8 de junio de 2009, 7:45
NUEVATRIBUNA.ES - 24.4.2009
Cuando se realizaron las transferencias sanitarias a las CCAA se produjo también la de los edificios en que se prestaba la asistencia sanitaria pública, pero ello se hizo con algunas salvedades que conviene recordar.
La primera es que la transferencia se hizo sólo para el uso, quedando la propiedad en manos de la Tesorería General de la Seguridad Social (SS), de esta manera los decretos de transferencias ( BOE diciembre de 2001) señalan que:
“Que dichos bienes se adscriben a la Comunidad de � sin perjuicio de la unidad del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del Estado y afecto al cumplimiento de sus fines específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo figurar los inmuebles adscritos en el Balance de la Seguridad Social, en la forma que determine la Intervención General de la Seguridad Social.
Que los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos revertirán, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del patrimonio de la misma a la Tesorería General en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben.”
En el caso de la Comunidad de Madrid esta cesión se realizó mediante el Real Decreto 1479/2001 de 27-12-2001, por el que el Instituto Nacional de la Salud realizó traspaso de funciones y servicios a la Comunidad de Madrid.
No obstante la Comunidad de Madrid cedió los centros de Quintana y Pontones pertenecientes al Patrimonio de la SSl para su uso a una entidad privada con ánimo de lucro (Fundación Jiménez Díaz UTE perteneciente a la multinacional CAPIO) sin que mediara autorización de la Tesorería de la Seguridad Social ni ésta fuera solicitada, mediante acuerdo de 21 /12/2006 que no fue hecho público por la Comunidad de Madrid, aunque posteriormente ha aparecido en los medios de comunicación.
Y más aún, recientemente se ha convocado por la Comunidad de Madrid concurso para la construcción y posterior gestión por una empresa privada mediante la fórmula de concesión administrativa (es decir como Valdemoro y Alzira) del hospital de Torrejón, incluyéndose en el concurso la utilización del actual ambulatorio de Torrejón que también pertenece a la Tesorería General de la SS y que le fue traspasado para su utilización para la prestación sanitaria pública.
Estamos pues ante un caso que parece bastante claro de utilización indebida de un patrimonio que ha sido cedido para un uso determinado y que se utiliza por empresas privadas con ánimo de lucro, además a coste cero.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública se ha denunciado el hecho ante las autoridades competentes como son el propio Ministerio de Trabajo de quien depende la Tesorería General de la SS, el Ministerio de Sanidad y el Defensor del Pueblo sin que, por el momento se haya adoptado medida alguna, cuando de acuerdo con el decreto de transferencia lo lógico es que estas entidades, especialmente la Tesorería General exigiese a la Comunidad de Madrid que estos edificios fuesen utilizados de manera exclusiva por la Sanidad Pública, se anulase su cesión de uso a empresas privadas y en caso contrario se produjera su reversión a la Seguridad Social de acuerdo con el decreto de transferencias.
El tema puede parecer menor, pero no lo es, porque estamos hablando, en el caso de Madrid, de unos 1300 edificios transferidos en estas mismas circunstancias, entre los que se incluyen los hospitales más señeros de Madrid ( la Paz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, etc) , centros públicos que pueden quedar desprotegidos ante el afán privatizador del PP madrileño.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el patrimonio de la SS lo es también de lodos los trabajadores y que los sindicatos tienen el derecho y el deber de velar por la conservación y buena utilización del mismo.
Si se deja pasar esta situación, se está poniendo en peligro precisamente este patrimonio que es el resultado de los esfuerzos de todos y no deja de ser curioso que en unos momentos en que tanto se debate sobre los fondos de la Seguridad Social, sus bienes inmobiliarios se cedan gratuitamente a empresas privadas para favorecer sus negocios.
En mi opinión es hora de que las administraciones competentes exijan a la Comunidad de Madrid la correcta utilización del patrimonio de la SS o su reversión a la Seguridad Social, y si no lo hacen que la sociedad civil les obligue a hacerlo, porque cualquier avance en la utilización de los bienes públicos en beneficio de unos pocos es un retroceso en el sistema de protección social y una injusticia flagrante en un momento de crisis económica.
Marciano Sánchez Bayle es Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid
Cuando se realizaron las transferencias sanitarias a las CCAA se produjo también la de los edificios en que se prestaba la asistencia sanitaria pública, pero ello se hizo con algunas salvedades que conviene recordar.
La primera es que la transferencia se hizo sólo para el uso, quedando la propiedad en manos de la Tesorería General de la Seguridad Social (SS), de esta manera los decretos de transferencias ( BOE diciembre de 2001) señalan que:
“Que dichos bienes se adscriben a la Comunidad de � sin perjuicio de la unidad del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del Estado y afecto al cumplimiento de sus fines específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, debiendo figurar los inmuebles adscritos en el Balance de la Seguridad Social, en la forma que determine la Intervención General de la Seguridad Social.
Que los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos revertirán, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del patrimonio de la misma a la Tesorería General en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben.”
En el caso de la Comunidad de Madrid esta cesión se realizó mediante el Real Decreto 1479/2001 de 27-12-2001, por el que el Instituto Nacional de la Salud realizó traspaso de funciones y servicios a la Comunidad de Madrid.
No obstante la Comunidad de Madrid cedió los centros de Quintana y Pontones pertenecientes al Patrimonio de la SSl para su uso a una entidad privada con ánimo de lucro (Fundación Jiménez Díaz UTE perteneciente a la multinacional CAPIO) sin que mediara autorización de la Tesorería de la Seguridad Social ni ésta fuera solicitada, mediante acuerdo de 21 /12/2006 que no fue hecho público por la Comunidad de Madrid, aunque posteriormente ha aparecido en los medios de comunicación.
Y más aún, recientemente se ha convocado por la Comunidad de Madrid concurso para la construcción y posterior gestión por una empresa privada mediante la fórmula de concesión administrativa (es decir como Valdemoro y Alzira) del hospital de Torrejón, incluyéndose en el concurso la utilización del actual ambulatorio de Torrejón que también pertenece a la Tesorería General de la SS y que le fue traspasado para su utilización para la prestación sanitaria pública.
Estamos pues ante un caso que parece bastante claro de utilización indebida de un patrimonio que ha sido cedido para un uso determinado y que se utiliza por empresas privadas con ánimo de lucro, además a coste cero.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública se ha denunciado el hecho ante las autoridades competentes como son el propio Ministerio de Trabajo de quien depende la Tesorería General de la SS, el Ministerio de Sanidad y el Defensor del Pueblo sin que, por el momento se haya adoptado medida alguna, cuando de acuerdo con el decreto de transferencia lo lógico es que estas entidades, especialmente la Tesorería General exigiese a la Comunidad de Madrid que estos edificios fuesen utilizados de manera exclusiva por la Sanidad Pública, se anulase su cesión de uso a empresas privadas y en caso contrario se produjera su reversión a la Seguridad Social de acuerdo con el decreto de transferencias.
El tema puede parecer menor, pero no lo es, porque estamos hablando, en el caso de Madrid, de unos 1300 edificios transferidos en estas mismas circunstancias, entre los que se incluyen los hospitales más señeros de Madrid ( la Paz, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, etc) , centros públicos que pueden quedar desprotegidos ante el afán privatizador del PP madrileño.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el patrimonio de la SS lo es también de lodos los trabajadores y que los sindicatos tienen el derecho y el deber de velar por la conservación y buena utilización del mismo.
Si se deja pasar esta situación, se está poniendo en peligro precisamente este patrimonio que es el resultado de los esfuerzos de todos y no deja de ser curioso que en unos momentos en que tanto se debate sobre los fondos de la Seguridad Social, sus bienes inmobiliarios se cedan gratuitamente a empresas privadas para favorecer sus negocios.
En mi opinión es hora de que las administraciones competentes exijan a la Comunidad de Madrid la correcta utilización del patrimonio de la SS o su reversión a la Seguridad Social, y si no lo hacen que la sociedad civil les obligue a hacerlo, porque cualquier avance en la utilización de los bienes públicos en beneficio de unos pocos es un retroceso en el sistema de protección social y una injusticia flagrante en un momento de crisis económica.
Marciano Sánchez Bayle es Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid