miércoles. 24.04.2024

La imposición y el engaño

“Los ciudadanos nos han elegido para hacer esta política. No es imposición”. Este es el titular de una larga entrevista que le hizo un periódico de tirada nacional al Ministro de Economía y Competitividad.

“Los ciudadanos nos han elegido para hacer esta política. No es imposición”. Este es el titular de una larga entrevista que le hizo un periódico de tirada nacional al Ministro de Economía y Competitividad. Retrocediendo ligeramente en el tiempo, justo hasta la última campaña electoral, percibiremos fácilmente dos cosas muy indicativas, la primera de ellas que el ministro no dice la verdad y, la segunda que una cosa son las campañas electorales y otra, muy diferente, dar respuesta coherente y creíble a las acuciantes demandas de los ciudadanos.

Respecto de la primera, con sólo echar mano de la hemeroteca queda probado que lo afirmado por el ministro en la mencionada entrevista, queda desmentido por la ingente batería de declaraciones, decisiones y promesas tanto de los principales dirigentes del PP como del propio Gobierno, con Rajoy a la cabeza. Aquí mismo, en este espacio de opinión se puede acceder a algunas promesas pronunciadas por Rajoy que quedaron reflejadas en anteriores artículos. La segunda no es más que la ratificación de la práctica que lleva a predicar y prometer una cosa en campaña electoral y hacer otra, radicalmente contraria a lo prometido, cuando se llega a gobernar. Un hábito que de tanto usarse se ha transformado casi en norma. Apoyándose en la legalidad que le confieren los resultados electorales, afirma el ministro que las decisiones del Gobierno no pueden tildarse de impositivas. Desde un punto de vista formal eso parece cierto pero, coincidirá conmigo el responsable de la cartera de economía, en que sí es una  estafa y un fraude a la ciudadanía.

El engaño ha sido el elemento determinante de este gobierno en las decisiones tomadas y también lo será en las que están por tomar. En efecto, además de aplicar el rodillo cómo práctica política habitual en la toma de decisiones, se ha recurrido a la artimaña para intentar dejar fuera de juego a los interlocutores sociales y, en particular, a los sindicatos. Creen que la deslegitimación de los sindicatos puede allanarles el camino para imponer reformas antisociales y recortes de derechos a los trabajadores gracias a su mayoría absoluta y a sus prácticas absolutistas. Están muy equivocados, se hacen trampas en el solitario.

Desde hace ya mucho tiempo el papel de los sindicatos y su rol en la estabilidad, en la gobernabilidad y en la cohesión social está fuera de cualquier duda y libres de sospechas, pese a las que, con evidente malevolencia, intentan propagar desde el partido que sostiene el Gobierno. La viabilidad democrática en éste país ha sido posible también por el grado de madurez demostrado y el papel jugado por los sindicatos a lo largo de los años. Papel que el gobierno pone ahora en tela de juicio pretendiendo ningunearlos al tiempo que azuza a sus voceros para denigrarlos. Que no jueguen con fuego, que el horno no está para bollos. Que por una vez se acuerden de los ciudadanos y admitan que la situación requiere más que nunca el esfuerzo y el sacrificio de todos, cada uno desde su responsabilidad y sus circunstancias, para  salir del atolladero en que estamos metidos. Que no se confundan, el gobierno tiene obligaciones y deberes, y es el primer responsable de lo que sucede y pueda suceder en el futuro inmediato de este país.

¡Los pretextos y la retórica les servirán de poco!

Mientras escribía este artículo saltó la noticia de la expropiación y de la nacionalización del 51%  de YPF, filial de Repsol. Más allá de lo que pueda pensar sobre la decisión tomada por el gobierno de Argentina, las declaraciones de altos cargos políticos españoles no han sido acertadas, no han sido ni diplomáticas ni mesuradas.  Respuestas consistentes en proferir advertencias y amenazas dignas de otras épocas son, casi siempre, además de temerarias, escasamente eficaces. El tratamiento utilizado por el Estado español para solucionar la crisis con el reino de Marruecos a raíz del  problema de  “Isla Perejil”, ya puso entonces de manifiesto la necesidad de no actuar con medidas ofensivas y desproporcionadas si no se quieren provocar más daños de los que se intentan reparar.

No hay que ser un experto para percatarse de que esa nacionalización tiene antecedentes en esa región del mundo.  La ejecutada por Bolivia, la provocada por Venezuela con el Banco de Santander,  la llevada a cabo por el fallecido presidente Kirchner, marido de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández,  cuando expropió Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans. Cómo dice al respeto Rafael Calduch catedrático de Relaciones Internacionales de la Complutense, “desde la perspectiva española, la penetración y el mantenimiento de las inversiones en Iberoamérica adolecen de dos graves defectos que desde los años 90 no se han corregido: Uno, la falta de una correcta evaluación de los importantes riesgos políticos asociados a los proyectos inversores, y dos, la ausencia de un adecuado apoyo político a la empresa española en su proceso de internacionalización”.

En momentos de crisis no se pueden dar respuestas temperamentales y precipitadas que tienen poco que ver  con una estrategia de estado en materia de inversión en el extranjero. Esto es sobre todo cierto porque se procura dar la impresión de defender los intereses de España, cuando de lo que se trata en realidad es de la salvación de una multinacional de raíz española, cuyos criterios de actuación son puramente empresariales.

En otro orden de cosas, la semana pasada el presidente canario realizó una visita oficial a Marruecos, con audiencia real incluida. Casi ningún medio de comunicación español cubrió la visita y poco se habló de ella, si exceptuamos los reproches en cuanto al momento y al encuentro con el monarca marroquí. Este premeditado eclipse informativo  se debe a la negativa dada por el presidente canario a la pretensión del gobierno central de permitir que Repsol haga prospecciones petroleras off-shore enfrente de las costas marroquíes. Esto es especialmente grave cuando el problema de las delimitaciones de fronteras marítimas entre los dos países no está todavía resuelto. Es más, ese dossier está en la actualidad encima de la mesa de la Comisión ad hoc de las Naciones Unidas.

Esos mismos medios, los del apagón informativo, se apresuraron a calificar a Paulino Rivero de desleal con el gobierno y con España, obviando que una visita de Estado, por más autónomo que sea, se prepara con semanas e incluso meses de antelación y sin tener para nada en cuenta la importancia estratégica de Marruecos para la proyección económica de Canarias, es decir de España.

Los pasos en falso reales o no, en política y sobre todo en política exterior, aunque se realice bajo un prisma meramente nacionalista, se pueden aprovechar y explotar circunstancialmente con fines demagógicos o espurios, pero no son la solución ni el camino  a seguir cuando se trata de importantes intereses estratégicos con países tan importantes para España como son Argentina y Marruecos. 

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