Coincidiendo con los 25 años de la llamada “matanza de Atocha” en 2002, cuyo nombre queremos olvidar y que el pasado 24 de enero cumplió su 35 aniversario, el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, José Bono, que fue abogado de la acusación particular en el juicio por terrorismo y asesinato en Atocha, celebrado en 1980, anunció la convocatoria del Premio Internacional Abogados de Atocha para reconocer el trabajo en pro de los derechos humanos, de la paz, la libertad y la democracia, a instituciones o personas merecedoras de ello. Desde entonces diversas instituciones como los Sindicatos, las Cortes de Castilla La Mancha, la Consejería de Cultura, el Consejo Económico regional, hoy desaparecido, la Oficina del Defensor del Pueblo, también desaparecida y la Fundación Abogados de Atocha creada hace unos años por CCOO, formábamos el jurado de aquél premio.
En sus cerca de diez años de existencia el Premio reconoció a personas como Vidal de Nicolás, poeta vasco que trabaja por la reconciliación y la libertad en Euskadi; Aung San Suu Kyi, líder birmana encarcelada hasta hace poco por la Junta militar de aquél país, ahora llamado Myanmar; Fray Betto, que trabaja activamente en pro del proyecto “Hambre cero” en Brasil; la Asociación mejicana de “Hijas de regreso a casa”, formada por muchas de las víctimas y familiares que trabajan a pesar de todo en Ciudad Juárez, Méjico, contra los indecentes crímenes de femicidio que suceden en ese país tan cercano a España, entre otros. En fin, se trata de una alternativa abierta, un reconocimiento que pretende promover la libertad, como decía quien hemos recordado antes, Aung San. Pues bien, este año ha sido suprimido por la Junta de Comunidades.
Cuando María Dolores de Cospedal tomó posesión de su cargo tras las elecciones autonómicas del pasado año, la Fundación Abogados de Atocha escribimos a la Presidenta, y a la vez que le felicitamos por su éxito electoral le recordábamos, la existencia del Premio internacional Abogados de Atocha. Su respuesta ha sido el silencio, sin dignarse tan siquiera a trasladarnos los motivos de su derogación, lo que confirma su lejanía de todo esto que, francamente, nos entristece, nos avergüenza y la separa de muchas otras autoridades de su Partido que, en los últimos años, empiezan a manifestar su solidaridad, su cercanía con los abogados de Atocha, haciendo suyas a las propias víctimas, entendiendo que son víctimas de la democracia, de todos, de una forma especial además, puesto que están en la raíz de la construcción de la democracia en nuestro país.
Si se alegaran problemas económicos para esta eliminación nos sentiríamos engañados; el premio no tiene dotación económica alguna y por tanto ese no puede ser el motivo. La estatuilla que se entrega y una dependencia de la JCCM para el acto suponen un gasto simbólico. Todo se debe, a nuestro modo de ver, a la falta de sensibilidad desde el Gobierno de Castilla La Mancha con la realidad de los Abogados de Atocha. Aun quedan en nuestro país actitudes similares, por desgracia. Nunca hemos planteado ningún problema ideológico o político con nadie, ahí están las hemerotecas para dar fe de ello.
Nos limitamos a mantener viva la memoria de los abogados y el sindicalista, que murieron asesinados por voluntades, inductoras y autoras, que pretendían dar marcha atrás en la historia de España. Por eso nuestra vergüenza y tristeza y nuestro profundo malestar y rechazo ante una situación que a nadie satisface, pero lo que más nos duele, es la doble moral de quienes desde lo público se llenan la boca de la palabra “victimas” utilizándolas para sus vaivenes políticos y no sepan entender que tanto las victimas de Atocha 55, como el resto de las que desgraciadamente ha habido en este país, deben de tener el mismo significado para la ciudadanía, que no es otro que memoria, dignidad y respeto. Desde nuestra solidaridad y homenaje a los abogados de Atocha Ángel, Luis Javier, Enrique, Francisco Javier y Serafín, junto a Miguel y Luis que fallecieron años después.
“Si el eco de su voz se debilita, pereceremos” dice Paul Eluard.
Artículo firmado por: Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, profesor universitario, Presidente de la Fundación Abogados de Atocha y sobreviviente al atentado de 1977 y Raúl Cordero Torres, forma parte del órgano de gobierno de esa misma Fundación.