Se acaba de celebrar una más de esas cumbres decisivas que han jalonado en el último año y medio los cansinos debates y repetitivos acuerdos de unos líderes europeos empeñados en imponer recetas de austeridad generalizada y extremistas recortes del gasto público a los países del sur de la eurozona que nada arreglan ni pueden arreglar.
Las cumbres han ido pasando y los acuerdos adoptados han demostrado su completa ineficacia. Así, los problemas de la deuda soberana de los países del sur de la eurozona se han ido manteniendo y agravando. Todo indica que la última de las cumbres celebradas en 2011 consagra las mismas recetas y cosechará iguales pésimos resultados que las que la han precedido.
No se trata de aumentar la alarma de una ciudadanía que muestra ya, desgraciadamente, temores excesivos. Se trata de que las fuerzas conservadoras que marcan el paso y el rumbo de la UE no consigan vender con absoluta impunidad una mercancía averiada: en la austeridad impuesta y en las nuevas y duras sanciones disciplinarias que pretenden imponer no existe la más mínima preocupación por reforzar Europa, generar empleo neto o impulsar actividades económicas sostenibles que garanticen trabajos, contratos y retribuciones decentes para todos.
Europa sigue instalada al borde del abismo provocado por la incompetencia de las autoridades comunitarias, la creciente aversión al riesgo de los inversores y la mayor inestabilidad de los mercados de deuda pública y privada. Quizás, una mirada crítica a los principales acuerdos adoptados en la reciente cumbre pueda contribuir en algo a transformar el temor de la ciudadanía en más indignación y a denunciar el carácter antisocial, antieconómico y antieuropeo de las recetas que siguen empeñados en imponer las instituciones europeas para superar la crisis.
Lean con atención este párrafo: “Muchos han sido los logros durante los últimos dieciocho meses para mejorar nuestra gobernanza económica y afrontar la crisis económica y financiera.” Y este otro: “La Unión Europea y la zona del euro han puesto todo su empeño a lo largo de los últimos 18 meses en mejorar la gobernanza económica y adoptar nuevas medidas de respuesta a la crisis de la deuda soberana. Sin embargo, las tensiones del mercado en la zona del euro han aumentado, por lo que hemos de redoblar nuestros esfuerzos para hacer frente a los desafíos actuales.”
El primero de esos párrafos, el que subraya los logros obtenidos en el último año y medio, abre las “Conclusiones del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011”. El segundo, el que precisa que el empeño no ha conseguido aplacar las tensiones, inicia la “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro” acordada el mismo día.
Los líderes europeos muestran su satisfacción por lo bien que lo han hecho y por los logros obtenidos, pero advierten que no son bastantes y que hay que mantener el rumbo y reforzar la dosis. Nada de refundación de Europa. Todo lo acordado se limita a ratificar y desarrollar “lo que ya hemos construido en los 18 últimos meses, mejorándolo” y a prescribir más de lo mismo: más austeridad, mayor disciplina fiscal y endurecimiento de las sanciones para los socios que incumplan los límites impuestos, sin importar que no puedan cumplirlos o las causas que han provocado el incumplimiento.
Aclaremos algo antes de adentrarnos en el examen de los acuerdos alcanzados por la cumbre europea: los riesgos de implosión del euro son reales, han aumentado dramáticamente en los últimos meses y los acuerdos adoptados por el último Consejo Europeo no los reducen. Una aclaración más: la UE dispone de suficientes herramientas para, llegado el caso, evitar que el euro estalle o la eurozona se reduzca porque algunos de sus actuales miembros se vean obligados a abandonarla. Así las cosas, no parece plausible que los líderes europeos abran la puerta a hipótesis que pueden evitar y cuyos efectos, de llegar a concretarse, tendrían impactos catastróficos para el conjunto de las economías que forman la eurozona y comparten el euro. No obstante, las torpezas y el dogmatismo en la interpretación de la crisis que han evidenciado las fuerzas conservadoras que determinan en la UE las políticas de salida de la crisis se han manifestado de forma tan persistente que no cabe descartar ningún escenario.
Los acuerdos de la cumbre
Según la “Declaración” de los líderes europeos de la eurozona, los acuerdos alcanzados el pasado 9 de diciembre tienen por objetivo avanzar hacia una unión económica más fuerte y centran las tareas de las instituciones comunitarias en dos puntos: en primer lugar, un nuevo pacto presupuestario y una coordinación reforzada de las políticas económicas; y en segundo lugar, el desarrollo de los actuales instrumentos de estabilización.
¿Qué elementos distinguen el nuevo pacto presupuestario que se propone? En realidad, nada nuevo:
- Equilibrio estricto de las cuentas públicas que deberá concretarse en un déficit estructural anual inferior al 0,5% del PIB nominal.
- Entronización de ese tope del 0,5% en la Constitución o en una norma de nivel equivalente.
- Convergencia de los déficits de los Estados miembros hacia un nivel de referencia específico en función de un calendario propuesto por la Comisión.
- Sanción inmediata para los Estados miembros afectados por un procedimiento por déficit excesivo (más del 3% del PIB) y exigencia de presentar a la Comisión y al Consejo, para que lo refrenden, un programa de reformas estructurales encaminado a garantizar una corrección duradera y efectiva de los déficits excesivos. La Comisión y el Consejo supervisarán la ejecución del programa y los planes presupuestarios anuales correspondientes.
- Establecimiento de un mecanismo para que los Estados miembros informen con antelación de sus planes nacionales de emisión de deuda pública. Refuerzo de la vigilancia económica y presupuestaria con una nueva reglamentación que entre en vigor antes de que se inicie el nuevo ciclo presupuestario.
En resumen, nada que no esté ya aprobado o en marcha.
Respecto al otro objetivo, ¿cómo se reforzaran los instrumentos de estabilización? Tampoco aquí destacan las novedades. Cierran filas para impedir cualquier deslizamiento federalista o propuestas que permitan abordar los problemas de las deudas soberanas de los países del sur de la eurozona con mayor apertura a la mutualización de los riesgos:
- Se adelanta la entrada en vigor del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para julio de 2012. Mientras tanto y hasta mediados de 2013 seguirá funcionando el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para mantener los programas de rescate en curso. En marzo de 2012 se evaluará si es suficiente el techo global de 500.000 millones de euros fijado para el FEEF y el MEDE.
- Se aportarán 200.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI), en forma de préstamos bilaterales de los Estados miembros de la zona del euro (al que podrán sumar sus aportaciones otros países de la UE y de la comunidad internacional), con la intención de disponer de mayores recursos para hacer frente a nuevos episodios de crisis financiera.
- La quita aprobada para el caso de la deuda soberana griega será única y excepcional; se afirma solemnemente que no volverá a repetirse.
- Se incluirá un procedimiento de urgencia en el funcionamiento del MEDE para que la regla del mutuo acuerdo sea sustituida por la de mayoría cualificada del 85% en caso de que la Comisión y el BCE concluyan que es necesario adoptar una decisión urgente en materia de asistencia financiera cuando se vea amenazada la estabilidad financiera y económica de la zona del euro.
En conclusión, dentro de unos meses se habrán concretado y podremos analizar estos acuerdos que pretenden una mayor disciplina económica y fiscal de los Estados miembros que sufren mayores desequilibrios en sus cuentas públicas y exteriores. Y mientras tanto, las deudas públicas de España e Italia quedan en manos del miedo y los apetitos de los inversores y de la quebradiza voluntad del BCE de intervenir con cuentagotas en los mercados secundarios para comprar deuda pública de los socios más acosados e intentar impedir que los costes financieros conviertan sus problemas de liquidez en insalvables problemas de insolvencia.
La respuesta inmediata de mercados e inversores a estos acuerdos ha sido desfavorable. Por mucho que extrañe, los inversores reprueban las medidas de austeridad extrema que impiden el crecimiento económico y cuestionan la eficacia de los acuerdos alcanzados. Por eso se deshacen de las inversiones que presentan mayor riesgo, sean títulos de deuda pública y privada o acciones de los grandes grupos bancarios que tienen que acudir al BCE para financiarse. Y por eso, la acción de los inversores más especulativos es tan rentable y tiene tanta eficacia en su acoso a la deuda soberana de los países del sur de la eurozona y al propio euro.
Probablemente, en los próximos días y semanas podrá observarse de nuevo cómo vuelven a ocasionarse repuntes inasumibles de los intereses que deben ofrecer Italia y España para financiar sus nuevas emisiones de deuda pública. Y se volverá a echar pestes de los especuladores y las agencias de calificación de riesgos. Y Europa se encontrará otra vez haciendo equilibrios en el alambre de unos fondos de rescate insuficientes y en vísperas de una nueva y urgente cumbre decisiva.
El problema de estos acuerdos no es la cesión de soberanía para salvar el euro. El problema es que no sirven para salvar el euro y que fuerzan un equilibrio presupuestario en los Estados miembros que impide la decisión democrática de la ciudadanía, el mantenimiento de la actual oferta de bienes públicos y que la inversión pública inteligente encaminada a modernizar las estructuras productivas y generar actividades y empleos sostenibles pueda ser financiada mediante la emisión de deuda pública.
La cuestión realmente importante no es que el Reino Unido se haya quedado aislado. El problema más relevante es que la ciudadanía partidaria de un reforzamiento de la Europa social se ha quedado huérfana y no cuenta con representantes políticos que defiendan en las instituciones europeas los principios de cohesión social y territorial, solidaridad entre los Estados miembros y reparto equilibrado de oportunidades, costes y beneficios que eran parte consustancial del proyecto de unidad europea.
El problema no es, ni siquiera, que la derecha europea haya reforzado su peso y su capacidad de imponer medidas antisociales. Tal hecho está dentro de lo que puede considerarse normal. El problema es que la izquierda socialdemócrata o socioliberal sigue desaparecida y se muestra incapaz de articular un discurso o un párrafo diferentes en algún punto a los que emite la derecha. ¿No hay nadie en la dirección del PSOE capaz de distanciarse en lo más mínimo de los objetivos, valoraciones o satisfacción que a propósito de esta cumbre han manifestado Rajoy y Zapatero?
¿Pueden reducirse todas las preocupaciones de los dirigentes políticos españoles a intentar obtener, sin resultado alguno, el poder de veto en el fondo de rescate y a tratar de conseguir que algún gesto de Merkel o Sarkozy les permita aparentar que están en la pomada?
Lo que se ha escuchado a algunos miembros del PSOE se reduce a, sin dejar de mostrar su apoyo más o menos crítico a los resultados de la cumbre, echar de menos alguna referencia de los líderes europeos a la cuestión de los eurobonos. O, en algún caso, a subrayar la oportunidad perdida de alcanzar un pacto en el que a cambio de las cesiones de una mayor disciplina fiscal o la cesión de soberanía en cuestiones presupuestarias se obtuvieran como contrapartidas la aceptación a medio plazo de algún tipo de emisión de eurobonos, indicios claros de preocupación por la recuperación del crecimiento o alguna señal de respeto por la Europa social. ¿De verdad que no hay nadie más ahí que pueda decir más cosas?
Los temas ausentes de la cumbre
El primero de los asuntos que han sido apartados conscientemente de los debates de la última cumbre de Bruselas ha sido el de los instrumentos que a corto plazo podrían impedir el cierre de los mercados a las deudas soberanas de Italia y España y reducir las exigencias de altas rentabilidades por parte de los inversores que aún se atreven a financiar a estos países. La actuación sin restricciones del BCE en los mercados primario y secundario de deuda o la monetización de la deuda han sido explícitamente rechazados como solución a corto plazo. Menos aún se ha permitido iniciar el debate sobre reformas institucionales de mayor calado que a más largo plazo permitieran mutualizar riesgos y beneficios, avanzar en la unión fiscal entre los Estados miembros, definir la función del BCE como prestamista de último recurso de los Estados (porque en el caso de los bancos sí actúa como prestamista de último recurso) o constituir un único emisor de eurobonos.
En todo caso, esas u otras posibles soluciones federales al grave problema de la deuda soberana de la eurozona se dejan para el final de un proceso que, por tiempo indefinido, va a estar dominado por una mayor disciplina fiscal, aceptación por parte de todos los socios de duras sanciones semiautomáticas, constitucionalización de la regla de oro del equilibrio fiscal y mayores posibilidades de intromisión de instituciones comunitarias en la elaboración, aprobación y seguimiento de los presupuestos públicos de los Estados miembros.
El segundo de los grandes temas que han sido ignorados por la cumbre está relacionado con las recientes previsiones de desaceleración del crecimiento en la eurozona que, para los países del sur de la eurozona, se podría concretar en una nueva fase recesiva que haría aún más complicada la gestión de los graves desequilibrios de sus cuentas públicas y la financiación de su deuda soberana.
Diversos organismos internacionales (FMI, OCDE, BCE, IIF y una lista inacabable de instituciones) han hecho públicas unas previsiones que señalan la clara desaceleración, del crecimiento de la economía mundial, a la que ha contribuido la generalizada austeridad fiscal impuesta en la eurozona, y un más que probable estancamiento o incluso nueva recesión para el conjunto de la eurozona en 2012.
La disminución del crecimiento efectivo mundial afecta a los países emergentes y a economías que, como las del Reino Unido o EEUU, han desarrollado políticas monetarias más expansivas y políticas cambiarias más intervencionistas que las de la UE. En el caso de los países del sur de la eurozona, las economías griega y portuguesa están ya en recesión y la economía española, estancada. El débil y precario crecimiento de la eurozona se prolongará, en el mejor de los casos (sin implosión del euro), hasta 2014 como consecuencia de diferentes factores: el necesario desendeudamiento de hogares y empresas, el encarecimiento y la restricción del crédito bancario, la generalizada austeridad presupuestaria impuesta en la UE y el retroceso de la masa salarial (respecto a las rentas del capital y el ahorro) y los salarios reales, que son el componente más importante de la demanda interna.
El tercero de los temas que no han ocupado ni un minuto de los debates de la cumbre y que es, probablemente, el más crucial para el futuro de la UE es el problema de cómo compensar desde las instituciones comunitarias y la acción política el movimiento espontáneo que resulta del funcionamiento del mercado único y el euro e impulsa una creciente heterogeneidad de estructuras productivas y especializaciones entre las economías de los Estados miembros.
Durante una docena de años, antes de la crisis global, el crecimiento del PIB de los países del sur de la eurozona (con la excepción portuguesa) fue muy superior a la media de la UE. Esa brillante apariencia impulsaba la ilusión de una convergencia económica que utilizaba la evolución del PIB por habitante como indicador básico. Debajo de esa superficie de notable crecimiento económico pasaban inadvertidos los flujos de ahorro de los países centrales de la UE que impulsaban en los países periféricos un crecimiento desorbitado de la burbuja inmobiliaria y una especialización en servicios protegidos de la competencia, de bajo valor añadido y mínima cualificación laboral. Ni la pérdida de peso del sector industrial ni los elevados costes energéticos y medioambientales que comportaba un modelo de desarrollo basado en el endeudamiento de los agentes económicos privados se contabilizaban en la estimación del agregado monetario que representa el PIB.
Conviene no olvidar que han sido los capitales y ahorradores alemanes, entre otros, los que han financiado la burbuja inmobiliara, las actividades protegidas insostenibles y las especializaciones indeseables. Los mercados actuaban con total ceguera. Las altas rentabilidades que proporcionaban las economías periféricas atraían unos ahorros y excedentes exteriores de inversores incapaces de apreciar la insostenibilidad de los beneficios que obtenían y de las actividades que financiaban. Los mercados no proporcionaban la más mínima información de los altos costes y riesgos que generaba un crecimiento efectivo muy superior al de los países capitalistas de mayor nivel de desarrollo y al propio crecimiento potencial de los países del sur de la eurozona.
Tras la superficie del intenso crecimiento de la economía española (al igual que las de otros países del sur de la eurozona) se estaba consolidando un sobreendeudamiento insostenible de los agentes económicos privados, un retroceso significativo del peso relativo del sector manufacturero, unas especializaciones de tipo laboral y productivo muy inconvenientes, un consumo irresponsable de recursos materiales y energéticos y una extensión irracional del cemento y el ladrillo, especialmente en el litoral mediterráneo, que suponía la pérdida irreversible de paisajes, territorios, actividades tradicionales y modos de vida. Y aceitando ese irracional modelo de crecimiento una corrupción omnipresente que penetraba y degradaba partidos políticos, instituciones y conciencias.
Antes de la crisis, se podía tener la ilusión de una eurozona capaz de impulsar la convergencia real de las estructuras productivas y los niveles de renta de los países que la integraban. Tras la crisis, se sabe que tal convergencia no se produce espontáneamente, que las actividades de mayor valor añadido y con mayor densidad tecnológica se concentran en los países que parten de mayores o mejores ventajas y que es necesario una mayor implicación institucional del poder político comunitario en la redistribución de beneficios y oportunidades a favor de los países del sur de la eurozona. Sorprende que Rajoy, como antes Zapatero, no haga la más mínima alusión a este problema que es crucial para la economía española y para la viabilidad de la UE como un proyecto y un espacio capaz de promover la solidaridad entre los socios.
Por mucho que los líderes europeos se empeñen en ignorar la heterogeneidad creciente de la eurozona, no podrán mantener por mucho tiempo una unión monetaria y un mercado único que sigan distribuyendo de forma tan desigual los beneficios y los costes que generan. Menos aún si, como solución a los desequilibrios de las cuentas exteriores (fruto de la desindustrialización y la especialización inconveniente generadas) que presentan los países del sur de la eurozona, el único plan que propugnan es una presión sobre la demanda interna que permita disminuir las importaciones y facilite un avance de las exportaciones que no exija, como hasta ahora, financiar con ahorro exterior (deuda externa) el crecimiento económico.
La única forma de conseguir esa reducción de la demanda interna consiste en disminuir los costes laborales (salarios y cotizaciones sociales a cargo de las empresas) y los gastos públicos. Y de paso, disminuir los costes fiscales (impuesto sobre beneficios y otros tributos que gravan la actividad empresarial) para que las empresas amplíen márgenes y puedan mejorar su competitividad de costes y abaratar sus exportaciones. La reducción de ingresos fiscales se compensaría, para favorecer el cumplimiento de los ritmos comprometidos de reducción de los déficits públicos, con incrementos de impuestos indirectos y tasas y recortes de la inversión pública. ¿Cómo se mantiene un proyecto común que sólo ofrece a una parte de los socios un horizonte de empobrecimiento masivo y mayores niveles de exclusión social? ¿Cómo mantener el apoyo de la ciudadanía a un proyecto insolidario de unidad europea que aumenta la desigualdad social y territorial y no garantiza la salida de la crisis de todos sus miembros?
Cambiar el rumbo y las políticas que imponen las instituciones europeas
La crisis financiera y económica que atenaza a la economía mundial y, especialmente, a la eurozona sigue demostrando un gran potencial destructivo. Las fuerzas conservadoras que ejercen el poder en las instituciones y gobiernos de la UE están imponiendo (no sólo pretendiendo) una salida antisocial que reduce derechos laborales, deteriora los bienes públicos y la protección social que ofrecen los Estados y alienta una devaluación interna en los países del sur de la eurozona que reduce el bienestar de la mayoría de la población, aumenta la desigualdad social y pone en riego de exclusión a una parte importante de los trabajadores de menor renta.
Esa salida antisocial es también una salida antieconómica, pues propicia la destrucción de tejido productivo viable y cualificaciones laborales y el retroceso de la inversión productiva pública y privada que reduce el crecimiento potencial.
Y es también una salida antieuropea, ya que empobrece a los países del sur de la eurozona, impulsa los niveles de desigualdad existentes, promueve la insolidaridad y pone en cuestión el proyecto de construcción de la unidad europea.
Las políticas de austeridad generalizada y disciplina fiscal que pretenden sostenerse en el endurecimiento de las sanciones son ineficaces para lograr los objetivos que se proponen. No pueden aplicarse sin generar graves fracturas sociales y retrocesos en las condiciones de vida y trabajo de buena parte de la población. No permiten abordar el grave problema del desempleo masivo que afecta especialmente a la economía española y que asfixia a los parados de larga duración y a los jóvenes, tanto a los que el sistema educativo sigue expulsando de las aulas sin disponer de una titulación mínima como a los que prolongan sus estudios universitarios y multiplican sus titulaciones sin encontrar empleo. No ofrecen instrumentos suficientes para abordar los problemas de déficit y endeudamiento públicos que colocan a los países del sur de la eurozona (no sólo a los periféricos) al borde de la insolvencia. Europa es, tras la última cumbre europea, más frágil, desigual e insolidaria.
Hay que intentar frenar, debilitar, deslegitimar e impedir la salida conservadora de la crisis. Tal propósito no es un objetivo imposible.