El Partido Popular, a través de la Consejería de Salud del Gobierno Balear, ha decidido que las mujeres deberán “adelantar” el dinero para abortar, aunque dispongan de tarjeta sanitaria pública. El consejero de Sanidad, por tanto, “obliga” a las mujeres amparadas por la Sanidad Pública a acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas en Baleares para practicar el aborto y a pagar el coste de la intervención.
Manifiesto en voz alta y con toda la rotundidad, desde la tribuna democrática que ofrecen las redes sociales, que la obligación impuesta por el Gobierno Balear, ocupado por los conservadores del Partido Popular supone, de hecho y de derecho, una “ilegalización económica” del derecho al aborto reconocido por la Ley 2/2010, de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Y no sólo eso, sino que acuso también a esa Consejería de Sanidad – y a todo el Partido Popular si no contradice lo ordenado por el Gobierno Balear - de vulnerar lo establecido en La Ley mencionada, violentando, “a escondidas y de tapadillo”, derechos de las mujeres largamente luchados y perseguidos como el derecho a disponer de su cuerpo y de su persona, de su sexualidad, de su libertad sexual, y del derecho a una salud sexual mejor, entre otros.
La interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas puede costar una media aproximada alrededor de los 500 euros; si es posterior, por riesgo para la salud de la madre o el feto, puede alcanzar los 1.500 euros prácticamente. El Gobierno Autonómico responsable de esta violación de la Ley que reconoce el derecho de las mujeres al aborto conforme a los requisitos establecidos, sabían y saben que el grueso de las mujeres que solicitan estas intervenciones tienen entre 20 y 29 años, es lógico pensar que se trata de personas que, en general, no tienen demasiados recursos.
Si a lo anterior unimos el clima social de rechazo, secretismo y estigmatización aún impuesto por sectores conservadores de este país para con el aborto, pero sobre todo para con las mujeres que deciden abortar, el resultado es en la práctica la ilegalización del derecho al aborto- legalmente reconocido en España al amparo de la Ley de 2010 – y la desobediencia de un Gobierno democrático, el de Baleares, al cumplimiento de una Ley vigente en un Estado Democrático.
Todo eso ya de entrada. Después queda la anécdota de un Director de Salud que justifica la medida diciendo que, entre otras cosas, es para asegurarse de que las mujeres que abortan tienen más de 16 años, como si los médicos españoles, en vez de los reconocidos y extraordinarios profesionales que son, fuesen un puñado de matasanos tramposos.
Y no solo eso, ese Director de “Salud” tiene además el rostro de afirmar que se trata también de asegurar los derechos de la mujer. Los derechos a qué’ Los derechos de quién? El derecho a mantener la tutela sobre el cuerpo y la libertad de las mujeres usando y abusando de la legalidad, de la desigualdad de la feminización de la pobreza, así como de la opacidad y secretismo que aún rodea en España el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo?
Señores del Gobierno Balear, Señores del Partido Popular, las mujeres no necesitamos su protección, ni su preocupación, ni su disposición, ni su graciosidad. Solo necesitamos que sean demócratas. Y necesitamos que cumplan las leyes: La Ley 2/2010 , de 3 marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también la legalidad que reconoce en España la Sanidad Pública Universal y Gratuita que impide el copago, el prepago o el pago íntegro – que todo puede ocurrírseles - de las intervenciones médicas que según la Ley se han de acometer con los recursos de la sanidad pública.
No valen trampas. Y menos tramas con las de siempre, con las más débiles, con las que menos recursos tienen. Estas son las de siempre, las mujeres. Aquellas que quieren utilizar derechos legalmente reconocidos y que no podrán hacerlo porque su Gobierno se lo impide. Un gobierno que las obliga a mantener un embarazo que no podía o no deseaba llevar a término.
Y si eso es así, la responsabilidad legal, moral, política del Gobierno del Partido Popular de Baleares es de una extraordinaria relevancia; responsabilidad que deberá acarrear la rápida intervención de los poderes públicos y judiciales competentes para impedir las consecuencias que se derivan de la acción de impedir el derecho a la interrupción del embarazo en los términos y con los requisitos previstos en la Ley. Y si no intervienen, y no lo hacen inmediatamente, además de ser cómplices de la desobediencia de un Gobierno democrático a una Ley Vigente, deberían ser responsables subsidiarios de los daños y perjuicios que el impedir el ejercicio de un derecho legal lleve aparejado, tanto en términos morales como económicos.
Ya está bien de hipocresías y mentira. Ya está bien de rodear la Ley para no cumplirla. Si no quiere cumplir lo que dice la Ley, atrévase el Partido Popular a cambiar esa ley. Atrévase, eso sí enfrentándose a todas esas personas que creemos y defendemos los derechos de las personas que son mujeres.
Las personas de buena fe democrática estamos hartas de las trampas del rancio y totalitario conservadurismo español experto en las trampas legales, trampas que siempre pagamos las mismas, las mujeres.
No debemos ni podemos seguir consintiéndolo. No, al menos, sin pelear.