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martes. 28.06.2022

La democracia salda una deuda pendiente con los trabajadores del campo

Cuando alguien, como yo, ha dedicado la parte central de su vida al mundo sindical, a intentar desde él ampliar o mejorar los derechos sociales de los ciudadanos, en general, y de los trabajadores, en particular, hay días que recibes una alegría cuando compruebas que algo que considerabas injusto ha encontrado, por fin, vías de solución.

Cuando alguien, como yo, ha dedicado la parte central de su vida al mundo sindical, a intentar desde él ampliar o mejorar los derechos sociales de los ciudadanos, en general, y de los trabajadores, en particular, hay días que recibes una alegría cuando compruebas que algo que considerabas injusto ha encontrado, por fin, vías de solución.

Eso es lo que me ha ocurrido cuando hace unos días tengo noticias, primero por la prensa, y, posteriormente, con documentos en la mano, de que se ha llegado a un acuerdo que da una solución positiva y definitiva  a la discriminación social más importante que a lo largo de los últimos cincuenta  años se ha venido manteniendo con los trabajadores por cuenta ajena del campo. Vivimos en una sociedad en la que la vorágine de acontecimientos en todos los ámbitos hace que, en muchos casos, pasen inadvertidos algunos de éstos, como el que nos ocupa, pese su relevancia social, económica e incluso política, que afecta a miles de trabajadores y sus familias.

Desde que en nuestro país se regula el sistema de Seguridad Social, allá por los años 60, el sector agrario -de gran trascendencia económica y una altísima tasa de empleo en aquellos momentos, superior al 30 por ciento en  zonas, como Andalucía, Extremadura  o algunas de las provincias que hoy conforman Castilla-La Mancha- queda fuera del Régimen General, creándose el Régimen Especial Agrario, que  en lo fundamental  ha venido manteniéndose, con  algunas modificaciones realizadas en todo este tiempo, especialmente la referida a los periodos de actividad y de no actividad.

Su regulación especial se ha defendido en base, por un lado, a las características especiales del  sistema de trabajo en el campo –campañas, climatología, etc.-, y por otro, aunque mucho menos conocido, pero eje central del sistema, a que no existía la cotización empresarial a la Seguridad Social por estos trabajadores. Ambos elementos han  dado como resultado que el conjunto de las prestaciones sociales de todo el colectivo, tanto el de cuenta ajena como el de cuenta propia, hayan sido muy inferiores a las percibidas por los trabajadores del Régimen General. A título de ejemplo, solo algunas de las importantes: el trabajador del campo no puede jubilarse hasta los 65 años, al no tener derecho a la jubilación anticipada; el importe de la pensión es siempre la mínima, al cotizarse de forma general por la tarifa mínima y no por los salarios reales; hasta ahora no han tenido, salvo los trabajadores fijos, desde hace poco tiempo, derecho a las prestaciones por desempleo; la percepción de las prestaciones por Incapacidad Transitoria no corresponden a los salarios reales que se perciben, si no por la base mínima y para que pueda acceder a ella es necesario la firma previa del empresario; el importe que un trabajador agrícola cotiza directamente a la Seguridad Social, el llamado cupón, es superior a la cotización media  de la de un trabajador del Régimen General, aunque como hemos visto su nivel de prestaciones es muy inferior.

Esta situación de discriminación ha sido largamente denunciada tanto por los propios trabajadores, como por los sindicatos de clase, CC.OO. y UGT. Las denuncias y movilizaciones han sido constantes, especialmente en las zonas donde el peso agrícola es elevado, como es el caso de Castilla-La Mancha. Encierros, marchas, huelgas, concentraciones han sido una constante. En cualquier plataforma de negociación de carácter general de los sindicatos con los diversos Gobiernos siempre, siempre, la integración de los trabajadores del campo al Régimen General ha sido reivindicada; se han realizado y firmado declaraciones de principios, compromisos, más o menos explícitos y firmes, de solución al tema;  el Pacto de Toledo en 1995 estableció la necesidad de integrar en el Régimen General de la Seguridad Social, el Régimen Especial Agrario, pero lo cierto es que hasta hace tan solo unos días, una solución definitiva nunca se había producido.

Y hoy, cuando por fin este grave problema de discriminación histórica ve encauzada su solución -tras el acuerdo suscrito entre los sindicatos CC.OO. y UGT, las organizaciones agrarias y el Gobierno- pasa sin pena ni gloria. Apenas una pequeña referencia en las noticias de agencia, un pequeño recuadro en los medios de comunicación. Parece como si fuera un tema menor, un tema sin importancia, sin trascendencia. Y quiero precisamente, sin entrar en el contenido concreto del acuerdo pactado y del camino que queda por recorrer hasta convertirse el acuerdo en Ley definitivamente, dejar constancia que este acuerdo tiene una gran trascendencia social para el colectivo afectado, sus familias y el medio rural en el que viven; son más de 40.000 en toda Castilla-La Mancha y más de 750.000 en el país, y sobre todo es un acuerdo que viene a saldar una deuda que la democracia tenía pendiente con un colectivo tan importante de ciudadanos, con el colectivo de trabajadores del campo por cuenta ajena.

Mi enhorabuena a CC.OO., a UGT, a las organizaciones empresariales y agrarias, y al Gobierno, por haber sabido llegar a un acuerdo tan largamente reivindicado y tan socialmente necesario.

La democracia salda una deuda pendiente con los trabajadores del campo
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