31 de agosto de 2010, 14:18
NUEVATRIBUNA.ES - 30.8.2010
El Gobierno socialista de Zapatero aprobó el día 16 de junio, en vísperas del Consejo Europeo, mediante real decreto ley, una reforma laboral profunda y regresiva que facilita y abarata el despido, debilita la negociación colectiva e incrementa el poder empresarial en las relaciones laborales. Estas medidas están en vigor desde entonces, mientras sigue el proceso de su conversión en Ley, con algunas enmiendas todavía más duras, previsiblemente por el Congreso de Diputados el 9 de septiembre-. Junto con las medidas de ajuste fiscal –congelación de las pensiones, reducción salarial de empleados públicos, disminución del gasto público- adoptadas a mitad de mayo, constituye la consolidación del giro liberal y antisocial de la política socioeconómica y laboral del Gobierno, la desconsideración de sus compromisos sociales y la ruptura del diálogo social con los sindicatos. La nueva orientación gubernamental deja en una situación más insegura e indefensa a las clases trabajadoras y debilita sus derechos laborales y sociales, reduce la capacidad adquisitiva de pensionistas y trabajadores del sector público, amenaza mejoras alcanzadas en la negociación colectiva y aumenta el poder discrecional de los empresarios. La tercera reforma anunciada es el recorte de las pensiones públicas (entre el 15% y el 20%), aparcada tras las movilizaciones sindicales tras su anuncio a fines de enero y que, nuevamente, el Gobierno insiste en sacarla adelante, con el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años y la ampliación de los años para el cálculo de la base reguladora. Por último, la reforma financiera se limita a la reestructuración de las cajas con apoyo de financiación pública, sin garantizar el incremento del crédito y tendiendo a su bancarización y privatización.
En su conjunto, estas reformas constituyen un retroceso para las condiciones sociolaborales de la mayoría de la sociedad, disminuyen la protección social del Estado de bienestar y las garantías del Estado social de derecho; suponen el refuerzo de la discrecionalidad empresarial en la empresa, la prolongación del estancamiento económico y del empleo y el agravamiento de sus efectos sociales; es un intento de consolidación de los mercados financieros y los poderes económicos e institucionales a costa prolongar la salida de la crisis económica y darle una orientación regresiva.
Desde el comienzo de la crisis en el año 2008 –aún sin querer reconocer su profundidad- el Gobierno se ha encontrado en una encrucijada, hasta la primavera / verano del año 2009, entre una doble dinámica. Una, defensiva, mantener sus compromisos sociales y evitar un desgarro con los sindicatos y su propia base social. Otra, la opción liberal, su acuerdo con los ‘poderosos’ y las derechas, con una involución de los derechos sociales y laborales. Desde el otoño de ese año –sobre todo, con presupuestos para 2010 con el primer ajuste del gasto público de 50.000 millones- se desliza progresivamente hacia esa opción antisocial; su propuesta de recorte de las pensiones (29-1-2010) indica una voluntad clara en el ajuste del Estado de bienestar aunque, ante la sorpresa de la amplia indignación popular, la movilización sindical y el aislamiento parlamentario, se aparca. La presentación del plan de ajuste fiscal, con el fuerte recorte del gasto público, a mitad de mayo constata el giro estratégico de la política socioeconómica, elabora un nuevo discurso justificativo, evidencia la subordinación a los mercados financieros e instituciones europeas y expresa el cambio de sus apoyos sociales y fácticos. Con la reforma laboral manifiesta la rotundidad de su voluntad política de satisfacer a los poderosos y perjudicar a la mayoría de la sociedad, a las clases trabajadoras y desfavorecidas, aunque intenta evitar las consecuencias políticas y electorales.
Se abre una brecha entre el partido socialista y una parte de sus bases sociales. Estamos en un cambio de ciclo sociopolítico, en un escenario transitorio pero rápido, que va a definir el futuro a medio plazo y, particularmente, el cómo queda la izquierda social y el sindicalismo. Con la Huelga General del 29 de septiembre los sindicatos encabezan la respuesta sindical y popular a esta política regresiva y este giro antisocial del Gobierno. Es un paso para promover un cambio de la política socioeconómica y laboral en esta etapa de crisis económica y poder condicionar el tipo de salida a la misma.
Antonio Antón - Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
El Gobierno socialista de Zapatero aprobó el día 16 de junio, en vísperas del Consejo Europeo, mediante real decreto ley, una reforma laboral profunda y regresiva que facilita y abarata el despido, debilita la negociación colectiva e incrementa el poder empresarial en las relaciones laborales. Estas medidas están en vigor desde entonces, mientras sigue el proceso de su conversión en Ley, con algunas enmiendas todavía más duras, previsiblemente por el Congreso de Diputados el 9 de septiembre-. Junto con las medidas de ajuste fiscal –congelación de las pensiones, reducción salarial de empleados públicos, disminución del gasto público- adoptadas a mitad de mayo, constituye la consolidación del giro liberal y antisocial de la política socioeconómica y laboral del Gobierno, la desconsideración de sus compromisos sociales y la ruptura del diálogo social con los sindicatos. La nueva orientación gubernamental deja en una situación más insegura e indefensa a las clases trabajadoras y debilita sus derechos laborales y sociales, reduce la capacidad adquisitiva de pensionistas y trabajadores del sector público, amenaza mejoras alcanzadas en la negociación colectiva y aumenta el poder discrecional de los empresarios. La tercera reforma anunciada es el recorte de las pensiones públicas (entre el 15% y el 20%), aparcada tras las movilizaciones sindicales tras su anuncio a fines de enero y que, nuevamente, el Gobierno insiste en sacarla adelante, con el incremento de la edad de jubilación de 65 a 67 años y la ampliación de los años para el cálculo de la base reguladora. Por último, la reforma financiera se limita a la reestructuración de las cajas con apoyo de financiación pública, sin garantizar el incremento del crédito y tendiendo a su bancarización y privatización.
En su conjunto, estas reformas constituyen un retroceso para las condiciones sociolaborales de la mayoría de la sociedad, disminuyen la protección social del Estado de bienestar y las garantías del Estado social de derecho; suponen el refuerzo de la discrecionalidad empresarial en la empresa, la prolongación del estancamiento económico y del empleo y el agravamiento de sus efectos sociales; es un intento de consolidación de los mercados financieros y los poderes económicos e institucionales a costa prolongar la salida de la crisis económica y darle una orientación regresiva.
Desde el comienzo de la crisis en el año 2008 –aún sin querer reconocer su profundidad- el Gobierno se ha encontrado en una encrucijada, hasta la primavera / verano del año 2009, entre una doble dinámica. Una, defensiva, mantener sus compromisos sociales y evitar un desgarro con los sindicatos y su propia base social. Otra, la opción liberal, su acuerdo con los ‘poderosos’ y las derechas, con una involución de los derechos sociales y laborales. Desde el otoño de ese año –sobre todo, con presupuestos para 2010 con el primer ajuste del gasto público de 50.000 millones- se desliza progresivamente hacia esa opción antisocial; su propuesta de recorte de las pensiones (29-1-2010) indica una voluntad clara en el ajuste del Estado de bienestar aunque, ante la sorpresa de la amplia indignación popular, la movilización sindical y el aislamiento parlamentario, se aparca. La presentación del plan de ajuste fiscal, con el fuerte recorte del gasto público, a mitad de mayo constata el giro estratégico de la política socioeconómica, elabora un nuevo discurso justificativo, evidencia la subordinación a los mercados financieros e instituciones europeas y expresa el cambio de sus apoyos sociales y fácticos. Con la reforma laboral manifiesta la rotundidad de su voluntad política de satisfacer a los poderosos y perjudicar a la mayoría de la sociedad, a las clases trabajadoras y desfavorecidas, aunque intenta evitar las consecuencias políticas y electorales.
Se abre una brecha entre el partido socialista y una parte de sus bases sociales. Estamos en un cambio de ciclo sociopolítico, en un escenario transitorio pero rápido, que va a definir el futuro a medio plazo y, particularmente, el cómo queda la izquierda social y el sindicalismo. Con la Huelga General del 29 de septiembre los sindicatos encabezan la respuesta sindical y popular a esta política regresiva y este giro antisocial del Gobierno. Es un paso para promover un cambio de la política socioeconómica y laboral en esta etapa de crisis económica y poder condicionar el tipo de salida a la misma.
Antonio Antón - Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid