A menudo se ha repetido que la etimología del término “crisis” en chino-mandarín equivale a “oportunidad”. Y si bien la mayoría interpreta la equivalencia en clave de provecho colectivo, algunos se muestran últimamente muy dispuestos a quedarse la “oportunidad” para ellos solos.
Como era de esperar, la patronal española ha respondido a la invitación de Rajoy para alcanzar un acuerdo en materia laboral poniendo sobre la mesa su programa máximo. Evidentemente, Rossell, Arturo Fernández y compañía no pretenden alcanzar acuerdo algunos con los sindicatos, sino presionar al futuro Presidente del Gobierno para que convierta en ley sus propuestas regresivas.
Contratos a 400 euros mensuales, despido gratis y desalojo de funcionarios públicos. Estos son los objetivos planteados por la CEOE “para el acuerdo”. Resulta frustrante la incapacidad que muestra la representación de los empresarios españoles para actuar con un mínimo de sentido común, en beneficio propio incluso.
No reclaman estímulos públicos a la demanda, ni fluidez crediticia, ni reformas competitivas, ni ayudas a la contratación, ni mejoras en la formación de sus empleados, ni respaldo a la internacionalización de sus producciones… Piden carta blanca para explotar a sus empleados, echarles sin justificación y convertir los servicios públicos en negocios privados. Extraordinaria cortedad de miras. Y todo bajo la coartada de la crisis.
En el mismo sentido cabe interpretar otras iniciativas en ejecución desde algunos gobiernos autonómicos, como la marcha atrás en la aplicación de la Ley de la Dependencia, el copago de los servicios sanitarios o el despido de profesores en la enseñanza pública. La crisis, el peso de la deuda y las restricciones presupuestarias están sirviendo de oportunidad para muchos que nada tienen que ver con el chino-mandarín, pero que llevaban mucho tiempo esperando para meter sus manos (y llenar sus bolsillos) en los recursos destinados a los servicios de bienestar social.
Este fenómeno lo contemplaremos también en breve sobre las políticas de fiscalidad. La crisis sirve para explicar el recorte del gasto social, y sirve igualmente para justificar la subida de determinados impuestos. Al socaire de argumentos tales como la necesidad de preservar la inversión privada y el emprendimiento, se rebajará la imposición sobre las rentas del capital y los beneficios empresariales, pero al mismo tiempo, bajo la excusa de la reducción de los ingresos públicos se aumentarán los impuestos indirectos, como el IVA, que pagamos todos por igual.
Sin hablar mandarín ni haber vivido jamás en la nueva meca del capitalismo global, se nos ocurre una manera bien distinta de interpretar aquella interesante acepción del término crisis, como puerta abierta a las nuevas oportunidades. La crisis debiera servirnos cuando menos para asumir la regulación inexorable de los mercados financieros, para poner límites a la especulación en las finanzas, para asegurar la preeminencia de la política democrática sobre los poderes económicos, para encaminarnos hacia el necesario gobierno económico global, para promover la competitividad de nuestras empresas, para mejorar la educación, para cimentar los derechos sociales de todos los ciudadanos del mundo…
Si hay un ámbito, además, en el que la crisis no puede ser coartada para la conformidad o la inacción se trata del socialismo, especialmente el socialismo español que acaba de sufrir un descalabro electoral muy notable. La crisis ayuda a explicar el problema del PSOE, pero no lo justifica. La gestión que ha hecho de la crisis el Gobierno socialista ha carecido de coherencia y de solvencia a los ojos de millones de ciudadanos progresistas. Por eso, el discurso de Rubalcaba, bien construido durante la campaña, ha carecido de la credibilidad suficiente.
El 38 Congreso del PSOE constituye precisamente una gran “oportunidad”, en plena “crisis”, para construir un proyecto renovado, coherente y solvente, que responda a los retos de la España de hoy y de mañana, y que permita recuperar el crédito y la confianza de la mayoría progresista.