28 de octubre de 2010, 15:28
NUEVATRIBUNA.ES - 22.4.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
El debate sobre los velos en las aulas no es un debate menor. Merece sosiego y cuidado, porque se trata de un debate que afecta a la raíz misma de nuestro sistema de convivencia y porque implica decisiones sobre los derechos más básicos de las personas. Por tanto, hemos de evitar tanto la superficialidad escapista como el aspaviento oportunista.
Tenemos la responsabilidad de impedir que estas niñas y sus compañeros sean carne de cañón en el circo del sensacionalismo mediático o del pim-pam-pum entre “opinadores” profesionales. Más cautelas: el derecho a la educación de estos escolares ha de garantizarse de manera prioritaria. Y hemos de vacunar a nuestra sociedad ante el veneno de la intolerancia que algunos pretenden inocular al socaire de la polémica.
No obstante todo lo anterior, el debate debe abordarse, porque es inevitable. La sociedad española es ya una sociedad multicultural, que cuenta en su seno con ciudadanos procedentes de países diversos y diferentes confesiones religiosas. Y antes de que los problemas se enquisten y se agraven es preciso regular los mecanismos a través de los cuales han de hacerse compatibles los derechos individuales y las claves de nuestra convivencia colectiva establecidas en la Constitución de 1978.
A mi juicio deben diferenciarse al menos dos planos del debate: el ejercicio de la libertad religiosa y el papel de la religión en la escuela. Nuestra Carta Magna garantiza el ejercicio libre de la expresión personal y de la práctica religiosa, conforme a nuestro ordenamiento jurídico. La nueva ley anunciada por el Gobierno, recogiendo el amplio consenso social que existe al respecto, contribuirá a consolidar tales derechos para todos los ciudadanos y para todas las confesiones.
El debate más difícil y pertinente tiene que ver ahora con la presencia de la doctrina religiosa en los centros educativos. Y la posición más razonable y consecuente con la Constitución es aquella que defiende el carácter radicalmente laico de la escuela pública. En la escuela de todos solo cabe la formación en valores constitucionales, y los credos religiosos, junto a sus símbolos, deben mantenerse respetuosamente al margen. El mismo tratamiento cabe aplicar a los posicionamientos ideológicos y a los partidos políticos, por ejemplo.
El artículo 27 de nuestra ley de leyes atribuye a la función educativa del Estado la responsabilidad de alcanzar “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, y su artículo 16 establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Con estos fundamentos constitucionales, la escuela pública laica es perfectamente viable.
Nadie podrá alegar indefensión, porque el derecho a “la formación religiosa” que también garantiza la Constitución siempre podrá ejercerse en los templos y en los centros educativos privados que adopten de manera transparente un ideario religioso.
En Francia ya funciona este modelo gracias a una ley aprobada en el año 2004, y somos muchos los que consideramos que no solo resuelve con claridad problemas como el que hemos tenido recientemente en Pozuelo, sino que previene otros conflictos que se presentarán sin duda en el futuro. Porque, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el conjunto de las confesiones religiosas reclamen el mismo trato de favor que obtiene la Iglesia católica en el sistema educativo que todos pagamos con nuestros impuestos, seamos católicos o no?
En la controversia de estos días me ha parecido contradictoria la posición de aquellos que exigen la prohibición del velo en las aulas públicas, mientra manifiestan tolerancia ante la presencia de otros símbolos religiosos y preconizan el adoctrinamiento católico en asignaturas específicas.
Evitemos daño alguno a estas niñas y a todos los demás. Pero establezcamos con claridad las condiciones para una convivencia en clave constitucional. Todas las garantías para el ejercicio de la libertad religiosa. Pero la escuela pública debe preservarse como un espacio laico.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
El debate sobre los velos en las aulas no es un debate menor. Merece sosiego y cuidado, porque se trata de un debate que afecta a la raíz misma de nuestro sistema de convivencia y porque implica decisiones sobre los derechos más básicos de las personas. Por tanto, hemos de evitar tanto la superficialidad escapista como el aspaviento oportunista.
Tenemos la responsabilidad de impedir que estas niñas y sus compañeros sean carne de cañón en el circo del sensacionalismo mediático o del pim-pam-pum entre “opinadores” profesionales. Más cautelas: el derecho a la educación de estos escolares ha de garantizarse de manera prioritaria. Y hemos de vacunar a nuestra sociedad ante el veneno de la intolerancia que algunos pretenden inocular al socaire de la polémica.
No obstante todo lo anterior, el debate debe abordarse, porque es inevitable. La sociedad española es ya una sociedad multicultural, que cuenta en su seno con ciudadanos procedentes de países diversos y diferentes confesiones religiosas. Y antes de que los problemas se enquisten y se agraven es preciso regular los mecanismos a través de los cuales han de hacerse compatibles los derechos individuales y las claves de nuestra convivencia colectiva establecidas en la Constitución de 1978.
A mi juicio deben diferenciarse al menos dos planos del debate: el ejercicio de la libertad religiosa y el papel de la religión en la escuela. Nuestra Carta Magna garantiza el ejercicio libre de la expresión personal y de la práctica religiosa, conforme a nuestro ordenamiento jurídico. La nueva ley anunciada por el Gobierno, recogiendo el amplio consenso social que existe al respecto, contribuirá a consolidar tales derechos para todos los ciudadanos y para todas las confesiones.
El debate más difícil y pertinente tiene que ver ahora con la presencia de la doctrina religiosa en los centros educativos. Y la posición más razonable y consecuente con la Constitución es aquella que defiende el carácter radicalmente laico de la escuela pública. En la escuela de todos solo cabe la formación en valores constitucionales, y los credos religiosos, junto a sus símbolos, deben mantenerse respetuosamente al margen. El mismo tratamiento cabe aplicar a los posicionamientos ideológicos y a los partidos políticos, por ejemplo.
El artículo 27 de nuestra ley de leyes atribuye a la función educativa del Estado la responsabilidad de alcanzar “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, y su artículo 16 establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Con estos fundamentos constitucionales, la escuela pública laica es perfectamente viable.
Nadie podrá alegar indefensión, porque el derecho a “la formación religiosa” que también garantiza la Constitución siempre podrá ejercerse en los templos y en los centros educativos privados que adopten de manera transparente un ideario religioso.
En Francia ya funciona este modelo gracias a una ley aprobada en el año 2004, y somos muchos los que consideramos que no solo resuelve con claridad problemas como el que hemos tenido recientemente en Pozuelo, sino que previene otros conflictos que se presentarán sin duda en el futuro. Porque, ¿cuánto tiempo pasará hasta que el conjunto de las confesiones religiosas reclamen el mismo trato de favor que obtiene la Iglesia católica en el sistema educativo que todos pagamos con nuestros impuestos, seamos católicos o no?
En la controversia de estos días me ha parecido contradictoria la posición de aquellos que exigen la prohibición del velo en las aulas públicas, mientra manifiestan tolerancia ante la presencia de otros símbolos religiosos y preconizan el adoctrinamiento católico en asignaturas específicas.
Evitemos daño alguno a estas niñas y a todos los demás. Pero establezcamos con claridad las condiciones para una convivencia en clave constitucional. Todas las garantías para el ejercicio de la libertad religiosa. Pero la escuela pública debe preservarse como un espacio laico.
Rafael Simancas es diputado del PSOE en el Congreso.