viernes. 19.04.2024

La OIT, España y las políticas de seguridad y salud en el trabajo

NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010El BOE de fecha 4 de Agosto de 2009 publicó el instrumento de ratificación por España, del Convenio 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de Mayo de 2006, que entra en vigor en nuestro país el 5 de mayo de 2010.El Convenio 187 es un Convenio importante y nuestro Gobierno se apresuró a ratificarlo. Hasta aquí, ningún pero.
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

El BOE de fecha 4 de Agosto de 2009 publicó el instrumento de ratificación por España, del Convenio 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de Mayo de 2006, que entra en vigor en nuestro país el 5 de mayo de 2010.

El Convenio 187 es un Convenio importante y nuestro Gobierno se apresuró a ratificarlo. Hasta aquí, ningún pero. Como ya escribimos en otro artículo anterior el Convenio 187 utiliza términos que permiten extraer algunas deficiencias que nuestro país deberá corregir cuanto antes. Marco promocional, Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema Nacional, Programa Nacional. Parece que todo ello nos lleva a una actuación Política fuerte y como consecuencia a unos órganos con rango, capacidad y competencias políticas suficientes. Hoy por hoy, el órgano que ostenta el máximo rango en materia de seguridad e higiene en el trabajo en nuestro país es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es un órgano de asesoramiento científico-técnico de la Administración General del Estado. El carácter nacional que establece el Convenio 187 queda supeditado a las características peculiares de la organización político-administrativa de las que se ha dotado el Estado Español, con las complicaciones subsiguientes, y el rango, puramente asesor, no es suficiente para cumplir los requisitos del Convenio de la OIT.

La ratificación del Convenio 187 de la OIT por nuestro país deja al descubierto la desorganización, la multiplicidad de administraciones, instituciones, agentes que operan en la materia, sin la dirección de un órgano con el rango político suficiente para dirigir, coordinar, establecer estrategias y aplicarlas. Las consecuencias hasta ahora han sido nefastas. Y el tema es tan delicado como que se trata de los riesgos para la vida y la salud de nuestros trabajadores. Al acercarnos a los quince años de la aprobación de la Ley de Prevención, seguimos aprobando y modificando normas, acordando estrategias, dedicando cada vez más dinero público a formación, a subvenciones, privatizando la prevención y con una siniestralidad demasiado dependiente de los ciclos económicos, es decir, no de nuestra acción.

Por otra parte una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, un Sistema Nacional y un Programa Nacional, deben incluir, todos ellos, unas funciones muy relevantes para el Ministerio de Sanidad y Política Social, que hasta ahora no vemos.

Eso si de verdad queremos hacer frente al gran problema de nuestro país en materia de enfermedades profesionales, enfermedades con origen en el trabajo, daños derivados del trabajo, patologías no traumáticas, accidentes cardiovasculares, patologías psicosociales, que Octavio Granados ha anunciado abordar.

Por ahora asistimos más a una desarticulación de las políticas de prevención segregándolas del ámbito público hacia la mercantilización. Ello a pesar de que el Secretario de Estado de la Seguridad Social acaba de insistir en que hay que dedicar más recursos a la prevención para reducir los costes de las prestaciones. Más recursos y más resultados, consideramos.

Todo ello sólo es posible si como nos indica la OIT colocamos las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los objetivos prioritarios del Gobierno. Y para no despistarnos no olvidemos las complejas relaciones entre un paro extraordinario y la salud, tanto para los trabajadores activos como para los parados.

Gregorio Benito Batres - Analista de salud laboral.








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