, de los servicios públicos, etc.
Lejos de plantearse las reformas necesarias para abandonar el modelo productivo que ha hecho quiebra, y de dotar a la UE de un verdadero gobierno económico, lastran las posibilidades de recuperación del crecimiento y del empleo y dañan o desmantelan el modelo social europeo. Los gobiernos conservadores han presentado como planes de austeridad lo que en realidad son solo políticas de rigor suicida (“rigor mortis” según se ha dicho acertadamente) han ganado una primera batalla de imagen.
Tampoco puede hablarse en propiedad de Pacto Fiscal ("fiscal compact") que han presentado como el instrumento principal de la política de rigor y que justamente ha sido calificado por el grupo socialista del Parlamento Europeo (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) como un mero corsé presupuestario con el que constreñir tanto a los Estados del euro como a la propia UE.
La austeridad entendida como esfuerzo colectivo equitativo fue siempre defendida desde la izquierda para ayudar a los sectores más necesitados y regenerar la vida pública. En 1977, en Italia, Enrico Berlinguer, secretario general del PCI lanzaba su propuesta de austeridad como camino obligado y una ocasión histórica para un cambio radical de la sociedad. El Plan de Solidaridad contra el Paro y la Crisis propuesto por Marcelino Camacho (y asumido por CCOO) en 1981 recogía sacrificios de los trabajadores con empleos y de los empresarios proponiendo reformas progresivas que signifiquen auténticos avances hacia un futuro cambio de modelo de desarrollo económico y de sociedad.
Ha sido el modelo económico especulativo y consumista, fiscalmente insolidario y depredador de los recursos el causante de los desequilibrios financieros que ahora quieren restaurar cargando en exclusiva los costes sobre los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.
La movilización sindical contra los planes de ajuste
Los sindicatos de los países más afectados por la crisis han llevado a cabo numerosas movilizaciones en defensa del empleo y contra las reformas legislativas regresivas que han reducido los salarios y las plantillas de funcionarios y de empresas públicas, aumentado la edad de jubilación o las jornadas de trabajo y deteriorado servicios públicos vitales como la educación y la sanidad.
Otra campaña de la CES fue lanzada en mayo de 2009 reclamando un nuevo pacto social europeo para frenar el avance del desempleo en el que se destacan estas peticiones:
• Un vasto programa de relanzamiento para ofrecer mas empleo y de mejor calidad, proteger el empleo en las industrias claves e invertir en nuevas tecnologías y preservar los servicios públicos esenciales.
• Mejores salarios y mejores pensiones. Protección del poder de compra para estimular las economías.
• Poner fin a las recientes decisiones de la Corte de Justicia europea que favorecen la libertad de mercado frente a los derechos fundamentales y a la negociación colectiva. Confirmar los objetivos sociales del mercado interior y garantizar la igualdad de trato y de salario para los trabajadores inmigrantes.
• Una reglamentación eficaz de los mercados financieros y una distribución equitativa de las riquezas. Una Banca central europea vinculada al crecimiento y al pleno empleo y no simplemente a la estabilidad de los precios.
En el marco de esa campaña se convocaron cuatro euromanifestaciones entre el 14 y el 16 de mayo: el día 14 en Madrid (con participación también de sindicalistas portugueses); 15 de mayo en Bruselas; 16 de mayo en Berlín y en Praga. También hubo acciones en Italia, Francia, Irlanda, Portugal, Islandia o Letonia.
En algunos países las movilizaciones se encadenaron en forma de huelgas o jornadas de acción como en el caso de Francia o de huelgas generales masivas como en Grecia donde las medidas antisociales han afectado muy gravemente a la población, sumándose a los llamamientos de los sindicatos (GSEE, privado, y ADEDY, funcionarios) otros muchos colectivos sociales.
En septiembre de 2010 se retomaron las luchas destacando la huelga general en España contra la reforma laboral del gobierno socialista, convocada unitariamente por CCOO y UGT, que salió adelante pese a la hostilidad desatada por los medios de comunicación, y la confluencia en su contra del gobierno y de la oposición conservadora. En coincidencia con la huelga general en España, la CES convocó una euromanifestación en Bruselas el día 29 de septiembre.
En España, más que en otros países, y sobre todo a partir de la victoria electoral del PP, la reforma laboral (en su agravada segunda edición de 2012, respondida con otra huelga general y sucesivas manifestaciones) ha ido acompañada de un ataque brutal al sindicalismo de clase, aún en pleno vigor, tratando de desacreditarlo ante la opinión publica y de mostrarlo como inútil o perjudicial para los propios trabajadores. Una batería de medidas, enmascaradas en la reforma de la negociación colectiva o en la disminución de las horas sindicales de los delegados apuntan, en clave thatcheriana, a eliminar al mayor de los obstáculos que encuentran para imponer la desprotección de los trabajadores mediante un giro de 180 grados en las relaciones laborales.
.En Italia las tres centrales CGIL, CISL y UIL, después de una etapa de desacuerdos entre ellas, han recuperado un cierto nivel de convergencia y de acción unitaria, tras la caída del gobierno de Berlusconi, saludando con interés y expectativas la formación de un gobierno "técnico" para hacer frente al riesgo de una quiebra financiera del país. Sin embargo sus críticas al gobierno Monti han ido creciendo a raíz de una reforma de las jubilaciones no pactada y con efectos muy graves. Entre otros, dejar a cientos de miles de trabajadores que habían subscrito acuerdos de salida previa de sus puestos de trabajo (por reestructuraciones de empresas), en un vacío, sin protección social al terminar su periodo de vigencia y sin pensión al postergarse la edad de acceso a la jubilación.
A raíz de esta situación se han convocadas sendas movilizaciones y el tema queda abierto, añadiéndose ahora las críticas a la reforma laboral que entretanto se ha puesto en marcha que, aun con aspectos positivos, no parece aceptable. Los sindicatos exigen terminar con la precariedad laboral; el establecimiento de una red eficaz de protección social para el desempleo; el desarrollo de políticas activas de empleo, especialmente para promover el trabajo juvenil.
La reforma está en trámite parlamentario y los sindicatos están presionando con huelgas y manifestaciones para conseguir cambios substantivos del proyecto, reivindicando al mismo tiempo reformas fiscales, en favor del trabajo y medidas para el crecimiento. Sin esto no habrá las condiciones necesarias para la creación de empleo, a pesar de la mejoría en el funcionamiento del mercado del trabajo.
En estas tareas los sindicatos cuentan con el apoyo del Partido Democrático aunque este tiene que encontrar compromisos con el centro-derecha, por el hecho que ambos conforman la mayoría circunstancial "de emergencia nacional" que ha permitido el nacimiento del gobierno Monti. Dentro de este difícil equilibrio los sindicatos y el centro-izquierda han ganado la batalla de parar los intentos de modificar las leyes para facilitar los despidos.
.Sin poder ser exhaustivos a la hora de reseñar las numerosas acciones sindicales que se están llevando a cabo en estos años en los diferentes países contra los ajustes, podrían señalarse algunos de sus rasgos.
Uno de ellos es la voluntad negociadora y propositiva. Al igual que en los diferentes países, la CES, en Bruselas, ha presentado numerosas veces sus propuestas a la Comisión y al Consejo, ofreciendo alternativas para recuperar la senda del crecimiento. Por supuesto, como siempre, las protestas se han caracterizado por su desarrollo pacifico demarcándose de cualquier violencia. Asimismo, en general, las movilizaciones han sido unitarias en aquellos países donde hay pluralismo confederal (y que coincide con que son los más afectados por la crisis).
Avanzar en la eficacia de las acciones sindicales europeas
Sin embargo el movimiento sindical europeo sigue mostrando carencias que, en estos tiempos, se ponen aún más en evidencia. Los objetivos de europeizar las acciones sindicales siguen encontrando serios dificultades. Las respuestas siguen siendo domésticas cuando las causas y los efectos son europeos. Las acciones se convocan siguiendo calendarios impuestos por quienes provocan las movilizaciones, pues es casi siempre la agenda nacional legislativa o gubernamental la que obliga a responder en plazos determinados. Si se hubieran podido concentrar varias de las huelgas generales nacionales y otras manifestaciones en una sola fecha habría habido una primera acción general europea de gran impacto político.
Se suele atribuir esta ausencia de coordinación de las acciones a la debilidad de la CES. No debe olvidarse que el debilitamiento, en mayor o menor grado se ha producido en casi todos los sindicatos nacionales y ello es debido a diversas causas (las principales a consecuencia directa o indirecta de las políticas neoliberales) sobre las cuales están reflexionando en sus congresos para reaccionar organizativa y reivindicativamente.
En Europa, el movimiento sindical se asentó entre los años cincuenta y sesenta en el ámbito nacional (salvo donde persistían dictaduras) pero no se abordó de inmediato la creación de un sindicato europeo, ni siquiera después de ponerse en marcha en 1958 la Comunidad Económica Europea. La CES creada en 1973 no jugó un papel reseñable hasta que en 1991 se aprobó su “autoreforma” (que también así se la llamó en aquellos momentos) a partir de la cual se pusieron en marcha mecanismos de coordinación de las confederaciones nacionales; de constitución o impulso de federaciones europeas de rama; de creación de comités de empresas europeas; de los primeros acuerdos con la patronal europea; etc.
Eso fue posible porque un buen número de centrales nacionales, algunas muy fuertes, creyeron firmemente que una parte de la acción sindical ya no cabía en el marco local, sino en el supranacional que representaba la UE. Y desde entonces hasta hoy la CES ha ido aumentando su influencia y su peso.
Los avances de la construcción europea durante el mandato del presidente Delors (1985-1995) fueron posible por el respaldo que tuvo de dirigentes nacionales con visión europea como Kohl, Mitterrand o González. Posteriormente los problemas nacionales han coadyuvado a renacionalizar las políticas, y eso ha causado una pérdida de confianza de los ciudadanos en la UE y en sus instituciones.
Esa interiorización, y por similares causas, también se ha producido en el movimiento sindical, y se refleja en un menor compromiso en las decisiones a escala de Europa, y en las dificultades para mejorar la coordinación de las propuestas y de las luchas. Esto es algo que solo puede hacerse si las propias direcciones sindicales entienden que la CES no es solo el lugar para informar de los problemas propios y escuchar los de los vecinos, sino también el marco para multiplicar la eficacia de las respuestas.
Pese a las dificultades en los países, es necesario que los sindicatos vuelvan a al espíritu y al compromiso supranacional que fueron la base del éxito de la autoreforma de 1991 para reforzar la CES como actor social europeo frente a la patronal, forzando el dialogo social, y ganando espacios de intervención política al mismo nivel.
Se cuenta ya, y ello es importante, con un discurso sindical europeo bastante consolidado y consensuado. El “Manifiesto de Atenas” aprobado en el último congreso de la CES lo expresó en el objetivo de un “New Deal” europeo para los trabajadores. Un nuevo contrato social europeo que salvaguarde los fundamentos que dieron a Europa su mayor periodo de democracia y prosperidad.
El movimiento sindical europeo en su conjunto debe de luchar, en alianzas con otros sectores y fuerzas, para lograr que la UE retome el camino del crecimiento económico y de la creación de empleo. Ya se aprecian en varios países los síntomas de rechazo en la opinión publica a los dictados del dúo “Merkozy”, que podría, con la posible victoria de Hollande, perder a su componente francés, dando perspectivas a un cambio de rumbo progresista (al que podría contribuir el partido socialdemócrata alemán en alza) tan necesario en Europa.
Artículo firmado por: Emilio Gabaglio, exsecretario General de la CES y Juan Moreno, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE)