20 de septiembre de 2010, 16:38
NUEVATRIBUNA.ES - 14.07.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Un acuerdo político se valora en dos planos: su contenido y su explicación. Un acuerdo con un contenido positivo puede acabar en un fiasco si no se explica bien. También puede ocurrir que una buena explicación ayude a paliar los defectos del pacto. El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno es un buen acuerdo, y hay que esforzarse para que las ansiedades de unos y las malas intenciones de otros no hagan parecer lo contrario. El interés general lo demanda.
El sudoku que predijo Solbes tenía difícil solución. Requería buenas dosis de imaginación, trabajo y compromiso por parte de muchos actores simultáneos. Hay que reconocer y agradecer el esfuerzo que se ha invertido para encajar razonablemente los números.
Cada cual ha tirado para sí en este juego de tensiones, y era esperable, hasta cierto punto. Pero todos sabíamos que el resultado del proceso debía ser analizado doblemente, desde cada territorio y en su conjunto. Cada territorio puede esgrimir hoy que gana en autonomía fiscal y que obtiene recursos suficientes para cubrir sus necesidades justas de financiación, aunque no haya cubierto las expectativas al 100%. Y el conjunto salvaguarda los principios constitucionales de la igualdad, la solidaridad y la cohesión.
Las quince Comunidades Autónomas que no disfrutan el régimen del concierto administrarán el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, además de aumentar sensiblemente su capacidad normativa sobre estos tributos. Es decir, las administraciones territoriales españolas avanzan de manera significativa en términos de corresponsabilidad fiscal. Además, todas sin excepción ven mejoradas las cifras respecto al sistema de financiación vigente.
El Fondo de Garantía destina el 80% de los recursos del sistema a garantizar la igual financiación de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante ajustado. El Fondo de Suficiencia adjudica el 16,5% a la financiación del resto de las competencias transferidas. Otros dos Fondos, el de Competitividad y el de Cooperación, aseguran con un 3,5% del dinero la “convergencia” en relación a la financiación per cápita y a los “niveles de vida” respectivamente. El concepto de la “población ajustada” (por número, edad y dispersión) se configura como eje del cálculo de necesidades en el nuevo sistema.
Todos estos criterios se aplican sobre los 125.000 millones de euros que el Gobierno pone encima de la mesa para el reparto territorial. Y el análisis debiera ser global para ser riguroso. Pero las interpretaciones interesadas, de una y otra parte, diferencian entre los 114.000 millones iniciales y los 11.000 millones extras incorporados para facilitar la negociación. Estos análisis sesgados enfatizan el reparto del dinero extra, restando importancia al conjunto. Así, los cerca de 4.000 millones a recibir por una sola comunidad en el complemento, se convierten en absurda prenda de fuerza para unos y en prueba de vil cesión al chantaje y la arbitrariedad para otros.
La distribución territorial de los ingresos del Estado constituye un elemento capital de nuestro entramado institucional. Cabría esperar, por tanto, de todos los dirigentes políticos en su consideración un esfuerzo de responsabilidad, para que el interés general prevalezca sobre el tacticismo de vuelo bajo. Un fuerte reproche merece ERC, por sacar falso pecho desde Cataluña presumiendo de que “hemos plantado cara y hemos ganado” y que “tras esto vendrá el concierto y la independencia”. Y también lo merecen quienes conociendo la naturaleza razonable de la solución, y habiendo decidido poner la mano para recibir sus beneficios, dedican al nuevo sistema los epítetos que ya tenían grabados aún antes de conocerlo, “insuficiente, “injusto”, “despilfarrador”.
Para que el sistema sirva bien, además de ser eficaz, debe ser explicado y entendido como tal. Lo contrario traerá problemas. Y no hablo de las aritméticas parlamentarias y electorales, sino de quiebras de fondo en los cimientos del Estado de las Autonomías y de nuestra convivencia. Actuemos todos con responsabilidad.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Un acuerdo político se valora en dos planos: su contenido y su explicación. Un acuerdo con un contenido positivo puede acabar en un fiasco si no se explica bien. También puede ocurrir que una buena explicación ayude a paliar los defectos del pacto. El nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno es un buen acuerdo, y hay que esforzarse para que las ansiedades de unos y las malas intenciones de otros no hagan parecer lo contrario. El interés general lo demanda.
El sudoku que predijo Solbes tenía difícil solución. Requería buenas dosis de imaginación, trabajo y compromiso por parte de muchos actores simultáneos. Hay que reconocer y agradecer el esfuerzo que se ha invertido para encajar razonablemente los números.
Cada cual ha tirado para sí en este juego de tensiones, y era esperable, hasta cierto punto. Pero todos sabíamos que el resultado del proceso debía ser analizado doblemente, desde cada territorio y en su conjunto. Cada territorio puede esgrimir hoy que gana en autonomía fiscal y que obtiene recursos suficientes para cubrir sus necesidades justas de financiación, aunque no haya cubierto las expectativas al 100%. Y el conjunto salvaguarda los principios constitucionales de la igualdad, la solidaridad y la cohesión.
Las quince Comunidades Autónomas que no disfrutan el régimen del concierto administrarán el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, además de aumentar sensiblemente su capacidad normativa sobre estos tributos. Es decir, las administraciones territoriales españolas avanzan de manera significativa en términos de corresponsabilidad fiscal. Además, todas sin excepción ven mejoradas las cifras respecto al sistema de financiación vigente.
El Fondo de Garantía destina el 80% de los recursos del sistema a garantizar la igual financiación de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) por habitante ajustado. El Fondo de Suficiencia adjudica el 16,5% a la financiación del resto de las competencias transferidas. Otros dos Fondos, el de Competitividad y el de Cooperación, aseguran con un 3,5% del dinero la “convergencia” en relación a la financiación per cápita y a los “niveles de vida” respectivamente. El concepto de la “población ajustada” (por número, edad y dispersión) se configura como eje del cálculo de necesidades en el nuevo sistema.
Todos estos criterios se aplican sobre los 125.000 millones de euros que el Gobierno pone encima de la mesa para el reparto territorial. Y el análisis debiera ser global para ser riguroso. Pero las interpretaciones interesadas, de una y otra parte, diferencian entre los 114.000 millones iniciales y los 11.000 millones extras incorporados para facilitar la negociación. Estos análisis sesgados enfatizan el reparto del dinero extra, restando importancia al conjunto. Así, los cerca de 4.000 millones a recibir por una sola comunidad en el complemento, se convierten en absurda prenda de fuerza para unos y en prueba de vil cesión al chantaje y la arbitrariedad para otros.
La distribución territorial de los ingresos del Estado constituye un elemento capital de nuestro entramado institucional. Cabría esperar, por tanto, de todos los dirigentes políticos en su consideración un esfuerzo de responsabilidad, para que el interés general prevalezca sobre el tacticismo de vuelo bajo. Un fuerte reproche merece ERC, por sacar falso pecho desde Cataluña presumiendo de que “hemos plantado cara y hemos ganado” y que “tras esto vendrá el concierto y la independencia”. Y también lo merecen quienes conociendo la naturaleza razonable de la solución, y habiendo decidido poner la mano para recibir sus beneficios, dedican al nuevo sistema los epítetos que ya tenían grabados aún antes de conocerlo, “insuficiente, “injusto”, “despilfarrador”.
Para que el sistema sirva bien, además de ser eficaz, debe ser explicado y entendido como tal. Lo contrario traerá problemas. Y no hablo de las aritméticas parlamentarias y electorales, sino de quiebras de fondo en los cimientos del Estado de las Autonomías y de nuestra convivencia. Actuemos todos con responsabilidad.