El paro registrado en las oficinas públicas de empleo en el pasado mes de junio ha descendido en 67.858 personas (1,6%), en relación con el mes de mayo, lo que sitúa la cifra global de paro registrado en 4.121.801 desempleados. Se trata de un dato aparentemente positivo a pesar de ser un dato estacional. Sin embargo, no es un buen dato si lo comparamos con junio del pasado año cuando el descenso se estableció en 83.834 personas, tampoco lo es si consultamos los datos registrados del segundo trimestre donde aumentaron en 44.000 los desempleados. De la misma manera, en términos interanuales el paro registrado aumentó en 139.433 desempleados, lo que representa un aumento del 3,5% sobre el mes de junio de 2010, precisamente cuando ni siquiera estaba operativa la reforma laboral. También debemos considerar un mal dato el número de afiliados a la seguridad social que bajó en 5.600 cotizantes, a pesar de la favorable estacionalidad, al estar muy afectados por la llamada “crisis del pepino” y el ajuste del personal en las administraciones públicas.
Esto explica que los sindicatos hayan puesto sordina a estos datos al señalar que están muy condicionados por su carácter estacional (periodo estival). De la misma manera hacen hincapié en el aumento de la contratación temporal que se ha producido en detrimento de la contratación indefinida.
Efectivamente, el número de nuevos contratos registrados asciende a 1.312.519, lo que representa un incremento del 1,83% sobre el mes anterior y del 1,1% en comparación interanual. Ese incremento se produce porque aumentan los contratos temporales en 31.867 (2,69%) sobre el pasado mes de mayo y un 1,6% respecto a junio de 2.010, a pesar de que disminuyen los indefinidos el 8% y el 3,9%, respectivamente. En definitiva, los contratos temporales siguen aumentando y han representado en el mes de junio nada menos que el 92,8% del total de los llevados a cabo, siendo el 31% de dichos contratos a tiempo parcial.
Después de un año en vigor, estas cifras demuestran suficientemente la gran mentira de la reforma laboral, que se justificó como la panacea capaz de crear empleo y de reducir los porcentajes de temporalidad hasta situarlos en torno a la media europea, a través del fomento de la contratación indefinida subvencionada. Resulta evidente que no se han cumplido en absoluto los objetivos contemplados en la exposición de motivos de la reforma, como vienen denunciando los sindicatos, por lo que dicha reforma está resultando un verdadero fiasco. Como justificación del fracaso sólo se le ocurre decir al gobierno que la reforma sólo será efectiva en un entorno económico más favorable; desde luego, para ese viaje no se necesitan alforjas. Eso sí, los empresarios se siguen beneficiando, entre otras cosas, de un despido más fácil, más rápido y más barato- aunque sigan sin crear empleos y mucho menos de calidad-, así como de las cuantiosas subvenciones a la contratación.
Resulta probado que para crear empleo es necesario recuperar la actividad económica, cosa que no será posible si la UE antepone la corrección del déficit a la creación de empleo y el control de la inflación a la recuperación del crédito y por lo tanto de la economía (el BCE acaba de aumentar los tipos de interés pensando en Alemania y Francia y no en países más necesitados de estímulos económicos como ocurre con España). En este punto es necesario hacer hincapié en que Zapatero viene aplicando esta política a rajatabla y sin contestación, desde mayo del 2010, demostrando con ello que es uno de los alumnos más aventajados de su clase, a pesar de que esa política resulta muy impopular y además contraproducente para la creación de empleo.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promocionada por los sindicatos y avalada por un millón de firmas, y posteriormente presentada al congreso de los Diputados, no parece que vaya a cambiar mucho las cosas. Tampoco el PSOE y el PP parecen dispuestos a modificar la reforma; más bien se puede endurecer como pretenden, entre otras entidades, la CEOE, FEDEA, El Banco de España, y últimamente el Consejo Empresarial para la Competitividad (aglutina a 15 grandes empresas españolas), según se contempla en el informe “Fortalezas y perspectivas de la economía española”. El argumento que utilizan es conocido: la reforma ha fracasado precisamente por su “escasa ambición y profundidad”, a pesar de haber justificado la convocatoria de toda una huelga general y cuando su única pretensión, no confesada, fue y sigue siendo desarrollar una política de ajuste que está aumentando las desigualdades, aprovechándose de una correlación de fuerzas favorable en medio de la crisis. En definitiva, el eje de la reforma laboral no era otro que facilitar y abaratar el despido.
La reforma laboral no ha llegado sola. Ha venido acompañada de otras medidas de ajuste impulsadas desde la UE, también con la misión de crear empleo, según reiteran los defensores de las políticas neoliberales: la devaluación de los salarios públicos y privados y la reforma de la negociación colectiva, además de la reducción del gasto de la seguridad social, como ha ocurrido en España alargando la edad de jubilación y congelando las pensiones.
A pesar de esa posición ideológica e interesada, los salarios no son los culpables de la crisis, ni están dificultando su salida, al situarse entre los más bajos de la UE; a pesar de ello se insiste en ligar los salarios al incremento de la productividad y a los beneficios, con el único propósito de reducir más los salarios transfiriendo rentas del trabajo al capital, lo que está resultando contraproducente para el consumo y por lo tanto para el crecimiento y el empleo y pone en grave riesgo una política salarial que ha resultado muy eficaz para combatir la inflación y garantizar el crecimiento económico.
En cuanto a la negociación colectiva sólo caben comentarios de asombro ante el bochornoso “trapicheo” parlamentario encaminado a tramitar el decreto como proyecto de ley que, todo hay que decirlo, empeorará la reforma si nadie lo remedia dando más poder a los empresarios, blindará los convenios de CCAA al no supeditarlos al convenio estatal de sector, además de individualizar las relaciones laborales al promocionar los convenios de empresa al margen del convenio estatal.
Los grandes perdedores serán la unidad de mercado, los convenios estatales de sector, los sindicatos, sobre todo en su estructura sectorial, y por prolongación los trabajadores.
En todo caso, ni el recorte de salarios ni la reforma de la negociación colectiva serán eficaces para crear empleo, como así está ocurriendo con la reforma laboral. El problema de nuestro país tiene mucho que ver con la escasa demanda de productos y servicios y, por supuesto, con nuestro modelo productivo, y mientras esto no se resuelva no seremos capaces de superar el drama del desempleo que la EPA lo sitúa por encima de los 4.600.000 desempleados, más del 20% de la población activa.
Por otra parte, otras reformas pendientes como la reforma financiera, la energética, y la fiscal siguen sin abordarse o no se culminan con las consecuencias que ello comporta para el crédito a familias y empresas y para la corrección del déficit público, así como para la inversión en políticas de empleo y en políticas sociales. Tampoco se desbloquea el inmovilizado del ladrillo que sitúa la morosidad del sector financiero en porcentajes desconocidos hasta ahora, dificultando así el crédito y por lo tanto el propio funcionamiento de las empresas (el gobierno se limita a asumir la política de los grandes bancos que mantienen artificialmente el precio de la vivienda).
La gran incógnita en la situación actual es si el flamante candidato Rubalcaba va a ser capaz de reconducir la actual situación. Todo indica que no será fácil oponerse a las políticas de la UE con el argumento de que éstas resultan nefastas para el crecimiento y el empleo, sobre todo en España. Tampoco será fácil trasladar a la UE -y que ésta lo asuma- una política alternativa que nos ayude a salir de la crisis con un menor costo para los más débiles; por lo tanto menos drástica y dilatada en el tiempo, ante el desarme de la socialdemocracia. Una política económica y fiscal a nivel europeo impulsada por un verdadero gobierno que asuma su responsabilidad y evite que se resuelvan por separado los problemas relativos a la deuda de los países de la UE (eurobonos), porque no hay una salida individual a la crisis.
En España, Rubalcaba debe superar el desacuerdo del gobierno con los sindicatos (no servirá el borrón y cuenta nueva o que algo cambie para que todo siga igual) si quiere mejorar sus expectativas electorales. Para ello deberá corregir las medidas más lesivas llevadas a cabo, en el último año, para los trabajadores (reforma laboral y de negociación colectiva, pensiones, retribuciones de los empleados públicos, SMI…) y defender una reforma fiscal global capaz de abordar el déficit, no sólo a través del gasto sino también de los ingresos, así como una política social capaz de redistribuir el costo de la crisis y superar las desigualdades sociales. Sus apelaciones populistas a que la banca financie con parte de sus beneficios el desempleo juvenil- bien recibidas por la militancia-, o las manifestaciones de que tiene soluciones para crear empleo no son suficientes ni consistentes y pecan de propaganda y electoralismo. A estas medidas el “candidato” debe añadir la implementación de políticas de estímulo que generen empleo para los más jóvenes, mayores, y parados de larga duración, además de revisar las prestaciones por desempleo- ante su alarmante caída- al agotarse las prestaciones contributivas en un entorno de bajo crecimiento y baja creación de empleo (los sindicatos ya están exigiendo la prórroga de los 400 euros mensuales a los que han agotado la prestación por desempleo).
A medio y largo plazo se debe impulsar el cambio de modelo productivo (la gran asignatura pendiente en nuestro país) hacia sectores más estables capaces de garantizar en el futuro una economía más competitiva y empleos de calidad y con derechos.
En todo caso, la ciudadanía pide una ruptura con un pasado reciente que ha supeditado la política a los mercados y reclama recuperar un discurso de izquierdas, así como defender un modelo de partido que garantice la participación y el debate interno y, por lo tanto, el diálogo con la sociedad y con los colectivos más desfavorecidos.
Para desarrollar esa política Rubalcaba podrá contar con la izquierda sociológica, los sindicatos, y con sectores ligados al 15-M. De no hacerlo así, será difícil evitar que afloren en el seno del PSOE posiciones de izquierda que defiendan la recuperación de sus señas de identidad y un discurso socialdemócrata coherente con su historia. También será difícil que los electores voten una política de continuidad en lo fundamental, con simples guiños populistas hacia la izquierda. No debemos olvidar que los trabajadores no obtuvieron ninguna respuesta a la huelga general y penalizaron esa falta de respuesta en las urnas (elecciones municipales). Esta circunstancia se volverá a repetir si no hay un cambio que genere ilusión a los ciudadanos. Esperar y ver.