Hace nueve años que el Partido Popular de Esperanza Aguirre consiguió la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid tras un episodio muy oscuro, el Tamayazo, que privó a los madrileños de haber contado con un gobierno de izquierdas. Desde entonces ha mantenido una forma de ejercer el poder que en mi opinión ha impedido el necesario debate político inherente a todo sistema democrático; repetidamente sus decisiones políticas de corte autoritario han impedido la posibilidad de establecer mínimos consensos degradando así la calidad democrática de la política madrileña, hoy la Asamblea de Madrid es una Institución desconocida para un gran número de madrileños aumentándose así la distancia entre la ciudadanía y los políticos regionales. Podríamos afirmar que el Gobierno regional ha gobernado practicando una política de tinte absolutista impropia de un sistema democrático; sin ninguna cortapisa los Gobiernos presididos por Esperanza Aguirre han aplicado sus medidas ultraliberales traspasando en más de una ocasión las líneas rojas, cuestión que una ciudadanía libre y con derechos no puede tolerar.
Así sus brutales ataques a la educación pública han generado tal alarma social que toda la comunidad educativa (profesores , padres y alumnos) se ha levantado en pie de guerra contra la política del Gobierno Regional.
La atención a los dependientes no fue nunca una prioridad para el Partido Popular de Madrid y sus gobiernos, su boicot sistemático y continuado a la ley ha sido una constante y hoy en Madrid ser dependiente es sinónimo de desamparo institucional.
Estos días la alarma social ha adquirido una gran intensidad a consecuencia de la política sanitaria del Gobierno del ahora Presidente Sr. González. Desde 2003 se implantó desde el gobierno de la Comunidad de Madrid un proceso privatizador que no ha contribuido en nada a mejorar la calidad y eficiencia de la asistencia, sino que ha supuesto un enorme despilfarro que ha generado una deuda sanitaria de enormes dimensiones cuya cuantía real aún no se conoce. Las repetidas agresiones a los profesionales del sector se han hecho ya insoportables para éstos, que se han visto obligados a expresar su rechazo a la política sanitaria del Gobierno con la convocatoria de una huelga que está teniendo un seguimiento masivo y que cuenta con la complicidad de la ciudadanía.
El Gobierno Regional está jugando con fuego. La ciudadanía que está sufriendo duramente una crisis que no ocasionó, no está dispuesta a soportar más recortes en sus derechos; los empleados públicos no están dispuestos a asumir más sacrificios y la crispación social puede aumentar de manera alarmante.
Ha llegado el momento de exigir responsabilidades y obligar al Gobierno Regional rectifique en su política, pues en democracia un gobierno por mucha legitimidad que tenga en las urnas no puede despreciar el total desencuentro de una gran mayoría de la población con sus políticas. La enorme alarma social generada por el plan de medidas sanitarias propuestas por el Presidente Sr. Ignacio González se ha visto ratificada con casi un millón de firmas de madrileños; una respuesta de tal contundencia exige en democracia la asunción de responsabilidades políticas. El Consejero de Sanidad no puede permanecer más días en su puesto toda vez que su ineptitud y falta de liderazgo han quedado patentes, los Directores Generales de Hospitales y Atención Primaria deben marcharse sin dilación toda vez que han quedado desautorizados de forma manifiesta por los profesionales que dependen de sus respectivos departamentos y por el rechazo de los ciudadanos a su labor.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a rectificar e iniciar un nuevo proceso en el marco del diálogo con los distintos agentes sociales y la oposición política; de no hacerlo así debería someter su política a refrendo de los madrileños mediante la convocatoria de elecciones anticipadas.