Pese a la volatilidad que sigue imperando en los mercados de deuda pública, la prima de riesgo española mantiene desde hace meses una clara tendencia a la baja. La prima de riesgo o diferencia entre los intereses de la deuda pública española y alemana a 10 años pasó de un máximo histórico de 468,60 puntos básicos el 22 de noviembre de 2011 a situarse en torno a los 330 puntos en las últimas semanas.
Los riesgos e incertidumbres que gravitan sobre la economía española no han desaparecido ni disminuido. Más aún, a las malas perspectivas de recesión económica se han añadido altas dosis de crispación sociopolítica y un muy extendido temor a lo que aún está por venir. De hecho, no habría que extrañarse si la prima de riesgo de la deuda soberanas española vuelve a dispararse para regocijo de especuladores y vergüenza de unos líderes europeos que han hecho mucho para fomentar las tensiones financieras y casi nada para impedirlas.
Las grandes diferencias entre la menor percepción del riesgo que expresan los mercados y el creciente temor que muestra la ciudadanía reflejan fielmente las muy distintas varas de medir y valorar de inversores y sociedad. Merece la pena detenerse unos minutos a tratar de analizar el curso seguido por la prima de riesgo en los últimos meses y las contradictorias valoraciones que existen a propósito de actuales y previsibles riesgos económicos y sociopolíticos.
La prima de riesgo llegó a utilizarse como indicador del impreciso nivel que justificaba la necesidad de rescatar e intervenir la política presupuestaria de países de la eurozona en apuros. Grecia, Irlanda y Portugal sobrepasaron ese umbral y fueron rescatados. Los intereses de la deuda soberana española a 10 años se situaron el pasado verano muy cerca de ese límite y volvieron a rozarlo, con un pico del 6,729%, el día 25 de noviembre de 2011. Y algo parecido pasó con la deuda pública italiana a 10 años, que llegó a superar una rentabilidad del 7% ese mismo mes de noviembre.
En ninguno de los dos casos se llegó al rescate. La UE dispone de mejores herramientas de actuación y, además, resulta muy complicado asistir financieramente a un socio como España, con una deuda soberana que suma tantos cientos de miles de millones de euros como la del conjunto de los tres países rescatados hasta el momento. Y no digamos a Italia, cuya deuda pública dobla con creces la española.
La prima de riesgo se usó también como coletilla justificativa de los descosidos y rotos que ocasionó el último Gobierno presidido por Zapatero. Fuera lo que fuese -la congelación de las pensiones, el recorte del sueldo de los funcionarios, el abaratamiento del despido o el aumento de la edad de jubilación- ahí estaba la prima de riesgo para explicar que la desgraciada iniciativa era en realidad una exigencia de los mercados. La errática evolución de la prima de riesgo servía como argumento inapelable que confirmaba la imposibilidad de llevar a cabo cualquier otra política que no fuera la que se estaba haciendo. Una y otra vez, la prima de riesgo era esgrimida para demostrar la urgencia de aprobar medidas impopulares cuya utilidad para salir de la crisis, crear empleo o sostener la actividad económica era tan dudosa como incuestionables los destrozos y el desigual reparto de sacrificios que ocasionaban.
La etapa de Zapatero se cerró y el resultado de las urnas permitió a Rajoy abrir una nueva página. Coincidiendo con ese cambio, la prima de riesgo española se redujo y dejó de concentrar la atención de los medios de comunicación y la opinión pública, pero los recortes, la austeridad y las reformas antipopulares se intensificaron sin que a los que hincharon las burbujas inmobiliaria y crediticia o se beneficiaron de ellas se les exigiera ningún tipo de responsabilidad o vieran mermados sus intereses, rentas o patrimonios.
¿Por qué ha bajado la prima de riesgo?
La prima de riesgo no es ya el espantajo amenazante que sirvió para disciplinar países, gobiernos y parlamentos. Ni el ascenso de Rajoy ni la retirada de Zapatero o el despeñamiento electoral de Rubalcaba han tenido que ver con la reducción de los intereses de la deuda pública española a partir del pasado mes de noviembre. La simultaneidad de tales acontecimientos ha sido pura coincidencia. Los personajes mencionados pintan muy poco o nada en el relato del retroceso de la prima de riesgo.
La causa principal de la rápida e importante disminución de las primas de riesgo de las deudas soberanas española e italiana en los últimos meses es fácilmente identificable. El Banco Central Europeo (BCE) ha inyectado liquidez por más de un billón de euros en forma de préstamos muy baratos a los bancos europeos. El 21 de diciembre de 2011, el BCE prestó 489.200 millones de euros a 523 bancos en unas condiciones inmejorables, devolución a tres años e interés anual del 1%. El 29 de febrero realizó la segunda ronda de financiación por otros 529.531 millones de euros que se embolsaron, con iguales condiciones, 800 bancos.
La ineptitud y cerrazón de los líderes europeos y las incoherencias y debilidades institucionales de la eurozona han sido suplidas hasta ahora por actuaciones del BCE. En mayo de 2010 y durante el verano de 2011, el BCE consiguió apaciguar la presión de los inversores sobre las deudas públicas de España e Italia comprando directamente en el mercado secundario grandes cantidades de deuda pública que alcanzaron un total de 220.000 millones de euros. Posteriormente, el BCE logró sortear las resistencias alemanas a cualquier tipo de intervención directa en los mercados de deuda pública mediante una billonaria inyección de liquidez en el sistema bancario que ha propiciado la relativa calma que caracteriza actualmente al mercado de deuda pública.
Con estos préstamos, se han solucionado momentáneamente los graves problemas de liquidez que afectaban a los bancos de la eurozona y muy particularmente a los bancos españoles, que no encontraban financiación para atender los vencimientos de sus particulares deudas. Con ese chaparrón de millones, se levantó una sólida barrera para que la insolvencia de Grecia no se contagiara a los bancos acreedores ni se extendiera a otros países y se proporcionó la necesaria tranquilidad para facilitar la negociación de la quita de la deuda soberana griega (con un recorte de 110.000 millones de euros o un 53,5% del total de su deuda soberana con acreedores privados) y la puesta en marcha de un nuevo plan de rescate. Y, de paso, la actuación del BCE contribuye a mejorar las cuentas de resultados de un sistema bancario que ha sufrido un drástico repliegue de su negocio crediticio y una fuerte depreciación de sus activos.
Así son las cosas. El BCE puede prestar enormes cantidades de dinero a los bancos privados a tipos de interés del 1%, pero no puede prestar a los Estados miembros de la UE que afrontan situaciones económicas de extrema gravedad que amenazan el bienestar y la seguridad de la mayoría de su población y destruyen tejido productivo y empresarial viable y los correspondientes empleos. Así de irracional es la situación en esta UE dominada por una irresponsable derecha política que cuenta con el aval y el respaldo de un capital financiero ciego e insensible ante la catástrofe social y la recesión económica que están provocando.
Gracias al BCE, los bancos españoles, al igual que el resto de bancos europeos beneficiados, obtienen un respiro que les permite ganar tiempo y sosiego en la gestión de unas dificultades financieras que amenazan con transformarse en graves situaciones de insolvencia. Trabas vinculadas a la falta de liquidez, pero también y sobre todo, conviene recalcarlo, a la escasa calidad de unos activos que en gran parte están sobrevalorados y contaminados por su vinculación al sector inmobiliario y que siguen amenazados por las repercusiones de la recesión económica sobre la capacidad de pago de los deudores.
De rebote, la actuación del BCE ha logrado también que los bancos vuelvan a comprar deuda pública de sus respectivos países y asegurar la colocación con menores tipos de interés de las nuevas emisiones. La deuda soberana de España que detentan los bancos españoles aumentó el pasado mes de diciembre un 34,2% respecto al mes anterior y en otro 26,2% el mes de enero como consecuencia directa de esta inyección de liquidez. Se estabilizan de esta forma la prima de riesgo y la carga de los intereses en futuros presupuestos públicos. Y, más en general, se reducen los gastos financieros vinculados a todo tipo de hipotecas, inversiones o créditos al consumo que afrontan los agentes económicos privados.
La actuación del BCE, pese a las críticas que ha recibido de las corrientes de pensamiento económico ultraliberales, no responde a interpretaciones o puntos de vista muy diferentes de los que defienden los líderes europeos u otras instituciones de la UE. De hecho, la labor del BCE como prestamista de último recurso de los bancos de la eurozona es complementaria de la labor que realizan el Consejo y la Comisión Europea al imponer extremistas políticas de austeridad y devaluación interna a los países periféricos. El BCE compra tiempo con esta iniciativa y se lo regala a Merkel y sus aliados para que puedan mantener la presión a favor de ajustes fiscales y reformas estructurales que profundizan la recesión y multiplican los costes sociales y económicos sin que estallen las costuras de la UE y el euro.
Límites de la actuación del BCE
El BCE ha arreglado por un tiempo el problema de liquidez de los bancos y ha aliviado por unos meses o semanas la presión de los mercados sobre la deuda soberana de España e Italia, pero ha abierto otro melón de no menor importancia. A partir de ahora, las vicisitudes de la deuda soberana son más que antes parte del problema bancario y las dificultades de liquidez y solvencia de los bancos de los países del sur de la eurozona se entrelazan en mayor medida que hasta ahora con las que afectan a sus respectivas deudas soberanas. Los potenciales problemas de solvencia que amenazan a varios países de la eurozona y a sus respectivos sistemas bancarios se han convertido en uno solo. Estados y capital financiero necesitan apoyarse mutuamente, porque siguen sin resolver su particular estabilidad y solvencia. Está por ver que dos borrachos agarrados para no tropezar aseguren mayor estabilidad que cada uno por su cuenta.
No hay el mínimo indicio de que la liquidez aportada por el BCE vaya a llegar a los agentes económicos privados ni a facilitar que empresas y hogares inviertan o consuman. Todo parece indicar que la liquidez aportada no alcanzará a los agentes económicos privados ni, por consiguiente, contribuirá a reactivar la economía.
Los problemas económicos e institucionales que deben resolver la UE y los países del sur de la eurozona siguen sin ser abordados y, en la mayoría de los casos, ni siquiera han sido diagnosticados. Y mientras esos problemas no se planteen no habrá medidas apropiadas para solucionarlos y las cosas seguirán transitando por los cauces que impone la lógica económica: bancos, empresas no financieras y hogares seguirán dando máxima prioridad al objetivo de reducir sus altos niveles de deuda. Los bancos seguirán centrados en aumentar su solvencia, porque están obligados a aumentar sus fondos propios de máxima calidad, y seguirán siendo muy estrictos en la concesión de nuevos créditos. Las grandes empresas no financieras mantendrán como prioridad el aumento de sus niveles de rentabilidad y autofinanciación, para no depender en demasía de la financiación ajena, y no pedirán nuevos créditos hasta que la actividad económica se reanime. Los hogares que puedan seguirán dedicando al ahorro una parte creciente de su renta, por si acaso; y los que no puedan, bastante tendrán con llegar a fin de mes. La normalización del crédito bancario no llegará este año ni con estas políticas. Y al año que viene, tampoco.
¿Durará la tendencia a la baja de la prima de riesgo?
Nada indica que la relajación de la prima de riesgo española pueda mantenerse por mucho tiempo. Si los problemas específicos que afectan a la economía española siguen sin abordarse no podrán ser superados y se mantendrán ahí durante mucho tiempo. La austeridad extrema y las reformas estructurales que pretenden desregular (no flexibilizar) el mercado laboral y reducir los costes laborales no contribuyen en nada a resolver los problemas de desindustrialización y especialización en sectores y actividades que han desaparecido o se caracterizan por su bajo valor añadido y escasa densidad tecnológica. Tampoco ofrecen ninguna solución a los problemas relacionados con el mal diseño institucional de la eurozona. Y contibuyen a mantener fuera del foco de la atención de las autoridades españolas la necesaria tarea de equilibrar los objetivos de reducción del déficit público, modernización de la estructura productiva y generación de empleos decentes y actividades económicas sostenibles.
Los líderes europeos y las autoridades españolas no parecen muy receptivos a los argumentos que señalan la ineficacia y la injusticia que caracterizan a las medidas que promueven e imponen. Son tan duros de oído como insensibles a los problemas de pobreza, desigualdad social y desempleo que provocan.
Es necesario hacerles entrar en razón. Una ciudadanía activa y consciente puede hacerles comprender que no aprueba las políticas antisociales, antieconómicas y antieuropeas que están imponiendo ni confía en ellas. Y demostrar que está decidida a defender sus derechos y que puede y sabe proteger a los sectores desfavorecidos y golpeados por los recortes y reformas estructurales que promueven la derecha y los mercados.
Se ha intensificado una confrontación en la que están en juego los intereses, derechos y bienestar de la inmensa mayoría. Pese a su tono altisonante, no está de más airear el comentario que en 1515 publicó un conocido humanista europeo (en el adagio Dulce bellum inexpertis) para influir en los conflictos de su época: “Demostrad cuánto puede hacer la unidad de las masas contra la tiranía de los poderosos”. Estas palabras, con esos quinientos años tan bien llevados, no han perdido brío ni vigencia. Ojalá la próxima huelga general del 29 de marzo permita confirmarlas y aliente la participación de todas las personas que puedan echar una mano en la tarea de disipar miedos y desánimos y facilitar la expresión pública del malestar ciudadano.