13 de septiembre de 2010, 14:27
NUEVATRIBUNA.ES - 13.9.2010
Ejercer el oficio de periodista en estos tiempos en los que la información disponible es abrumadora y discurre a gran velocidad por múltiples canales debe de ser difícil porque la presión de la actualidad es una dificultad añadida para separar el ruido de las nueces. Hacer esa tarea discriminatoria le llevaría al buen periodista a distinguir lo que es opinión de lo que son hechos y, después, a analizarlos de forma racional, seria y transparente, pero en la vorágine de la vida diaria podría ser comprensible que el periodista aceptase ciertos hechos apoyándose en el argumento de autoridad de quien los emite, como pueden ser reconocidos académicos o instituciones serias y fiables, pero, aún así, la obligación de una constatación, aunque sea mínima, de la corrección de esos datos es inexcusable si el medio para el que trabaja se lo permite. Todo esto viene a cuento de la manía tan difundida a establecer comparaciones y clasificaciones de las mas diversas materias o instituciones (sistemas educativos, sistemas sanitarios, universidades, calidad de vida, etc…) que llevan a cabo por lo general entidades privadas y algunos organismos internacionales, que al establecer la clasificación ya están estableciendo un canon de acuerdo con los valores que propugnan, pero la presentan como resultado de elaboraciones “objetivas y científicas”.
El problema es que es que cada vez estamos más acostumbrados a que a bombo y platillo se difunda el puesto que nuestras instituciones ocupan en un determinado ranking sin entrar en grandes honduras sobre la no neutralidad de esas clasificaciones, y claro, hay una consecuencia casi inmediata, cual es que los resultados de esas clasificaciones (casi siempre malos para España) arropan las corrientes de opinión que claman por la necesidad de reformas en la línea de los intereses preconizados por quien ha hecho la clasificación. Pocas veces se cuestiona, en primer lugar, que las comparaciones en materias sociales son en extremo difíciles de hacer porque es imposible dejar de tener en cuenta instituciones, modos de vida, etc…propios de cada sociedad que no pueden someterse a abstracciones o simplificaciones que exigen los criterios de comparación, así como la falta de homogeneidad de muchos datos con los que se hace la comparación, a lo que hay que añadir lo erróneo que normalmente resulta sumar algunos datos empíricos, inevitablemente limitados, para, sobre asuntos muy complejos, establecer relaciones de causa-efecto sin base suficiente.
Hay dos ejemplos particularmente sangrantes. Uno de ellos es la clasificación comparativa de las economías de diversos países llamada Doing Business que hace el Banco Mundial mediante la cual se trata de clasificar las economías de 188 países “en términos de su facilidad para hacer negocios”. Para hacer la clasificación se utilizan diversos indicadores como la presión fiscal (a menos impuestos mejor clasificación), o aspectos relativos a la relación laboral en donde la flexibilidad en el uso por el empresario del tiempo de trabajo, la facilidad y el menor coste para los despidos colectivos o los bajos salarios (con el límite del umbral de la pobreza, faltaría más) hacen subir en el ranking. En el último informe para 2010 no se alude al respeto a la libertad sindical como elemento que hace bajar en la clasificación, como se hacía anteriormente, pero es probable que se incluya en las rigideces. Los datos para conformar esos criterios de obtienen de la “científica” manera de encuestar a expertos en hacer negocios o sus asesores, completadas con visitas de técnicos del propio Banco y aportaciones de consultorías privadas. Así no resulta extraño que países como Francia, España o Alemania estén en el indicador laboral severamente castigados a descender a los puestos 155, 157 y 158 respectivamente. Los países con menor protección de los trabajadores, como Singapur, son los que mejores puestos tienen.
La cosa podría ser risible si no fuera porque es un instrumento de presión para que los países emprendan una carrera hacia abajo en la protección de los derechos de los trabajadores pues el Doing Business se presenta como una guía para los inversores, y ya sabemos lo que eso significa en un mundo globalizado en el que las deslocalizaciones están a la orden del día.
El segundo ejemplo es el llamado Índice de Competitividad Global que trata de medir la productividad de un país, lo que para los redactores del informe es equivalente a la capacidad de crear renta (su distribución ya es otra cosa) y es publicado por el Foro Económico Mundial, es decir, los ricos del mundo que se reúnen en Davos. Analizan 139 países usando 12 indicadores entre los que están las instituciones, las infraestructuras, la salud y la educación primaria o “la eficiencia del mercado de trabajo”. Los datos los obtienen con encuestas, de nuevo, a los lideres empresariales (como preguntar a la zorra sobre las medidas de protección del gallinero) y se dice que participan también algunos institutos o fundaciones privadas (ninguna española) que recaban otros datos. La elaboración del informe corre a cargo de conocidos economistas ultraliberales. En el presente año el primer puesto lo ocupa Suiza y España ocupa el puesto 46, detrás de países como Túnez, Omán, Tailandia, Polonia o Puerto Rico (sin comentarios). Una de las causas de tan bajo puesto es la “gran rigidez” de nuestro mercado de trabajo que es puesta de modo señalado como ejemplo negativo en la presentación misma del informe, una falacia que no se sostiene por parte ninguna ya que nuestro sistema de relaciones laborales es uno de los más flexibles de Europa, es decir, de los que menos límites tiene el empresario para disponer de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Es llamativo que el sistema sanitario de Túnez sea para estos preclaros veteroliberales mejor que el español. De nuevo estamos en lo mismo, de lo que se trata es crear una niebla ideológica para justificar la adopción de medidas legislativas reformadoras que reduzcan los derechos de los trabajadores, como las que acaban de aprobar las Cortes. Que esas clasificaciones estén basadas en mentiras poco importa, lo que importa es que la gente se las crea y para ello es necesario que los medios de comunicación sean el altoparlante de aquellas instituciones, pero para eso no hacen falta periodistas, solo amanuenses que resuman lo que dice la voz de su amo y no difundan información veraz, sino opiniones interesadas. Es de esperar que este tipo de operaciones de contrabando intelectual sean descalificadas por el éxito de la huelga general del 29 de septiembre.
Joaquín Aparicio Tovar - Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad de Castilla-La Mancha
Ejercer el oficio de periodista en estos tiempos en los que la información disponible es abrumadora y discurre a gran velocidad por múltiples canales debe de ser difícil porque la presión de la actualidad es una dificultad añadida para separar el ruido de las nueces. Hacer esa tarea discriminatoria le llevaría al buen periodista a distinguir lo que es opinión de lo que son hechos y, después, a analizarlos de forma racional, seria y transparente, pero en la vorágine de la vida diaria podría ser comprensible que el periodista aceptase ciertos hechos apoyándose en el argumento de autoridad de quien los emite, como pueden ser reconocidos académicos o instituciones serias y fiables, pero, aún así, la obligación de una constatación, aunque sea mínima, de la corrección de esos datos es inexcusable si el medio para el que trabaja se lo permite. Todo esto viene a cuento de la manía tan difundida a establecer comparaciones y clasificaciones de las mas diversas materias o instituciones (sistemas educativos, sistemas sanitarios, universidades, calidad de vida, etc…) que llevan a cabo por lo general entidades privadas y algunos organismos internacionales, que al establecer la clasificación ya están estableciendo un canon de acuerdo con los valores que propugnan, pero la presentan como resultado de elaboraciones “objetivas y científicas”.
El problema es que es que cada vez estamos más acostumbrados a que a bombo y platillo se difunda el puesto que nuestras instituciones ocupan en un determinado ranking sin entrar en grandes honduras sobre la no neutralidad de esas clasificaciones, y claro, hay una consecuencia casi inmediata, cual es que los resultados de esas clasificaciones (casi siempre malos para España) arropan las corrientes de opinión que claman por la necesidad de reformas en la línea de los intereses preconizados por quien ha hecho la clasificación. Pocas veces se cuestiona, en primer lugar, que las comparaciones en materias sociales son en extremo difíciles de hacer porque es imposible dejar de tener en cuenta instituciones, modos de vida, etc…propios de cada sociedad que no pueden someterse a abstracciones o simplificaciones que exigen los criterios de comparación, así como la falta de homogeneidad de muchos datos con los que se hace la comparación, a lo que hay que añadir lo erróneo que normalmente resulta sumar algunos datos empíricos, inevitablemente limitados, para, sobre asuntos muy complejos, establecer relaciones de causa-efecto sin base suficiente.
Hay dos ejemplos particularmente sangrantes. Uno de ellos es la clasificación comparativa de las economías de diversos países llamada Doing Business que hace el Banco Mundial mediante la cual se trata de clasificar las economías de 188 países “en términos de su facilidad para hacer negocios”. Para hacer la clasificación se utilizan diversos indicadores como la presión fiscal (a menos impuestos mejor clasificación), o aspectos relativos a la relación laboral en donde la flexibilidad en el uso por el empresario del tiempo de trabajo, la facilidad y el menor coste para los despidos colectivos o los bajos salarios (con el límite del umbral de la pobreza, faltaría más) hacen subir en el ranking. En el último informe para 2010 no se alude al respeto a la libertad sindical como elemento que hace bajar en la clasificación, como se hacía anteriormente, pero es probable que se incluya en las rigideces. Los datos para conformar esos criterios de obtienen de la “científica” manera de encuestar a expertos en hacer negocios o sus asesores, completadas con visitas de técnicos del propio Banco y aportaciones de consultorías privadas. Así no resulta extraño que países como Francia, España o Alemania estén en el indicador laboral severamente castigados a descender a los puestos 155, 157 y 158 respectivamente. Los países con menor protección de los trabajadores, como Singapur, son los que mejores puestos tienen.
La cosa podría ser risible si no fuera porque es un instrumento de presión para que los países emprendan una carrera hacia abajo en la protección de los derechos de los trabajadores pues el Doing Business se presenta como una guía para los inversores, y ya sabemos lo que eso significa en un mundo globalizado en el que las deslocalizaciones están a la orden del día.
El segundo ejemplo es el llamado Índice de Competitividad Global que trata de medir la productividad de un país, lo que para los redactores del informe es equivalente a la capacidad de crear renta (su distribución ya es otra cosa) y es publicado por el Foro Económico Mundial, es decir, los ricos del mundo que se reúnen en Davos. Analizan 139 países usando 12 indicadores entre los que están las instituciones, las infraestructuras, la salud y la educación primaria o “la eficiencia del mercado de trabajo”. Los datos los obtienen con encuestas, de nuevo, a los lideres empresariales (como preguntar a la zorra sobre las medidas de protección del gallinero) y se dice que participan también algunos institutos o fundaciones privadas (ninguna española) que recaban otros datos. La elaboración del informe corre a cargo de conocidos economistas ultraliberales. En el presente año el primer puesto lo ocupa Suiza y España ocupa el puesto 46, detrás de países como Túnez, Omán, Tailandia, Polonia o Puerto Rico (sin comentarios). Una de las causas de tan bajo puesto es la “gran rigidez” de nuestro mercado de trabajo que es puesta de modo señalado como ejemplo negativo en la presentación misma del informe, una falacia que no se sostiene por parte ninguna ya que nuestro sistema de relaciones laborales es uno de los más flexibles de Europa, es decir, de los que menos límites tiene el empresario para disponer de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Es llamativo que el sistema sanitario de Túnez sea para estos preclaros veteroliberales mejor que el español. De nuevo estamos en lo mismo, de lo que se trata es crear una niebla ideológica para justificar la adopción de medidas legislativas reformadoras que reduzcan los derechos de los trabajadores, como las que acaban de aprobar las Cortes. Que esas clasificaciones estén basadas en mentiras poco importa, lo que importa es que la gente se las crea y para ello es necesario que los medios de comunicación sean el altoparlante de aquellas instituciones, pero para eso no hacen falta periodistas, solo amanuenses que resuman lo que dice la voz de su amo y no difundan información veraz, sino opiniones interesadas. Es de esperar que este tipo de operaciones de contrabando intelectual sean descalificadas por el éxito de la huelga general del 29 de septiembre.
Joaquín Aparicio Tovar - Catedrático de Derecho del Trabajo Universidad de Castilla-La Mancha