La reciente promulgación del Real Decreto-Ley 3/2012 supone la modificación más agresiva de la regulación del mercado de trabajo de la democracia española. La Ministra del ramo Fátima Báñez ha desoído el ejercicio de responsabilidad mostrado por los agentes sociales que desembocó en el II Acuerdo de Negociación Colectiva y ha impuesto una reforma que invierte el ordenamiento de las relaciones laborales en este país para calmar las voces de sirena que desde el FMI al Banco Central Europeo pedían una desarticulación de la normativa en España, una regresión civilista que concede amplios poderes a la parte empleadora para modificar las condiciones de trabajo. Tanto Bruselas como Angela Merkel la han saludado.
Esperanza Aguirre, con su peculiar inclinación a reinterpretar según le conviene la historia, afirmó poco después de conocer el texto, que acaba "con el marco franquista que ha convertido a España en campeona mundial" del desempleo. Sin embargo, ni el Ministro de Economía Luis de Guindos, ni el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ni el presidente de CEOE Joan Rosell, ninguno de ellos se ha mostrado optimista sobre la evolución del desempleo durante los próximos meses.
Probablemente, a final de año, serán seis millones los parados y paradas, seis millones las personas que no tengan un puesto de trabajo. El problema entonces es por qué ha sido promulgada, abocando a la clase trabajadora a una conflictividad social que puede ser especialmente perjudicial para la recuperación económica.
La Ministra de Trabajo insiste en que la norma recién aprobada acabará con la segmentación del mercado laboral en estables y precarios, favorecerá la creación de empleo y modernizará la negociación colectiva. Desde el principio de la crisis, distintos analistas y políticos han venido defendiendo que el elevado desempleo que soporta España se debe a la regulación nacional del mercado de trabajo, que tiene unos elevados costes de despido y una estructura de la negociación colectiva que constriñe la solvencia de las empresas, incapaces de hacer frente a los elevados salarios. No obstante, hasta el año 2008 (comienzo de la crisis), en España se creaba más empleo que en Europa con la normativa vigente hasta la promulgación del Real Decreto-Ley.
La combinación de los recortes sociales, que están dando lugar a la privatización de la sanidad y la educación públicas, con la desregulación del mercado de trabajo dará lugar al empobrecimiento de la clase trabajadora, la precarización del mercado laboral y la profundización de las diferencias entre rentas, de modo que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres, más pobres.
El Real Decreto-Ley, también, aprovechando el elevado desempleo, introduce una serie de elementos que no sólo desregulan el mercado de trabajo, sino que conceden amplios poderes de decisión al empresario: facilita el despido, elimina la autorización administrativa en la tramitación de un ERE, , presume que existe fraude a la Seguridad Social por parte de los trabajadores (de ahí que se proponga un Plan Especial de la inspección de Trabajo) y persigue el absentismo, en un intento por criminalizar al empleado y santificar al empleador.
Esta reforma no va a paliar, en todo caso, el grave problema del paro que sufre España. Únicamente, constituye un hito más en el desmantelamiento programado de los derechos sociales, en la mercantilización de las personas, en la confirmación de un modelo de sociedad profundamente desigualitario.
En los próximos años, la precariedad cercará a los trabajadores, que no podrán contratar servicios educativos y sanitarios porque no podrán pagarlos. El Gobierno se obstina en cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Se niega a poner en marcha una reforma fiscal, en resolver el problema de la fluctuación del crédito, el problema de la solvencia de empresas y Administraciones Públicas. Sigue pensando que calmando la presión que ejercen los mercados financieros sobre la deuda soberana, se recuperará la competitividad, sin hacer una reflexión de calado sobre el proceso de construcción europea y las reivindicaciones que deben plantearse en Bruselas.
El Gobierno ha optado por dinamitar el Diálogo Social y desregular agresivamente el mercado laboral, en cargar sobre la espalda de los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis, insisto. La respuesta sindical debe ser proporcional, debe evitar que la clase trabajadora sea la cómoda ficha de recambio cuando las políticas neoliberales nos han llevado a esta situación insostenible. Tenemos que conseguir que se de marcha atrás a la reforma laboral y se abra un proceso de negociación que realmente resuelva los problemas y no genere más. Seis millones de parados es una cifra inadmisible para una sociedad como la española. UGT no lo va a tolerar.