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domingo. 26.06.2022

Insensibles hasta ayer

Hasta hace muy poco, la cotidiana reseña en los medios de información sobre los desahucios por impago de hipotecas (532 diarios), la presión de la calle, las muchas voces en contra, la denuncia en manifestaciones, foros presenciales y digitales, la asociación de los afectados, la resistencia de muchas personas a abandonar sus domicilios y la solicitud de algunos pequeños partidos (IU, ICV, UPyD) de revisar una ley a todas luces injusta, no habían

Hasta hace muy poco, la cotidiana reseña en los medios de información sobre los desahucios por impago de hipotecas (532 diarios), la presión de la calle, las muchas voces en contra, la denuncia en manifestaciones, foros presenciales y digitales, la asociación de los afectados, la resistencia de muchas personas a abandonar sus domicilios y la solicitud de algunos pequeños partidos (IU, ICV, UPyD) de revisar una ley a todas luces injusta, no habían servido para que alguno los dos grandes partidos se conmoviera ante este drama nacional. Ha sido necesaria la opinión de algunos jueces con más conciencia que el resto advirtiendo sobre la obsolescencia de una ley de 1909, la amenaza de un plante de la policía y, sobre todo, dos suicidios consumados y otro frustrado, para que el PSOE y el PP hayan decidido reunirse de prisa y corriendo para ofrecer alguna solución al problema, arropados ahora por un coro de jueces y algunos banqueros deseosos de lavar la cara a una profesión denostada y, a la vez, temerosos de que si permanecen al margen de lo que se cueza pueden salir perjudicados.

Ambos partidos se habían opuesto a la entrega de la vivienda para cancelar la hipoteca (dación en pago); el PSOE la rechazó en el Congreso con el dudoso argumento de Zapatero de que no era posible, y mientras, ha funcionado el llamado código de buenas prácticas, que no es una norma que obliga sino una recomendación a la que los bancos se adhieren voluntariamente, y como toda autorregulación de inspiración neoliberal, regula realmente poco, aunque los banqueros la han exhibido como si fuera una flor en el ojal.

El rechazo a abordar el problema era esperable en el Partido Popular, cuyos dirigentes fueron los inventores del modelo de crecimiento rápido basado en el sector inmobiliario. En 2002, Montoro, entonces ministro de Hacienda, quitaba importancia a la deuda de las familias, pues la compra de un piso programaba a largo plazo el nivel de ahorro, y calificaba de “círculo virtuoso” el circuito del empleo creado por la demanda de viviendas. En 2004, en una entrevista en ABC, Rato, vicepresidente del Gobierno, no mostraba la menor alarma, sino al contrario, por el crecimiento de las hipotecas, ya que indicaba el deseo de los españoles de convertirse en propietarios.

Por otra parte, no cabía esperar del PP algún intento de corregir la situación, dadas sus carencias en materia social y las herencias que definen sus señas de identidad. Como representantes de la vieja oligarquía, sus líderes muestran una olímpica indiferencia ante el sufrimiento de las clases subalternas, como franquistas conservan la desconfianza del dictador hacia los ciudadanos y como neoliberales desprecian a los perdedores, sobre todo, a los peor tratados por la naturaleza, por la suerte o por sus decisiones gubernamentales. Por lo tanto, por ese lado no hay sorpresas.

Tampoco las ha habido por parte del PSOE, cuando debería haberlas, pero este partido resultó infectado por el letal virus de la insolidaridad al ser mordido por el neoliberalismo, en los años ochenta, cuando quiso convertirse en un partido respetable y sólo fue un ascensor para nuevos ricos de izquierdas. Abandonó el mono de faena y la chaqueta de pana y optó por ser el partido de la gente guapa y moderna, frente a la carcundia dirigida por Fraga. ¡Cuánto daño hicieron a la causa socialdemócrata González, Boyer, Solchaga y tantos otros, que se adhirieron sin condiciones a la competitividad económica pasando por encima de la transparencia democrática, la ética ciudadana y los derechos de los asalariados!

Quienes, bajo el imperativo de la modernización de España y las exigencias del Mercado Común Europeo, promovieron sin reserva alguna la privatización de empresas y bancos públicos (Caja Postal, Banco Exterior, Banco Hipotecario) y la reconversión industrial, que era una desindustrialización que arrojaba al paro a miles de trabajadores, quedaron inmunizados ante la desgracia ajena. Desde entonces el PSOE conserva un membrete -socialista y obrero-, que no se corresponde con lo que el partido dice y, sobre todo, hace.

Así pues, la reacción del Gobierno de Zapatero, que estuvo dentro de esa lógica, no extrajo las consecuencias de lo que aportaban los datos. Hasta 2004, había unas 14.000 ejecuciones hipotecarias al año, en 2010 habían llegado a 100.000; desde 2007 hasta 2010, el ascenso de los impagos por créditos inmobiliarios había crecido un 14%. En el primer trimestre de 2011, en España se produjeron 15.546 desahucios por impago, un 37% más que en el mismo período de 2010. Según la Asociación Hipotecaria de España, desde 2008 se han producido más de 350.000 desahucios. Y 178.000 más están pendientes de ejecutar.

Hay que tener el corazón de hierro para no ver que detrás del desahucio de una vivienda hay un drama, aunque no trascienda, porque es el final de una trayectoria que empieza con la pérdida del puesto de trabajo. La resistencia al desalojo llama la atención porque es inusual, pero los desalojos sin resistencia han sido la mayoría. Miles de personas han dejado sus hogares en silencio, ocultando el motivo a los vecinos; de modo vergonzante han abandonado la casa y el barrio alegando cualquier pretexto para no admitir en público su precaria situación económica, y han ido a vivir con familiares o a apañarse como han podido en casas de amigos. Hay familias que se han dispersado al repartir sus miembros entre los domicilios de sus parientes, personas que han acabado viviendo en albergues, en un coche, en una furgoneta o directamente en la calle. Y todo eso tiene sus costes íntimos y soterrados, como la tristeza, la depresión, la desesperanza, el pesimismo y la rabia contenida, pero también políticos, como la desconfianza en el país y en sus instituciones. Y no parece ajeno a esta situación el aumento del número de suicidios, pues hemos pasado de 3.421 suicidios en 2008 a 4.500 personas en 2011.

Entre tanto, este Gobierno y el anterior han atendido de manera prioritaria el saneamiento del sector financiero con ingentes cantidades de dinero público, como si los bancos, en vez de ser los causantes de la crisis fueran las principales víctimas, a las que hay que socorrer en primer lugar, y pretenden fundar un banco “malo”, nacionalizando las pérdidas del sector, cuando había un banco bueno, el Banco Hipotecario, que se privatizó porque generaba ganancias.

Con estos antecedentes, el Gobierno y el PSOE han comenzado a hablar para intentar ofrecer una solución al problema, pero el comienzo no parece ser muy halagüeño, ya que, fieles al canovismo imperante, han dejado fuera del diálogo a las asociaciones de afectados, a las organizaciones que les apoyan y a los partidos políticos que denunciaron la situación como insostenible y solicitaron la reforma de la ley. Tanto el PP como el PSOE creen que, en conjunto, representan políticamente a la mayoría del país, pero en este asunto están equivocados, pues son los pequeños partidos los que representan el sentir mayoritario.

La larga tradición chapucera de este país, la urgencia de la situación y la mediocridad de los dirigentes de ambos partidos les pueden aconsejar hacer frente al clamor social con una solución de compromiso que palie o posponga el problema, como una moratoria cualquier otra medida que evite reformar en profundidad ley hipotecaria. Ya veremos si son capaces de hacer frente de modo responsable a un drama nacional o si sólo quieren poner un parche y apuntarse un tanto.

Insensibles hasta ayer