¿Hay jueces que ponen el cazo?. «El Gobierno de la Comunidad de Madrid paga compensaciones, a través de una empresa privada, Indra, a jueces, fiscales y secretarios que participan en la renovación tecnológica», sostiene un diario de tirada nacional. Posiblemente se trata de altos funcionarios que han estudiado con aprovechamiento las obras completas de aquel celebérrimo magistrado Luis Pascual Estevil de damnatio memoriae. Desde luego no son los herederos de aquel juez berlinés que dio la razón a un humilde molinero frente al todo poderoso Federico II de Prusia, que provocó que alguien admirativamente dijera: «Hay jueces en Berlín».
Me imagino a un pelotón de rábulas estajanovistas intentando zurcir una justificación legal en defensa de esa corporación de jueces, fiscales y secretarios que han cobrado su parné seguramente en función de los entorchados de cada categoría profesional. Sin embargo, parece fuera de duda que no dará con la tecla para revestir su argumentario en clave ética y ni tan siquiera estética. Mucho tendrán que darle a la sesera para darle un baldeo a la relación promiscua entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la empresa y estos altos funcionarios. Por lo demás, llama la atención esa imponente ignorancia sobrevenida que, en ciertas ocasiones, esgrimen próceres de toda laya: «Yo no sabía que… No estaba al tanto de… No me habían informado de…» Que de manera recurrente sostienen, según los casos, algún que otro ministro de economía, ciertos inspectores de hacienda. Y otros prebostes de alto coturno. Lo hacen con el mismo desparpajo que aquel maestro de la Vega que decía: «Vaya ocurrencia la de ese Pitágoras: mira que decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma de los cuadrados de los catetos. Como si la hipotenusa fuera de la capital y los catetos unos pueblerinos».
Por otra parte, visto o visto, me viene a las mientas la siguiente reflexión: ¿por qué toda actividad, en determinados niveles, tiene que estar subvencionada?
En el caso que nos ocupa: ¿no era concebible que estos juristas, de fenicia estirpe, hubieran practicado una actitud de militancia –de voluntariado, si se quiere-- a la hora de indicar de qué manera se podía modernizar tecnológicamente la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid?
Y, por extensión, ¿por qué en otros sectores de la vida pública, en su más variada extensión, se ha ido extendiendo y justificando una cierta actividad subvencionada? No tengo respuesta a este interrogante, tan sólo me queda señalar que, en ciertos casos –no en todos, por supuesto-- se ha ido corroyendo el carácter de la militancia hasta desembocar –otra vez: no en todos, por supuesto-- en actividad remunerada que acaba pareciéndose a La bien pagá y «su mardito parné». Así pues, tal vez lo más coherente sería poner un cartel en la puerta de ciertos sitios que dijera: «Prohibido el gratis et amore».