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viernes 20/5/22

La garantía de los Servicios Públicos

El concepto de lo público como espacio de encuentro, de libertad y de democracia, y también como lugar de corrección de desigualdades y de búsqueda de equilibrios sociales y económicos que vertebren al conjunto de la sociedad, forma parte de los principios y valores que definen lo que son las señas de identidad y la razón de ser de la Unión General de Trabajadores.
El concepto de lo público como espacio de encuentro, de libertad y de democracia, y también como lugar de corrección de desigualdades y de búsqueda de equilibrios sociales y económicos que vertebren al conjunto de la sociedad, forma parte de los principios y valores que definen lo que son las señas de identidad y la razón de ser de la Unión General de Trabajadores. El bienestar ciudadano depende de la imprescindible cohesión social que sólo pueden garantizar las instituciones públicas de un Estado consciente de su papel redistribuidor y de asignación de recursos.

Porque, en contra de lo que sostiene el pensamiento fundamentalista neoliberal, donde es más necesario que las Administraciones Públicas asuman y desempeñen ese papel garantista y nivelador, tan fundamental, es justamente en las sociedades de libre mercado. Por eso, el libre mercado tiene que estar sometido a determinadas reglas y no al albur de esos aventurerismos competitivos que, luego, cuando fracasan acaban arrastrando a todo el sistema económico y productivo, como ha ocurrido en EE UU con la crisis de las llamadas hipotecas “subprime”, y que, por cierto, terminó obligando a intervenir a las autoridades públicas de aquel país, nada menos que a la mismísima Reserva Federal.

El modelo por el que abogamos es aquel en que los Servicios Públicos ocupan ese lugar central que les corresponde y les define y que, en consecuencia, les exige ser motor e impulso social, económico y productivo con carácter general y permanente, pero sobre todo en momentos como el actual de desaceleración y perturbaciones que tanto están inquietando a todos los sectores.

Los problemas para los ciudadanos y, desde luego para los trabajadores que son su inmensa mayoría, se pueden agudizar cuando los responsables de unas u otras Administraciones, contradiciendo su propio carácter público, aplican políticas no ya estimulando a la iniciativa privada, lo que también es necesario, sino privilegiando a determinados grupos corporativos o empresariales fuertes -con lo que se atenta igualmente a la competitividad-o, lo que es peor todavía, sustituyendo gestión o titularidad pública por privada.

Conviene insistir, como hemos apuntado, en que ésta es una cuestión de concepto y de valores. Si tenemos en cuenta que los Servicios Públicos, por definición, tienen que servir al interés general y a las necesidades de los ciudadanos, no se puede olvidar que, por el contrario, los objetivos del sector privado, también por definición, son sus propios intereses, legítimos sin duda ninguna, imprescindibles igualmente para que funcione el sistema productivo en su conjunto y hasta en ocasiones con un sentido social, pero al fin sometidos a los particulares criterios del propietario o de los accionistas de turno, aunque es cierto que el ideal en una sociedad democrática debe ser el que representa una sana colaboración entre el sector público y el privado.

Pero la vertebración social de la que hablamos, únicamente la garantizan los Servicios Públicos que, dada su posición estratégica en el entramado de cualquier sociedad democrática y avanzada, son fundamentales cuando se trata de las cuestiones básicas que afectan a la vida de los ciudadanos, a su progreso y desarrollo, a su bienestar y a la posibilidad de disponer de una verdadera igualdad de oportunidades, así como de una red de protección social a todo lo largo de la existencia.

En la reciente “Propuesta sindical por el empleo, la competitividad y la cohesión social”, presentada en la Comunidad de Madrid con ocasión del pasado 1 de Mayo, uno de sus puntos se refiere explícitamente a esta cuestión bajo un epígrafe en el que se habla de la necesidad de “reforzar la cohesión social y mejorar y ampliar los servicios públicos”. La Educación y la Sanidad ocupan, como es obvio, el lugar central de estas políticas públicas y de la vertebración social y ciudadana y, por eso, hay que defender especialmente a estos sectores básicos de las intenciones privatizadoras de los responsables autonómicos madrileños. Las recientes huelgas, manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en los ámbitos educativos y sanitarios de nuestra región responden a esta defensa sindical y ciudadana de su carácter público, lo cual exige igualmente la mejora de las condiciones laborales y de vida de sus trabajadores.

Porque, tal y como se detalla en la mencionada propuesta, la mejora de la calidad de la enseñanza pública requiere tanto el incremento del gasto educativo y de la inversión como el impulso y reforzamiento del sector público de la enseñanza madrileña desde el mismo inicio de las etapas de educación infantil. Y de igual modo hay que seguir priorizando la asistencia sanitaria pública y la red hospitalaria pública con más dotaciones de equipamientos y de plantillas. Por otro lado es fundamental también reforzar el sistema de servicios sociales, así como la creación de un patrimonio público de suelo, ahora que la crisis de la construcción empieza a revelar sus peores tendencias, y la multiplicación del parque público de vivienda. Estas son algunas de las medidas a tomar en una Comunidad como la de Madrid en la que tampoco podemos pasar por alto el injustificado retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, promulgada hace ya año y medio.

El cambio de modelo productivo que propugna la Unión General de Trabajadores, un modelo que no dependa de los sectores con más riesgos de especulación, exige, a la vez, el reforzamiento de unos Servicios Públicos que son los garantes en verdad de esa cohesión y vertebración social que es la base sobre la que construir sistemas económicos y productivos sostenidos, sostenibles y que, por tanto, aseguren progreso, justicia, desarrollo y crecimiento.

*Secretario General de UGT-Madrid

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