27 de enero de 2009, 9:07
Las huelgas en las que se mezclan derechos de los ciudadanos y derechos de los huelguistas siempre plantean dudas y rencores. Una huelga de metro, una huelga de autobuses �no digo ya de tabernas- o, como en este caso, una huelga de transportes, comportan una serie de inconvenientes para el ciudadano difíciles de asumir.
La huelga de transportes está llevando al ciudadano a la desesperación. Los atascasen las carreteras o el desabastecimiento, son consecuencias de una huelga que afecta profundamente al hombre de la calle que no tiene, por desgracia, forma alguna de superar.
No vamos a entrar en la consideración de las razones que asisten al transportista para manifestar su protesta. Sí conviene, sin embargo, reflexionar, aunque sea a vuela pluma, sobre las consecuencias que caen sobre el más inocente de la cadena: el usuario de unos servicios que ni siquiera están en huelga: la posibilidad de acceder al suministro de carburantes o el simple y elemental derecho de poder comprar las hortalizas, el pescado o la fruta. O, simplemente, el poder circular tranquilamente camino de casa tras una jornada más o menos agotadora.
El trabajador español sabe que una huelga le cuesta siempre dinero. Durante las jornadas de paro sabe que no cobrará su salario. Y el valor del paro está directamente proporcionado con un sacrificio que asume y arriesga. Lo malo es cuando el riesgo le viene de otros sectores cuyas reivindicaciones no comparte.
Durante los últimos días, hemos asistido, atónitos o cuando menos sorprendidos, a cortes de carretera ilegales, desproporcionados e injustos. Y lo que es peor, con la total pasividad de quienes en teoría deben velar porque se respete la legalidad. Cortar una carretera no entra en el derecho de los huelguistas. Que las fuerzas del orden no intervengan es, además, un disparate.
Un medio de comunicación informaba hace unos días �curioso dato anecdótico- cómo un agente que vigilaba las protestas de los transportistas, contemplaba impasible como cortaban la circulación y, a la vez, multaba a una mujer detenida por esa misma protesta y que hablaba por el teléfono móvil durante su resignada espera. Al margen de lo arbitrario del hecho, habría que preguntarse por qué se han permitido actuaciones de los huelguistas que sobrepasaban holgadamente su derecho a la huelga.
Toda huelga, toda acción de protesta tiene sus límites. Y los piquetes, también. Pero da la sensación de que el Gobierno no se ha atrevido en este caso a garantizar el derecho del ciudadano y no ha sabido marcar los límites de una huelga sobre la que �no digo que no- sus convocantes se creen perfectamente legitimados.
Partiendo de la base de que cualquier huelga que tenga que ver con el servicio público �y el transporte lo es- afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos, habrá que convenir que la pasividad del Gobierno no ha sido una buena fórmula para resolver un conflicto que no deja de ser otra cosa que la expresión de una situación económica difícil y complicada.
Le vienen a uno a la cabeza los versos del gran Dámaso Alonso. A lo peor, es así:
Unos
se van quedando estupefactos,
mirando sin avidez, estúpidamente, más allá, cada vez más allá,
hacia la otra ladera
otros
voltean la cabeza a un lado y otro lado,
sí, la pobre cabeza, aún no vencida,
casi
con gesto de dominio,
como si no quisieran perder la última página de un libro de aventuras,
casi con gesto de desprecio
cual si quisieran
volver con despectiva indiferencia las espaldas
a una cosa apenas si entrevista,
mas que no va con ellos.
Estupefactos como poco, desde luego.
La huelga de transportes está llevando al ciudadano a la desesperación. Los atascasen las carreteras o el desabastecimiento, son consecuencias de una huelga que afecta profundamente al hombre de la calle que no tiene, por desgracia, forma alguna de superar.
No vamos a entrar en la consideración de las razones que asisten al transportista para manifestar su protesta. Sí conviene, sin embargo, reflexionar, aunque sea a vuela pluma, sobre las consecuencias que caen sobre el más inocente de la cadena: el usuario de unos servicios que ni siquiera están en huelga: la posibilidad de acceder al suministro de carburantes o el simple y elemental derecho de poder comprar las hortalizas, el pescado o la fruta. O, simplemente, el poder circular tranquilamente camino de casa tras una jornada más o menos agotadora.
El trabajador español sabe que una huelga le cuesta siempre dinero. Durante las jornadas de paro sabe que no cobrará su salario. Y el valor del paro está directamente proporcionado con un sacrificio que asume y arriesga. Lo malo es cuando el riesgo le viene de otros sectores cuyas reivindicaciones no comparte.
Durante los últimos días, hemos asistido, atónitos o cuando menos sorprendidos, a cortes de carretera ilegales, desproporcionados e injustos. Y lo que es peor, con la total pasividad de quienes en teoría deben velar porque se respete la legalidad. Cortar una carretera no entra en el derecho de los huelguistas. Que las fuerzas del orden no intervengan es, además, un disparate.
Un medio de comunicación informaba hace unos días �curioso dato anecdótico- cómo un agente que vigilaba las protestas de los transportistas, contemplaba impasible como cortaban la circulación y, a la vez, multaba a una mujer detenida por esa misma protesta y que hablaba por el teléfono móvil durante su resignada espera. Al margen de lo arbitrario del hecho, habría que preguntarse por qué se han permitido actuaciones de los huelguistas que sobrepasaban holgadamente su derecho a la huelga.
Toda huelga, toda acción de protesta tiene sus límites. Y los piquetes, también. Pero da la sensación de que el Gobierno no se ha atrevido en este caso a garantizar el derecho del ciudadano y no ha sabido marcar los límites de una huelga sobre la que �no digo que no- sus convocantes se creen perfectamente legitimados.
Partiendo de la base de que cualquier huelga que tenga que ver con el servicio público �y el transporte lo es- afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos, habrá que convenir que la pasividad del Gobierno no ha sido una buena fórmula para resolver un conflicto que no deja de ser otra cosa que la expresión de una situación económica difícil y complicada.
Le vienen a uno a la cabeza los versos del gran Dámaso Alonso. A lo peor, es así:
Unos
se van quedando estupefactos,
mirando sin avidez, estúpidamente, más allá, cada vez más allá,
hacia la otra ladera
otros
voltean la cabeza a un lado y otro lado,
sí, la pobre cabeza, aún no vencida,
casi
con gesto de dominio,
como si no quisieran perder la última página de un libro de aventuras,
casi con gesto de desprecio
cual si quisieran
volver con despectiva indiferencia las espaldas
a una cosa apenas si entrevista,
mas que no va con ellos.
Estupefactos como poco, desde luego.