El debate en Europa acerca del futuro de la auditoría transcurre en lo imaginario derivado de la limitación en los auditores para crecer. Tal como en España, en donde el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE) afirmó, que éste en sus 71 años de existencia “ha sabido evolucionar anticipándose a los cambios, defendiendo los intereses de los auditores” (entrevista Rafael Cámara, revista Auditores, No. 19, junio 2013, p. 15), cuando más de 500 auditores debatieron en Zaragoza sobre las nuevas necesidades y desafíos en el reciente, V Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, en donde se abordó, si ante la grave situación de las finanzas públicas, las instituciones de control han actuado con oportunidad e independencia; y se concluyó, “o se ponen al frente de las aspiraciones ciudadanas como instituciones que garanticen la transparencia y legalidad de la gestión o corren el riesgo de desaparecer” (revista Auditoría Pública, No. 59, abril 2013, p. 18).
Aunque, José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ICAC (organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de la supervisión de las auditorías) lo manifestó en forma similar, “la auditoría corre el riesgo de desaparecer si no se demuestra su interés social” (20 Minutos, 09.09.2010) dos años antes, en su participación de la jornada organizada por la Cámara de Comptos sobre la supuesta ‘nueva’ ley de auditoría (que ha pretendido reforzar la independencia del auditor). Pero la advertencia se minimizó, e inclusive, se diluyó en el Congreso mencionado anteriormente, al afirmar que los organismos de control “cuentan con personal competente que está trabajando con honestidad y profesionalidad”, al mostrar el elogio zalamero que evade y oculta la problemática personal del auditor. Como otra de las conclusiones del X Encuentros Técnicos y V Foro Tecnológico de los Órganos Autonómicos de Control Externo (OCEX) que dice, “En los últimos tiempos están proliferando en los medios las noticias sobre procesos de corrupción. En éstas se siembran dudas sobre la actuación de los gestores públicos y de los propios órganos de control. Es necesaria una respuesta contundente y oportuna de los OCEX para rebatir o confirmar lo publicado, apoyando de esta manera el prestigio de los técnicos de los OCEX y su labor neutral e independiente”. Más, cómo no se van a sembrar dudas si el mismo pensamiento de la fiscalización genera incertidumbre y contradicción.
Al concluir en la citada reunión de los Encuentros Técnicos, “para lograr una mayor independencia sería deseable que los auditores pudieran mostrar su discrepancia profesional sobre los informes aprobados”. Un señalamiento grave, dado el reconocimiento de diferencias entre el informe final y la opinión del auditor.
Y efectivamente, éste es un hecho que ha sucedido y sucede en las entidades de fiscalización. El auditor que practica una auditoría y elabora un informe final, no necesariamente se presenta éste tal cual, al auditado, al congreso, y a la sociedad. Y es lo que origina la discrecionalidad y opacidad, pero también la fuente de poder de los directivos y funcionarios (mandos superiores) de los órganos de control y fiscalización.
Por tal sinrazón resulta una ilusión, aunque podría más bien ser un engaño, que los enanos de la auditoría y fiscalización repitan una y otra vez, frases como: “La función de la auditoría es clave para garantizar la fiabilidad de la información financiera”; “la auditoría vela por el interés público”; “el auditor es un profesional que garantiza la transparencia y fiabilidad”; o, “el auditor es el guardián del mercado”, y muchas otras que se repiten incesantemente al grado de presentarse como la ‘verdad’. Avalada, en tanto, las conclusiones “fueron seleccionadas por el Comité Científico” del V Congreso (revista Auditoría Pública, No. 59, abril 2013, p.9), y los trabajos de los X Encuentros fueron presentados por profesionales de distintos Órganos de Control Externo y diversas universidades españolas. Pero en nombre de la ciencia se favorece el dogmatismo y la mentira, y los que ejercen la fiscalización, así como los académicos de la auditoría están ajenos a la crítica y reflexión.
O, no resulta contradictorio que se abogue por la participación ciudadana en las decisiones públicas y la accesibilidad de la misma y otras partes interesadas a la información, cuando el trabajo del auditor no es respetado.
O, insistir que la auditoría garantiza la fiabilidad y transparencia cuando es cada vez más frecuente auditorías que ocultan o no detectan la situación real en la entidad.
O, establecer en las leyes de auditoría y fiscalización que su actividad se rige por el interés público y social cuando su práctica se ejerce en la privacidad.
O, su búsqueda infructuosa de independencia, desde la declaración de Lima a la de México, y otras más, así como innumerables congresos, foros, jornadas, seminarios, y los recientes eventos en España que han coincidido nuevamente en reforzar la independencia, pero los auditores públicos sienten miedo de asumir plenamente su independencia y no se atreven a cruzar el Rubicón, y dirigirse hacia otra forma de pensar y hacer la fiscalización.
Porque resulta cómodo y arrullador aceptar o creer, la afirmación de Rafael Cámara “De los casi 70.000 informes anuales, podemos contar con los dedos de las manos situaciones en las que el auditor incumple sus obligaciones”. Luego lo anterior demostraría, el cumplimiento de las normas y el código de ética en el 99.86%. Por ello, el presidente del ICJCE reconoció que “se va satisfecho”. Y ante la pregunta, “Están dándose a conocer casos que cuestionan los trabajos del auditor, ¿cree que la calidad de los trabajos se ha deteriorado durante la crisis? Responde, No sólo creo que no, sino estoy convencido de todo lo contrario. Los auditores hemos hecho y hacemos nuestro trabajo muy bien”. O, Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, declaró “Debo decir que el trabajo de las auditorías ha sido muy satisfactorio” (Entrevista, revista Auditores, No. 18, noviembre 2012). Entonces:
¿Por qué se demanda a los órganos de control nuevas formas de actuación?
¿Por qué se concluye que los OCEX deben adoptar una posición más activa?
¿Por qué en los órganos de control la insensibilidad se ha convertido en un nuevo desafío?
Sí, hace seis años, Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, demandó “Abrir nuestras sedes abiertas al ciudadano, con jornadas de puertas abiertas, y programas de visitas de colectivos interesados, también simboliza una actitud positiva” (revista Auditoría Pública, No. 42, julio 2007, p. 14). Sí cinco años después, Luis Ma. Ordoki, Secretario General, de la misma Cámara referida, en un artículo expuso la necesidad de una transformación radical en los OCEX, afirmando “existen muchas entidades de fiscalización en España que son ignoradas por el ciudadano” (www.auditoriapublica.com, revista Auditoría Pública, No. 57, julio 2012).
Y como no son ignoradas, si en las entidades de fiscalización se habla con mentiras. Como nunca jamás aceptan públicamente sus errores, como tampoco su realidad circundante. Sí, como en los X Encuentros, celebrado en Sevilla, los días 23 y 24 de mayo del año 2013, se ha concluido, “sería deseable que se permitiera a la ciudadanía claramente conocer el destino de los recursos”. Sin embargo, en la fiscalización resulta engañosa la palabra, tal como, deseable. Porque no es un deseo que los auditores públicos muestren sus diferencias por los informes aprobados sino un derecho democrático de exigir el respeto al trabajo del auditor, ni tampoco es un anhelo difuso y lejano de la ciudadanía demandar rendición de cuentas sino los auditores tenemos la obligación de hacerla realidad, ahora y aquí.
Porque como pretender determinar, ¿Qué normas son de aplicación en las auditorías a entidades del sector público? Sí se concluyó en el V Congreso Nacional de Auditoría Pública, “las auditorías de las cuentas públicas carecen de la suficiente claridad y seguridad jurídicas”. Lo que reiteró la necesidad expuesta por Rafael Cámara, en su participación de la apertura institucional del Congreso, “recordó que las tres corporaciones representativas de los auditores de cuentas crearon en el mes de mayo la Comisión de Auditores del Sector Público con el objetivo de apoyar a las administraciones públicas” Auditores No. 19, junio 2013, p. 31). Y agregó, “es tiempo de exigir a la Administración Pública, lo mismo que a las entidades mercantiles, transparencia”. Pero tal parece, ha olvidado que “históricamente las firmas de auditoría eran cajas negras, a partir de ahora lo seremos lo menos posible” como lo afirmó, Cesar Ferrer, socio de KPMG, miembro del Consejo Directivo del ICJCE y representante del mismo en el grupo de trabajo de ética de la Federation des Experts Comptables Européens (revista Auditores, No. 15, mayo 2011, pp.13-14). De nuevo cultivar la esperanza, la promesa depositada en la confianza individual, y de nuevo el dominio de la auditoría privada en lo público, que ha privilegiado a pocos en detrimento de muchos.
Y no obstante la crisis, el presidente del ICJCE, afirmó “los organismos de control cuentan con personal competente”. Es decir, la competencia profesional del auditor está fuera de duda. Por esto, “Siempre he defendido el papel de los auditores como una pieza esencial del sistema financiero” (Fernando Restoy, Ídem, p. 28). Caso contrario, cuando las entidades de fiscalización no responden a los intereses de las mayorías parlamentarias, como en el estado de Michoacán (México), el Congreso no sólo rechazó el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, también ha amenazado (vía la Contraloría Interna de la Legislatura estatal) a diez funcionarios, incluido el Auditor Superior, por presuntos actos de dolo, al momento de realizar y entregar dicho Informe, y entre otras acusaciones, se ha considerado de regular a malo el desempeño laboral de los auditores, según diagnóstico de la Mesa Técnica de la Comisión Inspectora de la ASM, e incluso, su titular José Luis López, declaró “Hay personal de la ASM que no cumple funciones de auditor o fiscalizador” (La Voz de Michoacán, 21 de mayo de 2013, p. 8 A). Por lo que no resulta extraño que el órgano fiscalizador de Michoacán acuse un rezago de 4,500 expedientes sin resolver. Y paradójicamente se señala “en materia de normatividad y leyes de fiscalización, el órgano técnico salió bien librado con calificaciones aceptables” concluyó en mayo de este año, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara (La Voz de Michoacán, 3 de junio de 2013, p. 6 A).
Conclusión imaginaria que contrasta con la realidad. Como la historia siguiente: Una mañana de enero del presente año, a 75 auditores se les negó la entrada al edificio de la Auditoría Superior de Michoacán, sin mayor aviso ni notificación, su error fue pretender formar un sindicato, cuando los auditores son considerados trabajadores de confianza, y por ello, se les niega el derecho a la vida sindical. Así de simple y sin respeto a los auditores se les despidió, sin hacer entrega de sus papeles de trabajo o avances de sus auditorías ni menos pudieron recoger sus cosas personales. Y tras cuatro meses de protestas por la medida y la falta de indemnización, reaccionaron de la misma forma, y durante 21 días mantuvieron ‘tomadas’ las instalaciones de la ASM (sin permitir la entrada al personal) hasta que el día 5 de junio fueron desalojados por la fuerza policiaca, y ahí terminó, quizá el primer intento en México, de hacer valer los derechos laborales de los auditores públicos.
Luego, cómo promover el derecho a disentir del auditor en las entidades de fiscalización si la obediencia y el silencio se imponen con la fuerza del autoritarismo, condición que reproduce la antidemocracia en los organismos de control. Entonces, éstos solamente podrán contribuir en la defensa de los derechos del hombre si contribuyen en la defensa de los derechos del auditor.
Mientras la tarea inmediata es determinar las contradicciones, debilidades, y vacíos que muestra el discurso y la teoría de la fiscalización del nunca jamás.