3 de septiembre de 2009, 4:15
NUEVATRIBUNA.ES - 14.4.2009
De nuevo, la jerarquía eclesiástica, con sus declaraciones, pronunciamientos y campañas en torno a la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo contribuye a radicalizar a la ciudadanía. Y eso que nuestra sociedad, no parece excesivamente interesada en las cuestiones de fondo que nos llevan necesariamente a la raíz de las cosas. Con su discurso en torno a este y otros asuntos los jefes religiosos españoles señalan a la democracia o gobierno del pueblo, como responsable de no se sabe qué crímenes, faltan al respeto a las personas y vulneran el sentido de la justicia, entendida como equidad.
En esta y otras ocasiones y siempre que la jerarquía religiosa arremete contra los acuerdos o proyectos de los parlamentarios electos o del gobierno que emana de la soberanía popular, la sociedad española recibe, en su conjunto, la reprimenda de quienes no se resignan a desempeñar el papel asignado por la Constitución. Cuando las autoridades eclesiásticas intentan presionar al gobierno, que lo es de todos, incluso de los que no le han votado, incluso de los obispos, arzobispos y demás cargos religiosos, están sustituyéndonos en nuestro papel social y ciudadano de ejercer el control sobre nuestros gobernantes. La jerarquía religiosa tiene que saber que la ciudadanía de este país es mayor de edad, tiene capacidad de discernimiento y no necesita que nadie hable por ella y mucho menos que le digan lo que tiene que pensar, decir o hacer. Sería mucho mejor para todos, incluida la propia iglesia, que asimilase y se viese a sí misma como lo que es: una institución privada, cuya misión no es la de orientar las políticas de los gobiernos, sino la de dar doctrina a sus fieles, en el interior de sus templos.
La campaña puesta en marcha por la iglesia católica en la que se mezcla la protección del lince ibérico, en contraposición a un bebé de un año y pico que se pregunta ¿y yo?, es una muestra clara de que para las autoridades religiosas de nuestro país todo vale para combatir al gobierno socialista. Ni siquiera los intentos de preservar la naturaleza se salvan cuando se trata de intentar manipular las conciencias para gobernarlas a favor de intereses espurios y contrarios a la protección que se debe dar a la mujer cuando más lo necesita.
Sin embargo, sus opiniones, en torno a cualquier asunto, deberían ser escuchada e incluso tenidas en cuenta, siempre que estuvieran formuladas desde el respeto a las opiniones de los demás y alejadas de la prepotencia y la soberbia de quienes consideran que son los únicos depositarios de la verdad y como consecuencia sitúan al resto en la equivocación, en el error.
La modificación de esta Ley, puesta en marcha por la ministra de igualdad, Bibiana Aído, no puede convertirse en un asunto de curas. Con sus declaraciones, Antonio María Rouco Varela y otros, convierten a la iglesia católica y la religión que representan en un esperpento anclado en posiciones inquisitoriales muy bien descritas por Benito Pérez Galdós a través de los sacerdotes guerreros sentados en torno a Zumalacárregi, en lucha contra los Cristinos y sedientos de sangre liberal. Rouco Varela debería ser más respetuoso con el gobierno del pueblo, con las leyes que emanan del mismo y sobre todo con las mujeres. Porque al mismo tiempo que arremete contra el aborto, aunque este no sea el debate de hoy, dice que son pecado los anticonceptivo.
Lo que aparece cada vez con más claridad, es que detrás de todos los anatemas contra la interrupción voluntaria del embarazo, subyace la necesidad de controlar las mentes y a través de ellas los cuerpos. Pero, si se piensa bien, el cuerpo es lo único que realmente tenemos y, como tal, debemos protegerlo, cuidarlo y también decidir sobre él en cada momento. Aunque, como es lógico, las decisiones, cualquiera de ellas, están condicionadas por las circunstancias familiares, económicas, vitales….
Las pretensiones de los representantes de la iglesia católica de influir en las leyes a través de la presión de sus más fanáticos seguidores, buscan desgastar al gobierno montándole un cristo cada vez que sus iniciativas marcan con claridad la separación entre la Iglesia y el Estado. Para ello, Rouco Varela necesita un apoyo social frente a la modificación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ignora o prefiere ignorar que la persona embarazada igual que la que no lo está, tiene la capacidad de tomar decisiones y que no hay decisión más personal que la de interrumpir un embarazo. Una decisión, siempre dramática, que debe gozar del mayor respeto. Nadie debería querer utilizar los momentos de vulnerabilidad y el dolor de los demás para hacer sus particulares cruzadas a favor de la vida, o de cualquier otro interés, sobre todo, cuando quienes dicen defender la vida de los no natos, de los embriones y fetos, desprecian la vida de las mujeres si estas corren peligro por un embarazo poco viable. También las vidas de las mujeres y las de los hombres son puestas en riesgo cuando desde los pulpitos se considera pecado el uso de anticonceptivos en general y de preservativos en particular. Esa misma jerarquía puede sin rubor, oponerse frontalmente al derecho de la mujer a interrumpir su embarazo y, a renglón seguido, defender o no condenar como hizo durante la dictadura del general Francisco Franco, la pena de muerte, y en otras épocas no tan lejanas, el tribunal de la Santa Inquisición, puesto de nuevo en funcionamiento durante el reinado de Fernando VII (Siglo XIX).
La modificación de la Ley del aborto avanza en el camino de garantizar a las mujeres y a los profesionales de la medicina la protección necesaria para poder hacer uso de un derecho que, tras su desarrollo y ampliación, impida que acogerse a el pueda tener negativas consecuencias sociales o penales posteriores.
Cuando esta modificación de la Ley haya pasado el trámite parlamentario y conseguido la bendición de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, tendremos un marco jurídico mejorado y con ello un gobierno del pueblo de más calidad, con mayor respeto a sus ciudadanas y ciudadanos y con un sentido de la justicia fortalecido.
Carmen Rivas es periodista y Directora del Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
De nuevo, la jerarquía eclesiástica, con sus declaraciones, pronunciamientos y campañas en torno a la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo contribuye a radicalizar a la ciudadanía. Y eso que nuestra sociedad, no parece excesivamente interesada en las cuestiones de fondo que nos llevan necesariamente a la raíz de las cosas. Con su discurso en torno a este y otros asuntos los jefes religiosos españoles señalan a la democracia o gobierno del pueblo, como responsable de no se sabe qué crímenes, faltan al respeto a las personas y vulneran el sentido de la justicia, entendida como equidad.
En esta y otras ocasiones y siempre que la jerarquía religiosa arremete contra los acuerdos o proyectos de los parlamentarios electos o del gobierno que emana de la soberanía popular, la sociedad española recibe, en su conjunto, la reprimenda de quienes no se resignan a desempeñar el papel asignado por la Constitución. Cuando las autoridades eclesiásticas intentan presionar al gobierno, que lo es de todos, incluso de los que no le han votado, incluso de los obispos, arzobispos y demás cargos religiosos, están sustituyéndonos en nuestro papel social y ciudadano de ejercer el control sobre nuestros gobernantes. La jerarquía religiosa tiene que saber que la ciudadanía de este país es mayor de edad, tiene capacidad de discernimiento y no necesita que nadie hable por ella y mucho menos que le digan lo que tiene que pensar, decir o hacer. Sería mucho mejor para todos, incluida la propia iglesia, que asimilase y se viese a sí misma como lo que es: una institución privada, cuya misión no es la de orientar las políticas de los gobiernos, sino la de dar doctrina a sus fieles, en el interior de sus templos.
La campaña puesta en marcha por la iglesia católica en la que se mezcla la protección del lince ibérico, en contraposición a un bebé de un año y pico que se pregunta ¿y yo?, es una muestra clara de que para las autoridades religiosas de nuestro país todo vale para combatir al gobierno socialista. Ni siquiera los intentos de preservar la naturaleza se salvan cuando se trata de intentar manipular las conciencias para gobernarlas a favor de intereses espurios y contrarios a la protección que se debe dar a la mujer cuando más lo necesita.
Sin embargo, sus opiniones, en torno a cualquier asunto, deberían ser escuchada e incluso tenidas en cuenta, siempre que estuvieran formuladas desde el respeto a las opiniones de los demás y alejadas de la prepotencia y la soberbia de quienes consideran que son los únicos depositarios de la verdad y como consecuencia sitúan al resto en la equivocación, en el error.
La modificación de esta Ley, puesta en marcha por la ministra de igualdad, Bibiana Aído, no puede convertirse en un asunto de curas. Con sus declaraciones, Antonio María Rouco Varela y otros, convierten a la iglesia católica y la religión que representan en un esperpento anclado en posiciones inquisitoriales muy bien descritas por Benito Pérez Galdós a través de los sacerdotes guerreros sentados en torno a Zumalacárregi, en lucha contra los Cristinos y sedientos de sangre liberal. Rouco Varela debería ser más respetuoso con el gobierno del pueblo, con las leyes que emanan del mismo y sobre todo con las mujeres. Porque al mismo tiempo que arremete contra el aborto, aunque este no sea el debate de hoy, dice que son pecado los anticonceptivo.
Lo que aparece cada vez con más claridad, es que detrás de todos los anatemas contra la interrupción voluntaria del embarazo, subyace la necesidad de controlar las mentes y a través de ellas los cuerpos. Pero, si se piensa bien, el cuerpo es lo único que realmente tenemos y, como tal, debemos protegerlo, cuidarlo y también decidir sobre él en cada momento. Aunque, como es lógico, las decisiones, cualquiera de ellas, están condicionadas por las circunstancias familiares, económicas, vitales….
Las pretensiones de los representantes de la iglesia católica de influir en las leyes a través de la presión de sus más fanáticos seguidores, buscan desgastar al gobierno montándole un cristo cada vez que sus iniciativas marcan con claridad la separación entre la Iglesia y el Estado. Para ello, Rouco Varela necesita un apoyo social frente a la modificación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ignora o prefiere ignorar que la persona embarazada igual que la que no lo está, tiene la capacidad de tomar decisiones y que no hay decisión más personal que la de interrumpir un embarazo. Una decisión, siempre dramática, que debe gozar del mayor respeto. Nadie debería querer utilizar los momentos de vulnerabilidad y el dolor de los demás para hacer sus particulares cruzadas a favor de la vida, o de cualquier otro interés, sobre todo, cuando quienes dicen defender la vida de los no natos, de los embriones y fetos, desprecian la vida de las mujeres si estas corren peligro por un embarazo poco viable. También las vidas de las mujeres y las de los hombres son puestas en riesgo cuando desde los pulpitos se considera pecado el uso de anticonceptivos en general y de preservativos en particular. Esa misma jerarquía puede sin rubor, oponerse frontalmente al derecho de la mujer a interrumpir su embarazo y, a renglón seguido, defender o no condenar como hizo durante la dictadura del general Francisco Franco, la pena de muerte, y en otras épocas no tan lejanas, el tribunal de la Santa Inquisición, puesto de nuevo en funcionamiento durante el reinado de Fernando VII (Siglo XIX).
La modificación de la Ley del aborto avanza en el camino de garantizar a las mujeres y a los profesionales de la medicina la protección necesaria para poder hacer uso de un derecho que, tras su desarrollo y ampliación, impida que acogerse a el pueda tener negativas consecuencias sociales o penales posteriores.
Cuando esta modificación de la Ley haya pasado el trámite parlamentario y conseguido la bendición de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, tendremos un marco jurídico mejorado y con ello un gobierno del pueblo de más calidad, con mayor respeto a sus ciudadanas y ciudadanos y con un sentido de la justicia fortalecido.
Carmen Rivas es periodista y Directora del Observatorio de Medios de Comunicación y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.