26 de septiembre de 2010, 11:08
NUEVATRIBUNA.ES - 22.9.2010
Apoyo la huelga general sin ningún tipo de restricción mental, moral o política. Pero eso no significa que no reconozca que en torno a ella hay cuestiones controvertidas y opiniones adversas. Opiniones que escucho en amigos y colegas que, sin embargo, están contra las medidas que motivan la convocatoria. Por ejemplo: algunos consideran que la huelga se hace tarde. Siempre son discutibles las circunstancias de un hecho importante, pero, seguro, habrían aflorado otras críticas si la convocatoria hubiera sido antes: se habría dicho que se hacía demasiado pronto, sin agotar el tiempo de la negociación. Por no hablar la dificultad de organizar una huelga en verano o la generación de incertidumbre para el turismo.
Otros dicen discrepar porque la huelga no servirá para nada, porque los acuerdos ya están tomados y hasta Zapatero insinuó que no es legítimo oponerse a acuerdos adoptados en el Parlamento. Ciertamente si la huelga sale mal no alterará algunos de los peores acuerdos socioeconómicos, por lo que los que esgrimen de buena fe esta idea deberían ser los primeros en participar. En vísperas de todas las movilizaciones obreras se usa la tesis de la inutilidad, pero la historia de esas movilizaciones en la España democrática muestra que siempre han servido para cambiar situaciones que iban contra los intereses de partes significativas de la sociedad. Pero lo principal es entender que el concepto de “ir bien” ha de ser necesariamente elástico: la huelga, por ejemplo, quizá no obligue a cambiar todo el paquete de recortes, pero: A) puede obligar a renegociar aspectos significativos del mismo; B) puede servir para inclinar la balanza en algunas negociaciones en curso, como lo referente a pensiones; C) puede incidir en asuntos colaterales como la tramitación de convenios colectivos; D) puede prevenir futuras decisiones políticas que intenten perseverar en la línea de cargar los costes de la crisis en los que no son culpables; E) incide en un movimiento europeo con ambiciones más dilatadas.
Me parece que esta es la perspectiva adecuada: no creo que la huelga deba plantearse como un “todo o nada”, entre otras cosas porque los convocantes han dado sobradas muestras de racionalidad y prudencia desde que empezó la crisis. Y los convocantes saben que hay asuntos en que las presiones internacionales y de los mercados serán tan enérgicas que la correlación de poder es adversa, pero que, a la vez, hay un amplio margen de modulación por parte del Gobierno, del Parlamento y de las actuaciones empresariales sobre el que se puede incidir. Pero eso exige una demostración democrática de fuerza que contrarreste la que ejercen los que no necesitan movilizarse en la calle. En ese marco, la apreciación del Gobierno sobre el choque de legitimidades no parece adecuada: la huelga es el ejercicio de un derecho fundamental que no impugna la legitimidad de las decisiones parlamentarias, pero que puede intentar cambiarlas: ¿hubiera sido mejor una convocatoria previa?, ¿no podría haberse dicho, entonces, que se intentaba condicionar los acuerdos de los representantes de la soberanía?, ¿cuántas movilizaciones no habrá apoyado Zapatero en su vida contra acuerdos de Gobiernos o Parlamentos, legítimamente adoptados?
Muchos amigos –de izquierdas, claro- dan un último argumento contra la huelga: debilitará al Gobierno y favorecerá al PP. De entrada me parece que esta manera de pensar será la que, finalmente, dará el poder al PP: no puede mantenerse indefinidamente, y menos en estas circunstancias, una movilización del electorado aceptando que la única razón para la victoria del PSOE es el miedo al futuro. No es difícil reconocer que a cortísimo plazo una huelga potente haría que el Gobierno fuera diana de críticas, pero, me parece, una huelga fallida debilitaría a medio y largo plazo, aún más, al PSOE. Esta es la gran paradoja política de la huelga. Me explico: el devenir de los últimos años permitió políticas sociales apreciables en algunos ámbitos, así como la generación de un clima de concertación social muy interesante: ese debe ser el objetivo de futuro en el que el Gobierno se juega el mantenimiento de votos que se pueden dirigir a la abstención o, incluso, al PP. Pero ese marco, ahora quebrado, ha exigido esfuerzos a los sindicatos, que han sido una pieza clave en las buenas políticas que el PSOE ha desarrollado, sobre todo en su primera legislatura. Por ello merecen respaldo y reconocimiento. Aún más: si el Gobierno les hubiera hecho caso al comienzo de la crisis habríamos evitado sobresaltos. Por lo tanto: ¿es concebible una recuperación del voto socialista o, en el peor de los casos, una futura oposición fuerte que no pase por recobrar la alianza con los sindicatos? Ciertamente no: el peor escenario de futuro para el PSOE son unos sindicatos debilitados, humillados. Pues bien, para impedirlo la huelga ha de saldarse con “componentes de victoria”, que recuerden a la izquierda política que poco es sin una izquierda social.
Esto, que no lo aprecian algunos, demasiado asustados o ensimismados, lo entienden muy bien Esperanza Aguirre y otros sectores conservadores: en el proyecto neoliberal de salida de la crisis, el que se va imponiendo, sometiéndonos a sombras indescifrables y apelaciones a la servidumbre de lo “inevitable”, unos sindicatos enérgicos son la principal pesadilla para los que sueñan con transferir a lo privado todo lo que ahora tiene regulación pública. ¿Que la cosa está complicada? Por supuesto que sí: pero ello no nos debe obligar a pensar mecánica, linealmente. Más bien nos invita a entender que la complejidad creciente del mundo actual impide, casi siempre, una claridad absoluta en las opciones a tomar: la duda antes de la acción es ya consustancial a nuestras ideas. Pero si la solución es la pasividad contra las propias convicciones entonces todo se vuelve mucho más nítido: la derecha habrá alcanzado sus últimos objetivos. Eso sí: nos podremos quejar mejor. La huelga, por el contrario, se abre como una posibilidad racional y concreta de incidir en el curso de los acontecimientos, presentes y futuros.
Manuel Alcaraz Ramos es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y Director de Extensión Universitaria y Cultura para dicha ciudad. Ha militado en varias formaciones de izquierda y fue Concejal de Cultura y Diputado a Cortes Generales
Apoyo la huelga general sin ningún tipo de restricción mental, moral o política. Pero eso no significa que no reconozca que en torno a ella hay cuestiones controvertidas y opiniones adversas. Opiniones que escucho en amigos y colegas que, sin embargo, están contra las medidas que motivan la convocatoria. Por ejemplo: algunos consideran que la huelga se hace tarde. Siempre son discutibles las circunstancias de un hecho importante, pero, seguro, habrían aflorado otras críticas si la convocatoria hubiera sido antes: se habría dicho que se hacía demasiado pronto, sin agotar el tiempo de la negociación. Por no hablar la dificultad de organizar una huelga en verano o la generación de incertidumbre para el turismo.
Otros dicen discrepar porque la huelga no servirá para nada, porque los acuerdos ya están tomados y hasta Zapatero insinuó que no es legítimo oponerse a acuerdos adoptados en el Parlamento. Ciertamente si la huelga sale mal no alterará algunos de los peores acuerdos socioeconómicos, por lo que los que esgrimen de buena fe esta idea deberían ser los primeros en participar. En vísperas de todas las movilizaciones obreras se usa la tesis de la inutilidad, pero la historia de esas movilizaciones en la España democrática muestra que siempre han servido para cambiar situaciones que iban contra los intereses de partes significativas de la sociedad. Pero lo principal es entender que el concepto de “ir bien” ha de ser necesariamente elástico: la huelga, por ejemplo, quizá no obligue a cambiar todo el paquete de recortes, pero: A) puede obligar a renegociar aspectos significativos del mismo; B) puede servir para inclinar la balanza en algunas negociaciones en curso, como lo referente a pensiones; C) puede incidir en asuntos colaterales como la tramitación de convenios colectivos; D) puede prevenir futuras decisiones políticas que intenten perseverar en la línea de cargar los costes de la crisis en los que no son culpables; E) incide en un movimiento europeo con ambiciones más dilatadas.
Me parece que esta es la perspectiva adecuada: no creo que la huelga deba plantearse como un “todo o nada”, entre otras cosas porque los convocantes han dado sobradas muestras de racionalidad y prudencia desde que empezó la crisis. Y los convocantes saben que hay asuntos en que las presiones internacionales y de los mercados serán tan enérgicas que la correlación de poder es adversa, pero que, a la vez, hay un amplio margen de modulación por parte del Gobierno, del Parlamento y de las actuaciones empresariales sobre el que se puede incidir. Pero eso exige una demostración democrática de fuerza que contrarreste la que ejercen los que no necesitan movilizarse en la calle. En ese marco, la apreciación del Gobierno sobre el choque de legitimidades no parece adecuada: la huelga es el ejercicio de un derecho fundamental que no impugna la legitimidad de las decisiones parlamentarias, pero que puede intentar cambiarlas: ¿hubiera sido mejor una convocatoria previa?, ¿no podría haberse dicho, entonces, que se intentaba condicionar los acuerdos de los representantes de la soberanía?, ¿cuántas movilizaciones no habrá apoyado Zapatero en su vida contra acuerdos de Gobiernos o Parlamentos, legítimamente adoptados?
Muchos amigos –de izquierdas, claro- dan un último argumento contra la huelga: debilitará al Gobierno y favorecerá al PP. De entrada me parece que esta manera de pensar será la que, finalmente, dará el poder al PP: no puede mantenerse indefinidamente, y menos en estas circunstancias, una movilización del electorado aceptando que la única razón para la victoria del PSOE es el miedo al futuro. No es difícil reconocer que a cortísimo plazo una huelga potente haría que el Gobierno fuera diana de críticas, pero, me parece, una huelga fallida debilitaría a medio y largo plazo, aún más, al PSOE. Esta es la gran paradoja política de la huelga. Me explico: el devenir de los últimos años permitió políticas sociales apreciables en algunos ámbitos, así como la generación de un clima de concertación social muy interesante: ese debe ser el objetivo de futuro en el que el Gobierno se juega el mantenimiento de votos que se pueden dirigir a la abstención o, incluso, al PP. Pero ese marco, ahora quebrado, ha exigido esfuerzos a los sindicatos, que han sido una pieza clave en las buenas políticas que el PSOE ha desarrollado, sobre todo en su primera legislatura. Por ello merecen respaldo y reconocimiento. Aún más: si el Gobierno les hubiera hecho caso al comienzo de la crisis habríamos evitado sobresaltos. Por lo tanto: ¿es concebible una recuperación del voto socialista o, en el peor de los casos, una futura oposición fuerte que no pase por recobrar la alianza con los sindicatos? Ciertamente no: el peor escenario de futuro para el PSOE son unos sindicatos debilitados, humillados. Pues bien, para impedirlo la huelga ha de saldarse con “componentes de victoria”, que recuerden a la izquierda política que poco es sin una izquierda social.
Esto, que no lo aprecian algunos, demasiado asustados o ensimismados, lo entienden muy bien Esperanza Aguirre y otros sectores conservadores: en el proyecto neoliberal de salida de la crisis, el que se va imponiendo, sometiéndonos a sombras indescifrables y apelaciones a la servidumbre de lo “inevitable”, unos sindicatos enérgicos son la principal pesadilla para los que sueñan con transferir a lo privado todo lo que ahora tiene regulación pública. ¿Que la cosa está complicada? Por supuesto que sí: pero ello no nos debe obligar a pensar mecánica, linealmente. Más bien nos invita a entender que la complejidad creciente del mundo actual impide, casi siempre, una claridad absoluta en las opciones a tomar: la duda antes de la acción es ya consustancial a nuestras ideas. Pero si la solución es la pasividad contra las propias convicciones entonces todo se vuelve mucho más nítido: la derecha habrá alcanzado sus últimos objetivos. Eso sí: nos podremos quejar mejor. La huelga, por el contrario, se abre como una posibilidad racional y concreta de incidir en el curso de los acontecimientos, presentes y futuros.
Manuel Alcaraz Ramos es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y Director de Extensión Universitaria y Cultura para dicha ciudad. Ha militado en varias formaciones de izquierda y fue Concejal de Cultura y Diputado a Cortes Generales