20 de septiembre de 2010, 15:44
NUEVATRIBUNA.ES - 13.9.2009
Esto parece una mala pasada de la imaginación de algún novelista a lo Dan Brown. No es posible que a treinta y dos años de la recuperación de las libertades democráticas, estemos viviendo el grotesco episodio de un juez de la Audiencia Nacional imputado por atender la demanda de las víctimas de los crímenes contra la humanidad ejecutados por un régimen fascista. Si ya es un insulto permanente a esas víctimas y a sus familias, que son millones de ciudadanos de este país, que en la basílica de Cuelgamuros se mantenga, protegida por toda una comunidad de monjes católicos, la tumba de Franco rodeada de toda su simbología. Si constituyen una burla las dificultades para recuperar los restos de los que aún permanecen enterrados en campos y cunetas, este intento de hundir a Garzón, acusándole de un delito de prevaricación, empieza a ser insoportable para muchos demócratas y resulta dificil de entender que la máxima instancia judicial de un país de la Unión Europea, en el siglo XXI, vaya tan lejos en la toma en consideración de los argumentos de un grupo de nostálgicos del fascismo contra un juez que ha cumplido con su obligación.
En estos días, los medios de comunicación reflejan el trasfondo de este lamentable espectáculo que España está dando al mundo y a través de ellos no resulta complicado poner nombre y apellidos a quienes destilan un odio feroz hacia Garzón por razones a las que, probablemente, no es ajena su trayectoria de muchos años en una implacable lucha contra la corrupción venga de donde venga y en defensa de la libertad frente a los liberticidas de todas las calañas. Los máximos dirigentes del PP, principales muñidores de una campaña brutal y directa contra este juez por atreverse a investigar la corrupción en su partido, piden su cabeza a voz en grito, ahora sí con el argumento de la igualdad de todos ante la ley. Parece increible que un partido democrático boicotee sistemáticamente las actuaciones de aquellos que intentan aplicar la, por otra parte tibia, Ley de la Memoria Histórica y llame “talibanes progres” a los ciudadanos que promueven la retirada de monumentos como el de Primo de Rivera en Granada o de Millán Astray en A Coruña, en cuyo Museo Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, también de forma inexplicable, ha estado a disposición del público una hoja de firmas en contra de dicha retirada en la que se aduce el valor “histórico” de la escultura. Una estatua que, en inequívoco gesto autoritario – testicular, señala las “razones” de los golpistas que iniciaron su “heroica cruzada” en esa ciudad con un acto de traición contra sus mandos los generales Salcedo y Caridad Pita, luego fusilados como todos los militares que permanecieron leales al Gobierno legítimo.
El proceso constituyente del 78 logró cerrar la larga dictadura iniciada con aquellos hechos, pero no acabó con el franquismo ideológico que sigue estando presente en un sólido entramado mediático, claramente revisionista, en una parte del aparato del Estado y en toda una constelación de asociaciones y fundaciones que constituyen un sector importante e influyente de la base social del Partido Popular. Ese ha sido uno de los fracasos de la Transición: que el principal partido de la derecha no ha sabido o querido desprenderse de la losa de Cuelgamuros, lastrando con ello, además de su propia trayectoria, la normalización de la vida política española, a la que somete a un clima de crispación permanente. Ahora quieren pasarle factura a Baltasar Garzón, si lo consiguen ¿quién nos garantiza que no van a continuar con todos los demás?
Pedro Díez Olazábal participó en la fundación del Sindicato de Enseñanza de CC.OO y ha estado siempre vinculado a los movimientos sociales. Ha desempeñado los cargos de Alcalde de Arganda del Rey, diputado de la Asamblea de Madrid y Vicepresidente Tercero, portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Presidente de la Asamblea de Madrid.
Esto parece una mala pasada de la imaginación de algún novelista a lo Dan Brown. No es posible que a treinta y dos años de la recuperación de las libertades democráticas, estemos viviendo el grotesco episodio de un juez de la Audiencia Nacional imputado por atender la demanda de las víctimas de los crímenes contra la humanidad ejecutados por un régimen fascista. Si ya es un insulto permanente a esas víctimas y a sus familias, que son millones de ciudadanos de este país, que en la basílica de Cuelgamuros se mantenga, protegida por toda una comunidad de monjes católicos, la tumba de Franco rodeada de toda su simbología. Si constituyen una burla las dificultades para recuperar los restos de los que aún permanecen enterrados en campos y cunetas, este intento de hundir a Garzón, acusándole de un delito de prevaricación, empieza a ser insoportable para muchos demócratas y resulta dificil de entender que la máxima instancia judicial de un país de la Unión Europea, en el siglo XXI, vaya tan lejos en la toma en consideración de los argumentos de un grupo de nostálgicos del fascismo contra un juez que ha cumplido con su obligación.
En estos días, los medios de comunicación reflejan el trasfondo de este lamentable espectáculo que España está dando al mundo y a través de ellos no resulta complicado poner nombre y apellidos a quienes destilan un odio feroz hacia Garzón por razones a las que, probablemente, no es ajena su trayectoria de muchos años en una implacable lucha contra la corrupción venga de donde venga y en defensa de la libertad frente a los liberticidas de todas las calañas. Los máximos dirigentes del PP, principales muñidores de una campaña brutal y directa contra este juez por atreverse a investigar la corrupción en su partido, piden su cabeza a voz en grito, ahora sí con el argumento de la igualdad de todos ante la ley. Parece increible que un partido democrático boicotee sistemáticamente las actuaciones de aquellos que intentan aplicar la, por otra parte tibia, Ley de la Memoria Histórica y llame “talibanes progres” a los ciudadanos que promueven la retirada de monumentos como el de Primo de Rivera en Granada o de Millán Astray en A Coruña, en cuyo Museo Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, también de forma inexplicable, ha estado a disposición del público una hoja de firmas en contra de dicha retirada en la que se aduce el valor “histórico” de la escultura. Una estatua que, en inequívoco gesto autoritario – testicular, señala las “razones” de los golpistas que iniciaron su “heroica cruzada” en esa ciudad con un acto de traición contra sus mandos los generales Salcedo y Caridad Pita, luego fusilados como todos los militares que permanecieron leales al Gobierno legítimo.
El proceso constituyente del 78 logró cerrar la larga dictadura iniciada con aquellos hechos, pero no acabó con el franquismo ideológico que sigue estando presente en un sólido entramado mediático, claramente revisionista, en una parte del aparato del Estado y en toda una constelación de asociaciones y fundaciones que constituyen un sector importante e influyente de la base social del Partido Popular. Ese ha sido uno de los fracasos de la Transición: que el principal partido de la derecha no ha sabido o querido desprenderse de la losa de Cuelgamuros, lastrando con ello, además de su propia trayectoria, la normalización de la vida política española, a la que somete a un clima de crispación permanente. Ahora quieren pasarle factura a Baltasar Garzón, si lo consiguen ¿quién nos garantiza que no van a continuar con todos los demás?
Pedro Díez Olazábal participó en la fundación del Sindicato de Enseñanza de CC.OO y ha estado siempre vinculado a los movimientos sociales. Ha desempeñado los cargos de Alcalde de Arganda del Rey, diputado de la Asamblea de Madrid y Vicepresidente Tercero, portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Presidente de la Asamblea de Madrid.