21 de febrero de 2011, 3:50
nuevatribuna.es | 17.02.2011
Era previsible que, tratándose de temas de tanta trascendencia directa para las futuras condiciones de vida de millones de personas como la reforma y abaratamiento del sistema público de pensiones, el alcance de los recortes o la naturaleza de las concesiones realizadas, los debates alcanzaran tanta intensidad. A ello contribuyó también el hecho de que las posiciones de los firmantes del pacto habían estado radicalmente enfrentadas hasta prácticamente el mismo día en el que el texto se hizo público.
Desde hace meses, la gestión de la política económica y el escenario político están marcados por la ofensiva del capital financiero europeo y sus aliados económicos, políticos y mediáticos para imponer una salida antisocial a la crisis económica. El complejo contexto sociopolítico en el que se inscribe la firma del pacto sobre las pensiones define y muestra el enorme desequilibrio de fuerzas existente entre los poderes que respaldan la ofensiva neoliberal y una izquierda social y sindical que opone una resistencia dispersa y fragmentada y que no cuenta con referentes en una izquierda política completamente desdibujada ni con una estrategia de salida progresista de la crisis. Merece la pena, por ello, seguir dedicando espacio a la reflexión sobre los pactos sociales ya firmados o aún pendientes de realizar y sus conexiones con la estrategia liberal de salida de la crisis, los escenarios que prefiguran y los nuevos obstáculos que menguan aún más las posibilidades de construir una alternativa progresista para superar la crisis.
La estrategia neoliberal para salir de la crisis
En mayo de 2010, los poderes económicos y las fuerzas políticas conservadoras y liberales que copan los órganos de gobierno de la UE y de la gran mayoría de los Estados miembros pusieron sus cartas boca arriba y manifestaron abiertamente sus intenciones. Tenían la voluntad y la fuerza para aprovechar la crisis de la deuda soberana de la eurozona y avanzar en un proyecto económico y político de salida de la crisis que consiguiera desbaratar las restricciones sociales y políticas que se oponían al libre despliegue de la lógica económica de los mercados, apuntalar el modelo de acumulación o crecimiento neoliberal que la crisis económica global había puesto en entredicho y mejorar la posición relativa del capital y de las clases y grupos sociales que concentran las mayores rentas y los grandes patrimonios.
A partir de aquella fecha, la alternativa conservadora ha avanzado un gran trecho a pesar del distanciamiento crítico que muestra buena parte de la ciudadanía y de la resistencia de una parte no mayoritaria pero tampoco insignificante de las clases trabajadoras y de la juventud de los países del sur de Europa. El diagnóstico conservador considera que los dos problemas centrales de los países periféricos de la eurozona son una muy baja y declinante productividad del trabajo y un excesivo endeudamiento público y privado. En consecuencia, prescribe a esos países una cura de caballo que pasa por una devaluación interna larga y dolorosa que combina al menos cuatro procesos:
Primero, una consolidación fiscal encaminada a reducir el déficit del sector público al 3% del PIB en 2013 y, posteriormente, una perpetuación del ajuste fiscal que garantice el equilibrio permanente de las cuentas públicas y una pronta reducción de la deuda pública hasta lograr situarla por debajo del 60% del PIB.
Segundo, un saneamiento y recapitalización del sector bancario que se apoya en las garantías y la financiación que proporciona el Estado y una reordenación del tejido empresarial de las instituciones financieras que concentre el negocio en los bancos más solventes.
Tercero, una disminución sustantiva (alrededor del 20%) de costes laborales, presión fiscal sobre las empresas y gasto público que pretende aumentar la competitividad de las exportaciones y que el consiguiente aumento de las ventas en los mercados internacionales compense la inevitable caída de la demanda interna. La reforma y abaratamiento del sistema público de pensiones o la reciente propuesta alemana de alcanzar un pacto de competitividad basado en la desvinculación entre los salarios y el comportamiento de los precios forman parte de este objetivo.
Y cuarto, una desregulación de las relaciones laborales, a la que interesadamente denominan flexibilidad, que tiene por objetivo reforzar la capacidad de decisión unilateral de las empresas, debilitar el poder sindical y dificultar la propagación de las mejoras de los salarios y las condiciones de trabajo mediante la negociación colectiva.
Con matices y ritmos diversos, no pocas inconcreciones y algunas diferencias en sus contenidos y en las formas de gestionar las reformas, ésos son los mimbres básicos que conforman la salida liberal a la crisis que comenzó a imponerse en mayo de 2010 y que siguen aplicando con gran diligencia los órganos de poder político de la UE y de los Estados miembros.
Está claro el contenido antisocial de una gran parte de las medidas de austeridad y reformas estructurales que se han impuesto o van a imponerse en los próximos meses y la injusticia que supone cargar de manera tan unilateral los costes generados por la crisis sobre las clases trabajadoras. Sin ningún pudor, se recortan derechos laborales y sociales y se desmantelan o debilitan los bienes públicos y las redes de protección social que reducen los riesgos de pobreza y exclusión y ofrecen oportunidades a los sectores sociales desfavorecidos.
No está nada claro, en cambio, que esas políticas y reformas puedan solucionar los problemas de fondo que afectan a la gestión de los contradictorios intereses nacionales y sociales que la crisis del euro ha puesto en evidencia ni, mucho menos, que contribuyan en algo a superar las debilidades estructurales y la solvencia de las economías periféricas de la eurozona. Es éste un debate abierto que sólo irá aclarándose y dando o quitando razones a medida que el paso del tiempo vaya revelando los efectos y resultados de las políticas neoliberales que se han impuesto.
A mi juicio, las políticas de austeridad y las denominadas reformas estructurales están conduciendo a las economías periféricas de la eurozona y al propio proyecto de construcción de la unidad europea hacia un callejón sin salida. La gestión liberal de la crisis que lideran Merkel y Sarkozy y respaldan los mercados y los órganos de poder de la UE aleja las soluciones cooperativas y pretende lograr dos imposibles: primero, que la rivalidad entre economías con una enorme desigualdad en su capacidad de competir resuelva problemas estructurales de especialización productiva que ocasionan la insolvencia de los socios menos avanzados o periféricos; y segundo, que mayores dosis de disciplina presupuestaria y homogeneidad de las variables monetarias (niveles de precios e intereses) acompañadas de un mayor poder sancionador comunitario permitan sortear las incoherencias, debilidades institucionales y pésimo gobierno de la eurozona.
Críticas al recorte de las pensiones y cuestiones pendientes
El Acuerdo Social y Económico concreta la oportunidad de aprovechar la crisis para iniciar una reducción progresiva de las pensiones que en el año 2027, cuando la reforma sea plenamente operativa, habrá retrasado la edad de jubilación en dos años (hasta los 67 años) para la mitad, aproximadamente, de las personas que a partir de entonces se jubilen y habrá rebajado de forma desigual pero muy significativa la cuantía de las pensiones (entre un 5% y un 20%, para la inmensa mayoría) a la que tendrían derecho de haberse mantenido la situación anterior.
Un poco sofisticado ejercicio de cuantificación de la reducción de tres puntos del PIB en el año 2040, que es el impacto estimado por el Gobierno de reducción del gasto en pensiones como consecuencia del pacto, nos indica que en el caso de que la tasa de crecimiento del PIB en términos reales (euros constantes del 2010) alcance una cuantía media anual del 2% la reducción supondría 57.000 millones de euros. Una tasa de crecimiento real del PIB algo menor, del 1,5% anual, rebajaría ese ahorro a los 49.000 millones de euros constantes de 2010. Como se ve, el recorte no puede considerarse en ningún caso insignificante o marginal.
A pesar de ese sustancial abaratamiento, la reforma no garantiza la solvencia del sistema público de pensiones ni puede hacer nada para reactivar la economía o contribuir a superar las debilidades y problemas estructurales de la economía española. Simplemente, se limita a recortar derechos adquiridos, bajar las pensiones y abrir la puerta a futuras rebajas para, teóricamente, mantener el sistema.
Nada se dice en el pacto firmado sobre el número de personas, escaso o numeroso en función de cómo se resuelvan los problemas específicos de la economía española, a las que la nueva normativa condena a percibir una pensión insuficiente que les obligará a malvivir en situaciones de pobreza y exclusión social.
Los sindicatos avalan con su firma una reforma injusta y realizan una concesión ideológica esencial. Respaldan la asociación que hace el Acuerdo entre el derecho tutelado constitucionalmente a la prestación económica de jubilación con un denominado factor de sostenibilidad que establece que a partir de 2027 y cada cinco años se revisarán los parámetros fundamentales del sistema en función de la evolución que experimente la esperanza de vida a los 67 años. Se justifican así futuras rebajas de las pensiones en función exclusiva de las mejoras que se observen en la esperanza de vida tras la jubilación. Ese respaldo sindical alimenta el equívoco de identificar unas medidas restrictivas que recortan las pensiones con la sostenibilidad de las prestaciones y del propio sistema de reparto. El abaratamiento de las pensiones se convierte de este modo en la garantía sobre la que va a descansar el derecho a recibir una prestación económica de jubilación. Pensión que en muchos caso será insuficiente y necesitará ser complementada con planes privados que, de paso, permitirán mejorar la rentabilidad y la solvencia de nuestro maltrecho sistema bancario.
Con la firma del Acuerdo, la suerte y el futuro de los sindicatos quedan directamente asociados a los resultados económicos que en los próximos meses cosechen las políticas económicas gubernamentales y a los resultados que consiga el PSOE en próximas contiendas electorales. En ninguno de los dos casos, pese al margen de acción política y credibilidad que el logro del Acuerdo presta al Gobierno, esas cosechas pueden ser buenas en lo que más interesa a la mayoría de la ciudadanía: la evolución del paro, el empleo, la capacidad adquisitiva de los salarios, la calidad de los bienes públicos, la protección pública de los sectores sociales más desprotegidos o el acceso al crédito.
La debilidad y el desprestigio del Gobierno se van a trasmitir a sus socios y apoyos y la previsible llegada del PP al Gobierno no va a mejorar las cosas. De producirse tal escenario, va a resultar muy difícil recomponer la resistencia sindical y reiniciar un proceso de confrontación con una estrategia de salida de la crisis que no se distinguirá en demasía en sus componentes esenciales con los que se han observado a partir de mayo de 2010. Más aún cuando ese nuevo panorama se caracterizará, muy probablemente, por una marea social e ideológica que respaldará la alternativa a la crisis de la derecha conservadora y por la desorientación y debilidad de la izquierda social y política y de las propias organizaciones sindicales.
El formato de negociación que ha contribuido a alumbrar el Acuerdo Social y Económico se prolongará en los próximos meses y seguirá permitiendo disociar la estrategia conservadora para afrontar la crisis y cada uno de sus diferentes componentes. La negociación de las reformas estructurales pendientes puede ayudar a ofrecer el espejismo de una capacidad contractual de los sindicatos mayoritarios que no descansa en la capacidad de persuadir, convencer, movilizar o presionar y que sólo es tolerada mientras contribuye a mantener un clima de paz social y de colaboración que no impide y apenas puede matizar con pequeños cambios o logros marginales el despliegue de las políticas conservadoras.
Por último, resulta extraño y deplorable que en la actual situación de exclusión del mercado de trabajo de una parte muy significativa de la población activa (con 4.700.000 personas en paro) el pacto de las pensiones no recoja ni la más mínima mención a medidas de amortiguamiento o compensación que garanticen el acceso a una renta suficiente que permita una vida digna a las personas que tengan dificultades para acceder a una pensión de jubilación digna.
En los últimos veinticinco años, la economía española ha experimentado tres grandes episodios de crisis en los que las cifras del paro se han situado por encima de los tres millones de parados (en los periodos 1984-1988, con un máximo de 3.053.100 personas paradas y un pico en la tasa de paro del 21,6%; 1992-1998, con un máximo de 3.932.900 personas paradas y un techo en la tasa de paro del 24,5%; y el aún inacabado periodo iniciado en 2009, con un máximo por ahora de 4.696.600 y una tasa de paro del 20,3%). Si a esas largas interrupciones en las trayectorias laborales de millones de personas se suman unas tasas de paro que en el caso de los jóvenes menores de 25 años se sitúan en el 43% y unas tasas de actividad se desploman a partir de los 60 años (en torno al 36% entre los 60 y los 64 años e inferior al 6% entre los 65 y los 69 años) se comprenderá bien hasta qué punto las nuevas reglas de acceso a la prestación de jubilación van a poner en graves apuros a una parte significativa de la población trabajadora.
La situación de la izquierda social y sindical tras la firma del Acuerdo es más débil que antes y las posibilidades de resistir a la ofensiva de la derecha y construir una alternativa progresista son menores. Sin embargo, los factores que promueven el descontento social y la conflictividad con las políticas que propicia la derecha siguen plenamente vigentes y seguirán actuando en los próximos meses. Y se mantendrán las enormes divergencias entre los planteamientos, medidas y reformas que respaldan las fuerzas económicas y políticas dominantes y las necesidades e intereses de la mayoría de la sociedad. Y esas divergencias y el consiguiente conflicto latente pueden crecer o debilitarse al ritmo en el que mejoren o se deterioren las condiciones de vida y las expectativas de la mayoría de la población. Los sindicatos mayoritarios no van a poder permanecer al margen de esa evolución.
Al desánimo que se ha extendido en la izquierda social por la actuación de la izquierda política gubernamental se suma tras la firma del pacto de las pensiones la decepción por la entrega hecha por los sindicatos mayoritarios. La crítica al pacto sobre las pensiones debe ser tan contundente como merece su contenido, pero convendría evitar excesos innecesarios y, sobre todo, contraproducentes, porque dificultan la continuidad del necesario diálogo con las personas y organizaciones que apoyan el Acuerdo, contribuyen a simplificar los argumentos y radicalizan un debate que debe aspirar a manejar con agilidad el matiz y la complejidad. Y, sobre todo, porque nada ganan las izquierdas, los sectores progresistas y las clases trabajadoras con el avance del antisindicalismo.
La firma del Acuerdo no va a permitir recomponer el clima social, por mucho que los intereses en esa recomposición sean hoy por hoy dominantes en la sociedad española y, en mayor medida, entre los sectores vinculados a las fuerzas políticas y sindicales de mayor peso. Las denuncias de las políticas de austeridad y las reformas estructurales que van a seguir imponiendo este Gobierno y el que venga después, porque así lo requieren el mando económico-financiero y los órganos de poder político de la UE, son imprescindibles para frenar sus negativos impactos sobre las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la ciudadanía. Y son también un requisito indispensable para mantener viva la posibilidad de construir en los próximos meses o años una alternativa progresista de salida de la crisis.
Sin dejarse caer en el desánimo, la izquierda tiene que seguir impulsando las tareas de esclarecimiento crítico de la estrategia conservadora y procapitalista de salida de la crisis que se ha impuesto, de apoyo a las resistencias y reivindicaciones que se produzcan y de crítica razonada y constructiva a las posiciones sindicales y políticas que impliquen respaldo o justificación de la gestión neoliberal de la crisis.
Gabriel Flores | Economista