Es de agradecer que al menos en el ámbito de la fiscalidad los dos grandes partidos hayan aclarado públicamente sus intenciones concretas, más allá de los propósitos obvios. El candidato socialista apuesta por aumentar los ingresos procedentes de los grandes patrimonios y de la banca. El candidato popular se niega a aumentar la presión fiscal, y quiere bajar los impuestos a los emprendedores.
Generalmente las preguntas relacionadas con la fiscalidad se plantean en un orden equivocado. Antes de resolver la disyuntiva sobre la subida o la bajada de impuestos resulta necesario responder a una cuestión anterior: ¿para qué? ¿Qué objetivos y necesidades queremos cubrir con los recursos obtenidos? Si tenemos clara la respuesta a esta pregunta, será más fácil despejar las incógnitas subsiguientes: ¿cuántos impuestos?, ¿qué impuestos?, ¿a quién cobrárselos?, ¿cómo? y ¿cuándo?
Desde una perspectiva progresista, el horizonte de la política fiscal a aplicar en España ha de situarse en Europa. Los españoles necesitamos recursos públicos para estimular la demanda, reactivar la economía y situar nuestros parámetros de desempleo en la media de nuestros vecinos más avanzados. Y los españoles necesitamos recursos públicos para consolidar nuestro sistema de bienestar, articulando unos servicios y unas prestaciones sociales equiparables a las propias de los países europeos más desarrollados. Para eso queremos el dinero. Por eso necesitamos más impuestos.
La presión fiscal en España aún se sitúa entre seis y ocho puntos por debajo de la media en la Unión Europea, y entre quince y dieciocho puntos por debajo de aquellas sociedades a las que aspiramos a parecernos, como Suecia, Dinamarca o Alemania. El nivel de nuestros impuestos solo está por encima de Rumania, Eslovaquia o Irlanda. Y no es posible contar con servicios y prestaciones del primer mundo si aplicamos impuestos del segundo o del tercer mundo. Si queremos un progreso a la europea, necesitamos impuestos a la europea. Quien sostiene lo contrario, miente.
La doctrina neoliberal que aún abrazan Rajoy, Montoro, Pons y compañía, mantiene que bajando los impuestos, especialmente a las rentas más altas, se logran crecimientos mayores en la producción del país y que, gracias a la “mano invisible” de los mercados, estos recursos se transforman en prosperidad general y puestos de trabajo. El precursor de estas políticas fue Ronald Reagan y los Estados Unidos aún arrastran la deuda formidable que ocasionó el fracaso de aquel modelo. Tan solo los fanáticos del Tea Party defienden ya estas teorías, de las que abominan los conservadores europeos más serios. La experiencia ha demostrado que las grandes bajadas de impuestos no conducen a la prosperidad general, sino a los privilegios de unos pocos y al desastre para las mayorías.
Una vez aclarado el ¿para qué? (para salir de la crisis y blindar el Estado de Bienestar) y el ¿cuánto? (a medio plazo, hasta la presión fiscal media en Europa), cabe responder a las demás preguntas. Rubalcaba es consciente de que en un contexto de crisis como el actual no pueden aumentarse los impuestos a las clases medias y, desde luego, a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ahora bien, el otro gran principio de la fiscalidad progresista, junto a la suficiencia, es la justicia. ¿Cabe pedir un esfuerzo especial a los patrimonios más ricos del país? En otros países se han mostrado incluso voluntarios para pagar más impuestos. ¿Y es oportuno reclamar un mayor esfuerzo fiscal a los bancos, cuando sus errores están en el origen de la crisis y cuando han resuelto sus problemas merced al sacrificio general? La mayoría opina que sí.
Por el contrario, el PP plantea “bajar los impuestos a los emprendedores”. ¿Qué impuestos? El tipo real aplicable en el impuesto de sociedades está ya por debajo del 24%, de los más reducidos de Europa. La panoplia de desgravaciones y bonificaciones fiscales al emprendimiento es ya muy importante. Los emprendedores no necesitan bajadas de impuestos. Necesitan financiación y actividad. Y en otras crisis hemos aprendido que cuando escasea la financiación y la actividad privada, el Estado ha de tomar el relevo. Y para eso hacen falta recursos, es decir, impuestos a los que pueden pagarlos.
La convergencia fiscal con Europa no debiera limitarse, sin embargo, a los objetivos de bienestar o a los niveles de presión impositiva, que ya es importante. Deberíamos asumir retos comunes en la fiscalización de las transacciones financieras y en el combate al fraude fiscal y a los “paraísos fiscales”, en los que aún se delinque con impunidad.