22 de septiembre de 2010, 15:04
NUEVATRIBUNA.ES - 14.1.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Según todos los analistas, las expectativas abiertas en torno a la recuperación de la crisis económica no significan que en la Unión Europea, y particularmente en España, se vaya a crear empleo a corto plazo. Según ha manifestado recientemente el secretario de estado de economía- reafirmando este análisis- la recuperación de las cifras del paro, anteriores a la crisis, no será posible antes del año 2015; incluso esta previsión resulta sumamente optimista. Efectivamente, la salida de la crisis no la van a visualizar los ciudadanos sino es a través de la creación de puestos de trabajo, aunque se dé la circunstancia de que sin un crecimiento de la economía, por encima del 2 por ciento, no se creará empleo en nuestro país.
El desempleo se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos y en una verdadera lacra social y un derroche económico al que no podemos ni debemos acostumbrarnos sin caer en la más extremada vileza. Dentro de las cifras globales relativas al desempleo destaca con especial virulencia las cifras del paro que afectan a los jóvenes menores de 30 años (37,4 %; 3º trimestre, EPA 2009), lo que reafirma la aseveración de que es difícil encontrar una familia en España que no tenga un joven en las listas del paro. Desde un punto de vista desglosado, el paro de los jóvenes se produce en todos los sectores: de producción, servicios, construcción y agricultura, así como en todas las comunidades autónomas- al margen del color del gobierno-, por lo que sobra la demagogia empleada por los señores Montoro y Rajoy que, todavía, no han presentado una alternativa contra el paro como no sea el tan denostado abaratamiento del despido, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios, o la reducción de impuestos, de acuerdo con los planteamientos de la CEOE.
Además, los jóvenes sufren el azote que representa la precariedad de nuestro mercado de trabajo (fraude en la contratación, rotación, y encadenamiento de contratos), que alcanza al 45,9% de los jóvenes menores de 30 años, incidiendo muy negativamente en su cualificación profesional, aumentando las cifras de siniestralidad laboral, condicionando a la baja los porcentajes de protección al desempleo, acrecentando las cifras de desempleo de larga duración, así como disminuyendo las expectativas de conseguir en su día una pensión digna, además de hacer más difícil la afiliación de los jóvenes a los sindicatos.
Con los salarios pasa lo mismo: los jóvenes en general tienen salarios por debajo de los 1000 euros, con jornadas por encima de las ocho horas, y muchos de ellos se ven obligados a realizar un trabajo intensivo, penoso, y repetitivo si quieren mantener el empleo. En este sentido ha resultado desalentadora la decisión del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) el 1,5%- afecta sobre todo a los jóvenes- en contra del criterio de los sindicatos y, lo que es más grave, en contra de lo que establece el artículo 27,1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), alejándose además del objetivo de situarlo en el 60% del salario medio neto establecido en la Carta Social Europea y por lo tanto haciendo más difícil cumplir el compromiso del gobierno de alcanzar un salario mínimo de 800 euros en la actual legislatura, lo que requerirá incrementar el SMI en más de un 13% en los dos próximos años. Esta decisión representa una regresión social al seguir dependiendo de una filosofía que basa la competitividad de las empresas en la contención salarial- que no podemos compartir, por sus efectos negativos sobre el consumo en la actual coyuntura-, y porque nos indica “más de lo mismo” a pesar de que hemos introducido conceptos nuevos y promesas de cambio recientemente: la ley de economía sostenible, el cambio de modelo productivo, o si se quiere una salida progresista a la crisis, lo que resulta incompatible con una política basada en empleos de baja remuneración, baja protección social, y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo que, todo hay que decirlo, ha fracasado, y por lo tanto no hará de las empresas españolas empresas más competitivas en un contexto económico globalizado.
La consecuencia más visible de esta situación, según UGT- Juventud, es que muchos jóvenes no pueden aplicar sus conocimientos al no encontrar un empleo adecuado a su capacitación (según Eurydice, de la UE, sólo el 40% de los universitarios españoles tienen un trabajo acorde con sus estudios) y que, con carácter general, los jóvenes al no contar con ingresos estables y suficientes, retrasan su emancipación (sólo el 28,5% de los jóvenes menores de 30 años están emancipados; 3º trimestre, EPA 2009). Como consecuencia no pueden acceder a una vivienda digna, lo que dificulta la creación de un núcleo de convivencia propio y, por lo tanto, tampoco pueden alcanzar la autonomía plena para hacerse adultos. En esta situación no es extraño que, incluso, algunos jóvenes se acerquen a situaciones de riesgo de pobreza y que diversos sociólogos hayan detectado la aparición de un modelo de actitud adolescente y juvenil: la de los “Ni-Ni”- ni estudia ni trabaja-, caracterizada por el simultáneo rechazo a estudiar y trabajar (El País, 22/ 06/ 2009). No obstante, es justo reseñar también que muchos jóvenes, ante la situación de crisis, han retomado su formación para poder optar a un puesto de trabajo, como lo demuestra el aumento de un 8% de matrículas de FP sobre el curso anterior, según el ministerio de educación.
El problema que estamos analizando es de tal magnitud que la OIT viene insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un Plan Mundial por el Empleo con especial atención a los jóvenes y la Presidencia Española de la UE ha prometido atención preferencial al problema que representa el desempleo juvenil. En España, a la cabeza de la UE en porcentajes de desempleo juvenil, resulta imprescindible y urgente poner remedio a esta situación. Este es uno de los puntos clave a tratar, entre otros asuntos, en las conversaciones abiertas relacionadas con el diálogo social.
Las alternativas que se barajan son varias y diversas:
• Búsqueda de nuevos yacimientos de empleos verdes y de alta cualificación en torno a la Ley de Economía sostenible: energías renovables y medioambientales, investigación, innovación, y nuevas tecnologías.
• Desarrollo de la Ley de Dependencia y potenciación de la educación infantil (0 a 3 años). Importante fuente de empleos de carácter social.
• Oferta de empleo público, sobre todo a través de los ayuntamientos. Proyectos de obra civil y equipamientos sociales.
• Reforma y coordinación de las oficinas públicas de empleo. Estudiar la actividad de las agencias privadas de recolocación como posible complemento subsidiario a las tareas que deben desarrollar las oficinas públicas en la labor de intermediación laboral.
• Puesta a disposición de viviendas de alquiler para jóvenes, particularmente a los desplazados en búsqueda de empleo. Facilitar la movilidad geográfica y funcional de los jóvenes.
• Apuesta por el autoempleo de los jóvenes y financiación de proyectos innovadores. Estimular la permanencia de los jóvenes en el mundo rural.
• Hacer frente al fracaso escolar y facilitar la cualificación de los trabajadores que han abandonando prematuramente la enseñanza para incorporarse a puestos de trabajo sin cualificación y que han desaparecido por la crisis económica.
• Adecuar la formación y cualificación profesional a las necesidades del mercado de trabajo. Garantizar una formación teórico- práctica, tanto desde el sistema educativo como desde las empresas.
• Revisar a fondo las modalidades de contratación y fomento del empleo de los jóvenes: contrato en prácticas, de formación, y de relevo. Bonificaciones a la reconversión de dichos contratos en fijos y, en general, a la contratación indefinida.
• Reactivar las tareas de la Inspección de Trabajo contra la economía sumergida y para frenar la precariedad laboral y, en particular, las llamadas “prácticas no laborales en las empresas”- mediante becarios- que muchas veces no son más que trabajadores “sin contrato, salario, ni derechos”, según el Consejo de la Juventud de España.
• Potenciar las Escuelas Taller y Casas de Oficios adaptando sus contenidos formativos a los emergentes yacimientos de empleo.
Éstas y otras medidas deben conformar un plan de choque integral que ponga en valor la decisión política del gobierno y de los interlocutores sociales. El plan debe ser concreto, sostenible, revisable periódicamente, y duradero en el tiempo; no se trata, por lo tanto, de medidas coyunturales o publicitarias que no resolverían el grave problema que representa el desempleo en nuestro país y particularmente el desempleo de los jóvenes.
Sólo queda esperar, eso sí, con escepticismo, cómo participa la oposición en una política de estas características y, en todo caso, desear su apoyo al imprescindible y esperado acuerdo entre el gobierno y los interlocutores sociales. Pronto comprobaremos el resultado de las conversaciones en marcha.
Antón Saracíbar es ex dirigente de UGT y miembro del Patronato de la Fundación Francisco Largo Caballero.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Según todos los analistas, las expectativas abiertas en torno a la recuperación de la crisis económica no significan que en la Unión Europea, y particularmente en España, se vaya a crear empleo a corto plazo. Según ha manifestado recientemente el secretario de estado de economía- reafirmando este análisis- la recuperación de las cifras del paro, anteriores a la crisis, no será posible antes del año 2015; incluso esta previsión resulta sumamente optimista. Efectivamente, la salida de la crisis no la van a visualizar los ciudadanos sino es a través de la creación de puestos de trabajo, aunque se dé la circunstancia de que sin un crecimiento de la economía, por encima del 2 por ciento, no se creará empleo en nuestro país.
El desempleo se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos y en una verdadera lacra social y un derroche económico al que no podemos ni debemos acostumbrarnos sin caer en la más extremada vileza. Dentro de las cifras globales relativas al desempleo destaca con especial virulencia las cifras del paro que afectan a los jóvenes menores de 30 años (37,4 %; 3º trimestre, EPA 2009), lo que reafirma la aseveración de que es difícil encontrar una familia en España que no tenga un joven en las listas del paro. Desde un punto de vista desglosado, el paro de los jóvenes se produce en todos los sectores: de producción, servicios, construcción y agricultura, así como en todas las comunidades autónomas- al margen del color del gobierno-, por lo que sobra la demagogia empleada por los señores Montoro y Rajoy que, todavía, no han presentado una alternativa contra el paro como no sea el tan denostado abaratamiento del despido, la reducción de las cotizaciones a la seguridad social de los empresarios, o la reducción de impuestos, de acuerdo con los planteamientos de la CEOE.
Además, los jóvenes sufren el azote que representa la precariedad de nuestro mercado de trabajo (fraude en la contratación, rotación, y encadenamiento de contratos), que alcanza al 45,9% de los jóvenes menores de 30 años, incidiendo muy negativamente en su cualificación profesional, aumentando las cifras de siniestralidad laboral, condicionando a la baja los porcentajes de protección al desempleo, acrecentando las cifras de desempleo de larga duración, así como disminuyendo las expectativas de conseguir en su día una pensión digna, además de hacer más difícil la afiliación de los jóvenes a los sindicatos.
Con los salarios pasa lo mismo: los jóvenes en general tienen salarios por debajo de los 1000 euros, con jornadas por encima de las ocho horas, y muchos de ellos se ven obligados a realizar un trabajo intensivo, penoso, y repetitivo si quieren mantener el empleo. En este sentido ha resultado desalentadora la decisión del gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) el 1,5%- afecta sobre todo a los jóvenes- en contra del criterio de los sindicatos y, lo que es más grave, en contra de lo que establece el artículo 27,1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), alejándose además del objetivo de situarlo en el 60% del salario medio neto establecido en la Carta Social Europea y por lo tanto haciendo más difícil cumplir el compromiso del gobierno de alcanzar un salario mínimo de 800 euros en la actual legislatura, lo que requerirá incrementar el SMI en más de un 13% en los dos próximos años. Esta decisión representa una regresión social al seguir dependiendo de una filosofía que basa la competitividad de las empresas en la contención salarial- que no podemos compartir, por sus efectos negativos sobre el consumo en la actual coyuntura-, y porque nos indica “más de lo mismo” a pesar de que hemos introducido conceptos nuevos y promesas de cambio recientemente: la ley de economía sostenible, el cambio de modelo productivo, o si se quiere una salida progresista a la crisis, lo que resulta incompatible con una política basada en empleos de baja remuneración, baja protección social, y alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo que, todo hay que decirlo, ha fracasado, y por lo tanto no hará de las empresas españolas empresas más competitivas en un contexto económico globalizado.
La consecuencia más visible de esta situación, según UGT- Juventud, es que muchos jóvenes no pueden aplicar sus conocimientos al no encontrar un empleo adecuado a su capacitación (según Eurydice, de la UE, sólo el 40% de los universitarios españoles tienen un trabajo acorde con sus estudios) y que, con carácter general, los jóvenes al no contar con ingresos estables y suficientes, retrasan su emancipación (sólo el 28,5% de los jóvenes menores de 30 años están emancipados; 3º trimestre, EPA 2009). Como consecuencia no pueden acceder a una vivienda digna, lo que dificulta la creación de un núcleo de convivencia propio y, por lo tanto, tampoco pueden alcanzar la autonomía plena para hacerse adultos. En esta situación no es extraño que, incluso, algunos jóvenes se acerquen a situaciones de riesgo de pobreza y que diversos sociólogos hayan detectado la aparición de un modelo de actitud adolescente y juvenil: la de los “Ni-Ni”- ni estudia ni trabaja-, caracterizada por el simultáneo rechazo a estudiar y trabajar (El País, 22/ 06/ 2009). No obstante, es justo reseñar también que muchos jóvenes, ante la situación de crisis, han retomado su formación para poder optar a un puesto de trabajo, como lo demuestra el aumento de un 8% de matrículas de FP sobre el curso anterior, según el ministerio de educación.
El problema que estamos analizando es de tal magnitud que la OIT viene insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un Plan Mundial por el Empleo con especial atención a los jóvenes y la Presidencia Española de la UE ha prometido atención preferencial al problema que representa el desempleo juvenil. En España, a la cabeza de la UE en porcentajes de desempleo juvenil, resulta imprescindible y urgente poner remedio a esta situación. Este es uno de los puntos clave a tratar, entre otros asuntos, en las conversaciones abiertas relacionadas con el diálogo social.
Las alternativas que se barajan son varias y diversas:
• Búsqueda de nuevos yacimientos de empleos verdes y de alta cualificación en torno a la Ley de Economía sostenible: energías renovables y medioambientales, investigación, innovación, y nuevas tecnologías.
• Desarrollo de la Ley de Dependencia y potenciación de la educación infantil (0 a 3 años). Importante fuente de empleos de carácter social.
• Oferta de empleo público, sobre todo a través de los ayuntamientos. Proyectos de obra civil y equipamientos sociales.
• Reforma y coordinación de las oficinas públicas de empleo. Estudiar la actividad de las agencias privadas de recolocación como posible complemento subsidiario a las tareas que deben desarrollar las oficinas públicas en la labor de intermediación laboral.
• Puesta a disposición de viviendas de alquiler para jóvenes, particularmente a los desplazados en búsqueda de empleo. Facilitar la movilidad geográfica y funcional de los jóvenes.
• Apuesta por el autoempleo de los jóvenes y financiación de proyectos innovadores. Estimular la permanencia de los jóvenes en el mundo rural.
• Hacer frente al fracaso escolar y facilitar la cualificación de los trabajadores que han abandonando prematuramente la enseñanza para incorporarse a puestos de trabajo sin cualificación y que han desaparecido por la crisis económica.
• Adecuar la formación y cualificación profesional a las necesidades del mercado de trabajo. Garantizar una formación teórico- práctica, tanto desde el sistema educativo como desde las empresas.
• Revisar a fondo las modalidades de contratación y fomento del empleo de los jóvenes: contrato en prácticas, de formación, y de relevo. Bonificaciones a la reconversión de dichos contratos en fijos y, en general, a la contratación indefinida.
• Reactivar las tareas de la Inspección de Trabajo contra la economía sumergida y para frenar la precariedad laboral y, en particular, las llamadas “prácticas no laborales en las empresas”- mediante becarios- que muchas veces no son más que trabajadores “sin contrato, salario, ni derechos”, según el Consejo de la Juventud de España.
• Potenciar las Escuelas Taller y Casas de Oficios adaptando sus contenidos formativos a los emergentes yacimientos de empleo.
Éstas y otras medidas deben conformar un plan de choque integral que ponga en valor la decisión política del gobierno y de los interlocutores sociales. El plan debe ser concreto, sostenible, revisable periódicamente, y duradero en el tiempo; no se trata, por lo tanto, de medidas coyunturales o publicitarias que no resolverían el grave problema que representa el desempleo en nuestro país y particularmente el desempleo de los jóvenes.
Sólo queda esperar, eso sí, con escepticismo, cómo participa la oposición en una política de estas características y, en todo caso, desear su apoyo al imprescindible y esperado acuerdo entre el gobierno y los interlocutores sociales. Pronto comprobaremos el resultado de las conversaciones en marcha.
Antón Saracíbar es ex dirigente de UGT y miembro del Patronato de la Fundación Francisco Largo Caballero.