12 de septiembre de 2010, 14:09
NUEVATRIBUNA.ES - 8.9.2010
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...Esta actitud frente al pasado ha sido también la de los dos presidentes de la alternancia (Fox y Calderón), que asumieron el cargo tras un largo proceso que se ha tenido a bien en llamar transición mexicana a la democracia. Durante este proceso se levantaron enormes expectativas, llegando a que, como ha dicho Fernando Escalante “nos prometiéramos para pronto la democracia” una vez que perdiera el PRI unas elecciones federales. No es mi intención hablar de la transición en general sino de una de sus vertientes, la de la justicia transicional, para reseñar el fracaso en el cumplimiento de las expectativas generadas por la alternancia y dar cuenta de la victoria de la impunidad. Un tema que puede ser relevante al lector español y dar pie a futuras comparaciones y lecciones.
Entiendo como justicia transicional la respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos con el objetivo de reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. No se trata de una forma especial de justicia sino de una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos. No existe una fórmula única aplicable a todos los países. Antes bien, como plantea el abogado Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la mayoría de los casos en que se ha buscado aplicarla ha existido una importante tensión entre el grado de impunidad que una sociedad está dispuesta a otorgar y la urgencia de alcanzar acuerdos que permitan la superación de la violencia.
Del autoritarismo a la transición mexicana
Como todo autoritarismo, el régimen de PRI tuvo su saldo de terror, especialmente en los años duros de la “guerra sucia” y la contrainsurgencia contra movimientos sociales y grupos guerrilleros, cuando la criminalización de la protesta, el asesinato, y la desaparición eran parte del modo habitual de operar de las autoridades. Frente a estos crímenes de Estado cometidos principalmente durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos han mantenido por años las legítimas exigencias de justicia, verdad, y reparación.
A partir de la victoria electoral del PAN en 2000 se planteó la necesidad de esclarecer y castigar los crímenes cometidos durante el recién terminado régimen príista de forma cada vez más urgente, y el nuevo gobierno tomó algunas medidas en el asunto. Sin embargo, los mecanismos de justicia transicional creados por el Estado mexicano para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de la transición no lograron sus objetivos. En materia de búsqueda de la verdad, los resultados fueron magros; ha sido imposible enjuiciar a los responsables de los crímenes del pasado; y no se ha reparado a las víctimas. Al final, dichos mecanismos fueron desmantelados (el último día del mandato de Fox) de forma discreta, manteniéndose esto fuera del conocimiento público por meses.
La FEMOSPP
Ya desde su campaña, Fox se comprometió a crear una Comisión de la Verdad para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la “guerra sucia”, y en las masacres de Tlatelolco (1968), y del Jueves de Corpus (1971). Sin embargo, el operativizar estas palabras tardó en ocurrir, y la promesa fue cumplida a medias.
A cambio de una Comisión de la Verdad, se creó una Fiscalía Especial ya bien entrado el 2001: la “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, conocida por sus siglas, FEMOSPP. Se decidió descartar una posible Comisión de la Verdad, y optar por una fiscalía bajo el argumento de buscar la estabilidad institucional del país. La institución resultante sería dependiente del Procurador General de la República, en ese entonces el General Rafael Macedo de la Concha, oficial en activo del ejército, quien nombró al titular de la FEMOSPP, Ignacio Carrillo Prieto, un personaje que sin experiencia en la materia. Al tratarse de un militar en activo, Macedo de la Concha se encontraba atrapado en el conflicto de intereses de quien tenía que juzgarse a sí mismo, lo que hizo aparecer ya como viciada a la naciente fiscalía. Con todo, la FEMOSPP fue calificada por su titular Carrillo Prieto como la “solución mexicana”, el “nuevo modelo” de justicia transicional, ya que ningún otro país había decidido a enfrentar el pasado buscando al mismo tiempo “verdad, justicia y reparaciones”. Pronto se hizo evidente que esto no era más que otra faceta del triunfalismo foxista y de la ingenua ilusión que acompañó buena parte del inicio de ese sexenio: que la política era cosa fácil, y que sin el PRI en la Presidencia las cosas marcharían automáticamente bien. Por mencionar una muestra de esta actitud incomprensible, la FEMOSPP no tuvo temporalidad definida, es decir, no se marcó un límite sobre los hechos que iba a investigar, cuando todas las comisiones de la verdad que han existido lo han hecho.
Según los datos del Centro Internacional para la Justicia Transicional, de los más de mil casos bajo la investigación de la FEMOSPP durante sus 5 años de existencia tan sólo se consignaron 19 averiguaciones previas, se libraron 20 órdenes de aprehensión y se ordenaron 8 autos de formal prisión que no fueron ejecutadas de inmediato. En cuanto a las autoridades de más alto nivel, estas fueron liberadas posteriormente por falta de elementos para la determinación del delito (como genocidio), la prescripción del mismo, o como consecuencia de reformas legales que les favorecieron. No hay una sola sentencia condenatoria.
¿Cuál fue la razón de su fracaso?
Los distintos estudiosos del tema concluyen que los pobres resultados de la FEMOSPP se deben a un amplio abanico de razones: 1) el nombramiento de un fiscal que carecía de experiencia y de reconocimiento entre los actores involucrados en el tema (especialmente las organizaciones de víctimas y de derechos humanos); 2) la adscripción de la FEMOSPP a la Procuraduría General de la República dirigida por un militar en activo que a la postre sería vinculado con personajes implicados en la represión de los setenta; 3) la ambigüedad y contradicciones de su mandato; 4) el escaso y poco calificado empleo del derecho internacional de los derechos humanos en sus investigaciones y sus argumentaciones; 5) la falta de capacitación del personal; 6) la ausencia de una estructura interdisciplinaria apropiada para investigar crímenes ocurridos varias décadas atrás; 7) y las resistencias políticas que enfrentó, especialmente del ejército, del PRI, y del Secretario de Gobernación del gobierno de Fox: Santiago Creel Miranda.
La única herencia que generó esta fiscalía (que costó a los mexicanos más de 200 millones de pesos) fue un informe de más de 800 páginas en el que se mezcla el análisis riguroso con errores y descuidos propios de un aficionado. Un documento que no hizo suyo el gobierno que lo patrocinó y al que no se dio difusión alguna desde instancias oficiales. Desdén que ha continuado durante el gobierno de Calderón.
La impunidad y la vergüenza
Concuerdo con los investigadores Sergio Aguayo y Javier Treviño, cuando estiman que la historia de la FEMOSPP confirma que fue diseñada para fracasar. La institución que se esperaba que representara el parteaguas entre el pasado priísta y el “gobierno del cambio” terminó siendo otra expresión de la claudicación, de la indiferencia foxista frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el antiguo régimen. Violaciones de derechos humanos sufridas principalmente por la izquierda, la misma que en un gesto de pragmatismo dio su voto a Fox en 2000 para sacar al PRI de Los Pinos, a la espera de que éste cumpliera sus promesas. Para Aguayo y Treviño, la historia de la FEMOSPP es una metáfora de la tragedia de la transición mexicana… y de las diferentes facetas que puede tener la vergüenza. Terminó siendo otro de los instrumentos utilizados por el gobierno de Fox para otorgar una amnistía de facto a los verdugos del viejo régimen. Todo un mensaje de amistad hacia el viejo PRI por parte del llamado “presidente del cambio”.
Frente a este olvido de la justicia transicional y la estridencia de los festejos del “Bicentenario”, creo que lo que ocurra en España en relación a estos temas en un futuro próximo puede influenciar a las autoridades mexicanas sobre la necesidad de hacer frente a los lugares oscuros de nuestro pasado. O, por el contrario, acabe por dar un espaldarazo a los que optaron por la impunidad y el olvido sin verdad, sin reparación, y sin justicia.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano
...Esta actitud frente al pasado ha sido también la de los dos presidentes de la alternancia (Fox y Calderón), que asumieron el cargo tras un largo proceso que se ha tenido a bien en llamar transición mexicana a la democracia. Durante este proceso se levantaron enormes expectativas, llegando a que, como ha dicho Fernando Escalante “nos prometiéramos para pronto la democracia” una vez que perdiera el PRI unas elecciones federales. No es mi intención hablar de la transición en general sino de una de sus vertientes, la de la justicia transicional, para reseñar el fracaso en el cumplimiento de las expectativas generadas por la alternancia y dar cuenta de la victoria de la impunidad. Un tema que puede ser relevante al lector español y dar pie a futuras comparaciones y lecciones.Entiendo como justicia transicional la respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos con el objetivo de reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. No se trata de una forma especial de justicia sino de una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada de los derechos humanos. No existe una fórmula única aplicable a todos los países. Antes bien, como plantea el abogado Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la mayoría de los casos en que se ha buscado aplicarla ha existido una importante tensión entre el grado de impunidad que una sociedad está dispuesta a otorgar y la urgencia de alcanzar acuerdos que permitan la superación de la violencia.
Del autoritarismo a la transición mexicana
Como todo autoritarismo, el régimen de PRI tuvo su saldo de terror, especialmente en los años duros de la “guerra sucia” y la contrainsurgencia contra movimientos sociales y grupos guerrilleros, cuando la criminalización de la protesta, el asesinato, y la desaparición eran parte del modo habitual de operar de las autoridades. Frente a estos crímenes de Estado cometidos principalmente durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, las víctimas, sus familiares y las organizaciones de derechos humanos han mantenido por años las legítimas exigencias de justicia, verdad, y reparación.
A partir de la victoria electoral del PAN en 2000 se planteó la necesidad de esclarecer y castigar los crímenes cometidos durante el recién terminado régimen príista de forma cada vez más urgente, y el nuevo gobierno tomó algunas medidas en el asunto. Sin embargo, los mecanismos de justicia transicional creados por el Estado mexicano para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de la transición no lograron sus objetivos. En materia de búsqueda de la verdad, los resultados fueron magros; ha sido imposible enjuiciar a los responsables de los crímenes del pasado; y no se ha reparado a las víctimas. Al final, dichos mecanismos fueron desmantelados (el último día del mandato de Fox) de forma discreta, manteniéndose esto fuera del conocimiento público por meses.
La FEMOSPP
Ya desde su campaña, Fox se comprometió a crear una Comisión de la Verdad para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la “guerra sucia”, y en las masacres de Tlatelolco (1968), y del Jueves de Corpus (1971). Sin embargo, el operativizar estas palabras tardó en ocurrir, y la promesa fue cumplida a medias.
A cambio de una Comisión de la Verdad, se creó una Fiscalía Especial ya bien entrado el 2001: la “Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, conocida por sus siglas, FEMOSPP. Se decidió descartar una posible Comisión de la Verdad, y optar por una fiscalía bajo el argumento de buscar la estabilidad institucional del país. La institución resultante sería dependiente del Procurador General de la República, en ese entonces el General Rafael Macedo de la Concha, oficial en activo del ejército, quien nombró al titular de la FEMOSPP, Ignacio Carrillo Prieto, un personaje que sin experiencia en la materia. Al tratarse de un militar en activo, Macedo de la Concha se encontraba atrapado en el conflicto de intereses de quien tenía que juzgarse a sí mismo, lo que hizo aparecer ya como viciada a la naciente fiscalía. Con todo, la FEMOSPP fue calificada por su titular Carrillo Prieto como la “solución mexicana”, el “nuevo modelo” de justicia transicional, ya que ningún otro país había decidido a enfrentar el pasado buscando al mismo tiempo “verdad, justicia y reparaciones”. Pronto se hizo evidente que esto no era más que otra faceta del triunfalismo foxista y de la ingenua ilusión que acompañó buena parte del inicio de ese sexenio: que la política era cosa fácil, y que sin el PRI en la Presidencia las cosas marcharían automáticamente bien. Por mencionar una muestra de esta actitud incomprensible, la FEMOSPP no tuvo temporalidad definida, es decir, no se marcó un límite sobre los hechos que iba a investigar, cuando todas las comisiones de la verdad que han existido lo han hecho.
Según los datos del Centro Internacional para la Justicia Transicional, de los más de mil casos bajo la investigación de la FEMOSPP durante sus 5 años de existencia tan sólo se consignaron 19 averiguaciones previas, se libraron 20 órdenes de aprehensión y se ordenaron 8 autos de formal prisión que no fueron ejecutadas de inmediato. En cuanto a las autoridades de más alto nivel, estas fueron liberadas posteriormente por falta de elementos para la determinación del delito (como genocidio), la prescripción del mismo, o como consecuencia de reformas legales que les favorecieron. No hay una sola sentencia condenatoria.
¿Cuál fue la razón de su fracaso?
Los distintos estudiosos del tema concluyen que los pobres resultados de la FEMOSPP se deben a un amplio abanico de razones: 1) el nombramiento de un fiscal que carecía de experiencia y de reconocimiento entre los actores involucrados en el tema (especialmente las organizaciones de víctimas y de derechos humanos); 2) la adscripción de la FEMOSPP a la Procuraduría General de la República dirigida por un militar en activo que a la postre sería vinculado con personajes implicados en la represión de los setenta; 3) la ambigüedad y contradicciones de su mandato; 4) el escaso y poco calificado empleo del derecho internacional de los derechos humanos en sus investigaciones y sus argumentaciones; 5) la falta de capacitación del personal; 6) la ausencia de una estructura interdisciplinaria apropiada para investigar crímenes ocurridos varias décadas atrás; 7) y las resistencias políticas que enfrentó, especialmente del ejército, del PRI, y del Secretario de Gobernación del gobierno de Fox: Santiago Creel Miranda.
La única herencia que generó esta fiscalía (que costó a los mexicanos más de 200 millones de pesos) fue un informe de más de 800 páginas en el que se mezcla el análisis riguroso con errores y descuidos propios de un aficionado. Un documento que no hizo suyo el gobierno que lo patrocinó y al que no se dio difusión alguna desde instancias oficiales. Desdén que ha continuado durante el gobierno de Calderón.
La impunidad y la vergüenza
Concuerdo con los investigadores Sergio Aguayo y Javier Treviño, cuando estiman que la historia de la FEMOSPP confirma que fue diseñada para fracasar. La institución que se esperaba que representara el parteaguas entre el pasado priísta y el “gobierno del cambio” terminó siendo otra expresión de la claudicación, de la indiferencia foxista frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el antiguo régimen. Violaciones de derechos humanos sufridas principalmente por la izquierda, la misma que en un gesto de pragmatismo dio su voto a Fox en 2000 para sacar al PRI de Los Pinos, a la espera de que éste cumpliera sus promesas. Para Aguayo y Treviño, la historia de la FEMOSPP es una metáfora de la tragedia de la transición mexicana… y de las diferentes facetas que puede tener la vergüenza. Terminó siendo otro de los instrumentos utilizados por el gobierno de Fox para otorgar una amnistía de facto a los verdugos del viejo régimen. Todo un mensaje de amistad hacia el viejo PRI por parte del llamado “presidente del cambio”.
Frente a este olvido de la justicia transicional y la estridencia de los festejos del “Bicentenario”, creo que lo que ocurra en España en relación a estos temas en un futuro próximo puede influenciar a las autoridades mexicanas sobre la necesidad de hacer frente a los lugares oscuros de nuestro pasado. O, por el contrario, acabe por dar un espaldarazo a los que optaron por la impunidad y el olvido sin verdad, sin reparación, y sin justicia.
César Morales Oyarvide - Politólogo mexicano