30 de julio de 2010, 16:16
NUEVATRIBUNA.ES - 30.7.2010
La juez federal de Arizona, Susan Bolton, en un acto de dignificación de la administración de justicia, ha reintegrado los Derechos Civiles y políticos en los Estados Unidos de Norteamérica, decretando la supresión de las normas de la ley de inmigración de Arizona. La polémica ley, que entró en vigor el 29 de Julio, fue impulsada por la gobernadora Jay Brewer, del Partido Republicano, criminalizadora de los inmigrantes sin residencia.
Artículos como la obligación de los agentes de Policía de acelerar los procesos de deportación, o la exigencia a los inmigrantes de llevar consigo la documentación para no ser detenidos como indocumentados, y la tipificación como crimen del hecho de pedir empleo en lugares públicos han perecido en este primer embate. Pero el conflicto continuará ahora en las sede judiciales, pudiendo llegar a ser materia de decisión del más alto Tribunal de Justicia de los Estados Unidos.
La orden de la juez constituye una victoria para los hombres y mujeres norteamericanos defensores de los Derechos Civiles y políticos de los ciudadanos por el profundo contenido xenófobo de la norma abolida. La alarma ante la gravedad de la materia legislativa determinó al Gobierno de Obama a volver por los fueros de la competencia política federal, en cuanto a la regulación legal de la política migratoria.
La ley tiene siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de EEUU, que asume el riesgo a través del Departamento de Justicia ya que una derrota ante los tribunales abriría la puerta a que otros estados crearan leyes propias de inmigración. El presidente Barack Obama ha criticado duramente la medida por considerar que cuestiona "las nociones básicas de igualdad que estimamos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y nuestras comunidades, tan importante para garantizar nuestra seguridad". Una decisión con coraje y valor para una dura batalla legal en un entorno social y político polarizado.
Su experiencia vital le lleva a manifestar que esta ley “crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento”. Un buen ejemplo de pedagogía política y coherencia ante una ley que muchos expertos tildan en Estados Unidos de aberración jurídica e influyentes instituciones como la Iglesia Católica o los sindicatos y medios de comunicación denuncian por su arbitrariedad.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales y la ley perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que más individuos aporta a ese colectivo en los estados del sur del país. Los cálculos disparan la cifra hasta los doce millones de indocumentados en todo EEUU. Y ese es el pretexto al que se ha acogido la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para promulgar la ley en su Estado, fronterizo con México. Brewer sostiene que permitiendo a la policía local detener a cualquier persona si hay "sospecha razonable" de que es inmigrante indocumentado se ataja el “problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver". Hasta ahora, la policía no podía preguntar a un individuo por su situación legal salvo si era sospechoso de haber cometido un delito.
Desde la promulgación de la ley, la comunidad hispana ha hecho una gran demostración de fuerza. El pasado primero de mayo sacó a la calle a cientos de miles personas, quizá más de un millón, en las principales ciudades estadounidenses en contra de la ley y a favor del derecho de los inmigrantes ilegales a permanecer en el país en condiciones dignas. De Nueva York a Los Ángeles, de Chicago a Atlanta, de Houston a Dallas y Phoenix y a otras poblaciones de la propia Arizona, gran parte de la población apoyó la lucha dedicando ese día exclusivamente a la solidaridad con los inmigrantes y repudiando las medidas que les criminalizan. Curiosamente, el Primero de Mayo no es fiesta en Estados Unidos ni se celebra, aunque sí se conmemoran los dramáticos hechos ocurridos en Chicago en 1886. Allí, el día del trabajo se celebra el primer lunes de septiembre.
Escasa integración de los hispanos
Pese a que su presencia en puestos relevantes ha ido creciendo en los últimos años, los hispanos aún son una comunidad con escasa integración. Con cerca de 50 millones, representan la primera minoría del país, por delante de los negros. En Arizona, los hispanos constituyen el 30% de la población con medio millón de indocumentados. Su presencia en los Estados del sur aún es motivo de prevención y, a veces, de manifiesta xenofobia. Esta realidad agravada por la crisis económica, que acumula problemas y degrada las condiciones de vida de los pobres, es también consecuencia de la sensación de inseguridad en la frontera frente a los altos índices de criminalidad en México. Los sectores más conservadores del republicanismo aprovechan los sucesos de violencia que conmocionan a la opinión pública y siembran el miedo entre los habitantes de la región para azuzar esos sentimientos antiinmigración. Aunque la inmigración ilegal ha aumentado, el número de actos delictivos decreció el año pasado un 23%., pero ese dato no es suficiente para tranquilizar a los nativos frente al discurso apocalíptico que identifica a la población de rostro moreno con el enemigo.
Inmigración y elecciones en Noviembre 2010
La realidad es que ya casi nadie duda de que la inmigración sea un factor de crecimiento, por lo que utilizar partidariamente la debilidad en la que la carencia de papeles coloca a estos seres humanos, además de ser miserable, responde sólo a un intento de dividir a la sociedad. Los conservadores sienten la presión del sector más liberal del Partido Republicano que cree en la inmigración como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Los demócratas, que rechazan la ley de Arizona, son conscientes de que cerca de un 60% de votantes la respalda. Estados Unidos tiene pendiente una legalización de cerca de 11 millones de inmigrantes, que tarde que temprano debe afrontar, y la elaboración y aprobación de la ley de inmigración que conllevará un proceso de discusión y reflexión social y política en el Congreso. Obama reconoce que el sistema migratorio en Estados Unidos requiere ser actualizado y que es responsabilidad de su gobierno lograrlo. Propone para ello a los dos grandes partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule la situación a escala nacional.
Los demócratas están ante un dilema: no quieren dar la impresión de que preparan una amnistía masiva porque eso podría afectarles electoralmente, pero también temen el daño que podría hacerles mantenerse impasibles ante el deterioro de la situación. Los republicanos, que también son conscientes de que es urgente actuar para contener la inmigración ilegal, han manifestado su disposición a negociar una ley, pero han rechazado plenamente la última propuesta demócrata. En cualquier caso, este siglo XXI de la movilidad humana pone de relieve que la inmigración es parte de la globalización y, puestos a globalizar medidas económicas y financieras siempre en beneficio del gran capital, también hemos de tener la valentía de asumir como globales ejercicios de ética y justicia como el que acaba de producir la juez Susan Bolton en Estados Unidos. No olvidemos que se trata de un país que no hace más de 40 años padecía un racismo oprobioso y que hoy ha sido capaz de hacer una autocritica a través de un pronunciamiento de su Congreso condenando esos episodios deshonrosos de su historia al reprobar el esclavismo. Y, como acto simbólico de ese sentir, el mismo país ha elegido un presidente negro y ahora un poder judicial capaz de emitir eficazmente una sentencia que da prioridad al respeto a los derechos humanos.
Esta decisión, la suspensión parcial de la ley, que se produce cuando estamos cerca de las elecciones legislativas de noviembre, agudizará también la polémica migratoria. ¡Ojalá sus efectos queden reducidos a eso y no se traduzcan en actos racistas! Las organizaciones hispanas y de apoyo a los inmigrantes convocan actos en defensa de sus derechos y de la convivencia. Un buen ejemplo a globalizar.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
La juez federal de Arizona, Susan Bolton, en un acto de dignificación de la administración de justicia, ha reintegrado los Derechos Civiles y políticos en los Estados Unidos de Norteamérica, decretando la supresión de las normas de la ley de inmigración de Arizona. La polémica ley, que entró en vigor el 29 de Julio, fue impulsada por la gobernadora Jay Brewer, del Partido Republicano, criminalizadora de los inmigrantes sin residencia.
Artículos como la obligación de los agentes de Policía de acelerar los procesos de deportación, o la exigencia a los inmigrantes de llevar consigo la documentación para no ser detenidos como indocumentados, y la tipificación como crimen del hecho de pedir empleo en lugares públicos han perecido en este primer embate. Pero el conflicto continuará ahora en las sede judiciales, pudiendo llegar a ser materia de decisión del más alto Tribunal de Justicia de los Estados Unidos.
La orden de la juez constituye una victoria para los hombres y mujeres norteamericanos defensores de los Derechos Civiles y políticos de los ciudadanos por el profundo contenido xenófobo de la norma abolida. La alarma ante la gravedad de la materia legislativa determinó al Gobierno de Obama a volver por los fueros de la competencia política federal, en cuanto a la regulación legal de la política migratoria.
La ley tiene siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de EEUU, que asume el riesgo a través del Departamento de Justicia ya que una derrota ante los tribunales abriría la puerta a que otros estados crearan leyes propias de inmigración. El presidente Barack Obama ha criticado duramente la medida por considerar que cuestiona "las nociones básicas de igualdad que estimamos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y nuestras comunidades, tan importante para garantizar nuestra seguridad". Una decisión con coraje y valor para una dura batalla legal en un entorno social y político polarizado.
Su experiencia vital le lleva a manifestar que esta ley “crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento”. Un buen ejemplo de pedagogía política y coherencia ante una ley que muchos expertos tildan en Estados Unidos de aberración jurídica e influyentes instituciones como la Iglesia Católica o los sindicatos y medios de comunicación denuncian por su arbitrariedad.
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales y la ley perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que más individuos aporta a ese colectivo en los estados del sur del país. Los cálculos disparan la cifra hasta los doce millones de indocumentados en todo EEUU. Y ese es el pretexto al que se ha acogido la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para promulgar la ley en su Estado, fronterizo con México. Brewer sostiene que permitiendo a la policía local detener a cualquier persona si hay "sospecha razonable" de que es inmigrante indocumentado se ataja el “problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver". Hasta ahora, la policía no podía preguntar a un individuo por su situación legal salvo si era sospechoso de haber cometido un delito.
Desde la promulgación de la ley, la comunidad hispana ha hecho una gran demostración de fuerza. El pasado primero de mayo sacó a la calle a cientos de miles personas, quizá más de un millón, en las principales ciudades estadounidenses en contra de la ley y a favor del derecho de los inmigrantes ilegales a permanecer en el país en condiciones dignas. De Nueva York a Los Ángeles, de Chicago a Atlanta, de Houston a Dallas y Phoenix y a otras poblaciones de la propia Arizona, gran parte de la población apoyó la lucha dedicando ese día exclusivamente a la solidaridad con los inmigrantes y repudiando las medidas que les criminalizan. Curiosamente, el Primero de Mayo no es fiesta en Estados Unidos ni se celebra, aunque sí se conmemoran los dramáticos hechos ocurridos en Chicago en 1886. Allí, el día del trabajo se celebra el primer lunes de septiembre.
Escasa integración de los hispanos
Pese a que su presencia en puestos relevantes ha ido creciendo en los últimos años, los hispanos aún son una comunidad con escasa integración. Con cerca de 50 millones, representan la primera minoría del país, por delante de los negros. En Arizona, los hispanos constituyen el 30% de la población con medio millón de indocumentados. Su presencia en los Estados del sur aún es motivo de prevención y, a veces, de manifiesta xenofobia. Esta realidad agravada por la crisis económica, que acumula problemas y degrada las condiciones de vida de los pobres, es también consecuencia de la sensación de inseguridad en la frontera frente a los altos índices de criminalidad en México. Los sectores más conservadores del republicanismo aprovechan los sucesos de violencia que conmocionan a la opinión pública y siembran el miedo entre los habitantes de la región para azuzar esos sentimientos antiinmigración. Aunque la inmigración ilegal ha aumentado, el número de actos delictivos decreció el año pasado un 23%., pero ese dato no es suficiente para tranquilizar a los nativos frente al discurso apocalíptico que identifica a la población de rostro moreno con el enemigo.
Inmigración y elecciones en Noviembre 2010
La realidad es que ya casi nadie duda de que la inmigración sea un factor de crecimiento, por lo que utilizar partidariamente la debilidad en la que la carencia de papeles coloca a estos seres humanos, además de ser miserable, responde sólo a un intento de dividir a la sociedad. Los conservadores sienten la presión del sector más liberal del Partido Republicano que cree en la inmigración como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Los demócratas, que rechazan la ley de Arizona, son conscientes de que cerca de un 60% de votantes la respalda. Estados Unidos tiene pendiente una legalización de cerca de 11 millones de inmigrantes, que tarde que temprano debe afrontar, y la elaboración y aprobación de la ley de inmigración que conllevará un proceso de discusión y reflexión social y política en el Congreso. Obama reconoce que el sistema migratorio en Estados Unidos requiere ser actualizado y que es responsabilidad de su gobierno lograrlo. Propone para ello a los dos grandes partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule la situación a escala nacional.
Los demócratas están ante un dilema: no quieren dar la impresión de que preparan una amnistía masiva porque eso podría afectarles electoralmente, pero también temen el daño que podría hacerles mantenerse impasibles ante el deterioro de la situación. Los republicanos, que también son conscientes de que es urgente actuar para contener la inmigración ilegal, han manifestado su disposición a negociar una ley, pero han rechazado plenamente la última propuesta demócrata. En cualquier caso, este siglo XXI de la movilidad humana pone de relieve que la inmigración es parte de la globalización y, puestos a globalizar medidas económicas y financieras siempre en beneficio del gran capital, también hemos de tener la valentía de asumir como globales ejercicios de ética y justicia como el que acaba de producir la juez Susan Bolton en Estados Unidos. No olvidemos que se trata de un país que no hace más de 40 años padecía un racismo oprobioso y que hoy ha sido capaz de hacer una autocritica a través de un pronunciamiento de su Congreso condenando esos episodios deshonrosos de su historia al reprobar el esclavismo. Y, como acto simbólico de ese sentir, el mismo país ha elegido un presidente negro y ahora un poder judicial capaz de emitir eficazmente una sentencia que da prioridad al respeto a los derechos humanos.
Esta decisión, la suspensión parcial de la ley, que se produce cuando estamos cerca de las elecciones legislativas de noviembre, agudizará también la polémica migratoria. ¡Ojalá sus efectos queden reducidos a eso y no se traduzcan en actos racistas! Las organizaciones hispanas y de apoyo a los inmigrantes convocan actos en defensa de sus derechos y de la convivencia. Un buen ejemplo a globalizar.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.