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viernes. 07.10.2022

Jóvenes y formación: cuando la víctima es culpable

La población joven española atraviesa una de las peores épocas de la historia reciente. Paciencia, se dirá, que aguanten; el único problema es que la paciencia...

Foto: Prudencio Morales

La población joven española atraviesa una de las peores épocas de la historia reciente. Paciencia, se dirá, que aguanten; el único problema es que la paciencia es incompatible con la juventud, porque la una y la otra se acaban (la juventud a fecha cierta, además).

A ese problema de difícil resolución hay que añadir el hecho nada desdeñable de que las distintas políticas con que se pretende hacer frente a la crisis y las medidas tomadas en consecuencia no sólo no favorecen la situación de la población joven, especialmente en lo que se refiere al acceso a un empleo digno de llamarse tal, sino que, de hecho, la tornan más y más insostenible.

Simplificando mucho las cosas, hay en marcha tres líneas de actuación: la nueva regulación de los contratos formativos y en práctica, el fomento del  denominado “emprendizaje” y la reforma del sistema educativo.

La primera de estas líneas no hace sino perpetuar la situación de sobreexplotación y menesterosidad laboral de que viene estando aquejada la población joven desde la reforma de 1992, y que no ha hecho sino acrecentarse con las sucesivas reformas laborales. Y es que considerar que la población de menos edad trabaja para aprender a trabajar, para “sus cosas” o “para ayudar”, esto es, considerar que el trabajo de una parte importante de la población no tiene entidad sustantiva, y por lo tanto, puede estar al socaire de decisiones más o menos arbitrarias por parte de las empresas, no deja de ser una forma de, por una parte, eludir el problema de fondo, a saber, que hay grandes bolsas de empleo de mala calidad; y, de otra parte, mirar hacia otro lado con relación a los problemas que este tratamiento genera en forma de biografías incompletas, empobrecimiento social y dependencia económica.

La segunda línea obvia que el empleo autónomo está siendo el más vapuleado en estos momentos: sin medidas específicas que garanticen su sostenibilidad, quienes trabajan bajo esta modalidad asumen todos los riesgos en una situación ya de suyo arriesgada. Las cifras son elocuentes, y la incidencia de la pobreza relativa entre este colectivo es seis veces mayor que entre la población asalariada.

Por último, la gran estrella mediática de estos últimos tiempos: la reforma educativa. Una reforma acometida al dictado de la iglesia católica, y que se superpone a toda una batería de recortes educativos que sobre mermar significativamente la calidad de la educación pública en todos sus niveles, expulsan literalmente, por la vía de la inasequibilidad, al alumnado provinente de entornos más desfavorecidos económicamente.

“Excelencia y esfuerzo”, son las dos palabras con que, a modo de conjuro, se pretende encubrir este nuevo modelo segregador y clasista de educación. Sin embargo, se hace poco hincapié en el hecho de que la situación de desempleo masivo por la que atraviesa la juventud poco o nada tiene que ver con su formación.

Los datos son bien elocuentes: durante la crisis se ha duplicado la tasa de paro de quienes cuentan con un nivel superior de educación, y esto ha sido así para todos los grupos de edad, si bien es cierto que el paro entre la población con educación superior tiene una incidencia en torno a un cincuenta por ciento menor que en su cómputo general para todos los niveles educativos.

Del mismo modo se han duplicado las cifras entre 2005 y 2013 de personas entre 25 y 34 años que, con dicho nivel formativo, se encuentran en situación de subempleo, es decir, que estando ocupados, desean trabajar más horas, que están disponibles para hacerlo y cuyas horas efectivas de trabajo en la semana de referencia son inferiores a las horas semanales que habitualmente trabajan los ocupados a tiempo completo en la rama de actividad en la que el subempleado tiene su empleo principal. En total, este colectivo suma cerca de 250.000 personas.

Por último, entre las personas que cuentan con educación superior, los datos de la EPA ponen de manifiesto que más del 10 por ciento ocupan puestos administrativos, el 9 por ciento trabaja en restauración y comercio, y el 3,5 por ciento en lo que se consideran “trabajos no cualificados”.

Estas tres facetas del vínculo real entre formación y empleo, en España y en estos tiempos, muestran bien a las claras que el problema no está en el sistema educativo, o no tanto como en la cultura empresarial y el modelo productivo de nuestro país.

Y ponen también sobre el tapete las auténticas reglas del juego: resegmentar a la población profundizando en el dumping social; proletarizar la fuerza laboral privándola del más elemental de sus derechos que no es sino el derecho a trabajar y hacerlo en condiciones dignas y por una retribución suficiente; envilecer a los colectivos más desfavorecidos haciendo recaer sobre ellos la responsabilidad, la culpa y la solución. 

Jóvenes y formación: cuando la víctima es culpable