20 de septiembre de 2010, 15:11
En el proceso previo a la decisión del Gobierno sobre la central nuclear de Garoña, da la impresión de que hemos asistido a la representación de una comedia de enredo, en la que sucesivas insinuaciones llevan al espectador a pensar en uno u otro desenlace, hasta que al final sucede lo que tenía que suceder, en este caso que las todopoderosas eléctricas se salen con la suya (siempre ganan los buenos, ya lo saben) y la opinión pública, mayoritariamente antinuclear, se queda con una confusión de no te menees, tratando de entender si finalmente se cierra o no Garoña y con la sensación generalizada de que los políticos dicen unas cosas y hacen otras, algo que, por lo demás, tampoco es nuevo.
La decisión de prorrogar dos años la vida de la caduca instalación ha supuesto un derroche innecesario de activos socialistas en el sector de simpatizantes y votantes más implicados en la defensa del medio ambiente, que hace que muchos ciudadanos echen de menos una representación del ecologismo político, que parece que el PSOE se resiste a cubrir, a pesar de que seamos miles los militantes que defendemos esa posición desde sus filas. Es verdad que el Presidente ha intentado reconducir la impresión generalizada de fiasco, con el compromiso de una ley que fije su fecha de cierre definitivo y que ha anunciado la apertura del debate sobre la energía nuclear, que lleva años necesitándose, para fijar claramente los objetivos de España en el campo energético para las próximas décadas. Ambas cosas son positivas, pero vienen a ser como una tirita en la enorme grieta que se le ha abierto al Gobierno en el campo ecologista, porque la incertidumbre y la desconfianza ya han sido sembradas.
A nadie se le escapa que, por una parte, el Gobierno no cumple con el programa con el que se presentó a estas elecciones y por otra lo fía al resultado de las próximas en todo caso, pues aunque se concretase por ley la fecha de cierre en 2013, una mayoría parlamentaria diferente podría perfectamente cambiar la ley, encima con los costes políticos pagados por el PSOE por anticipado. En cuanto al debate nuclear, claro que hay que hacerlo, pero, después de este espectáculo ¿con qué posición política va a afrontarlo el Gobierno y el PSOE? ¿Con la de Jesús Caldera, defensor de las energías renovables y antinuclear, la de Felipe González, partidario de las nucleares o va a dejárselo también para que lo decidan las próximas Cortes tras las elecciones generales cuando toquen? Mucho nos tememos los que estamos en estas cosas de la ecología y el desarrollo sostenible que se confirmen nuestros peores augurios, anunciados cuando se hizo desaparecer el Ministerio de Medio Ambiente y se quitó de en medio a Cristina Narbona, y que la contrarreforma ecológica de tinte neoliberal y neodesarrollista cabalgue al socaire de la crisis económica.
Creo que ha llegado el momento de que el ecologismo socialista, el movimiento social ecologista y los sindicatos, que siempre han tenido posturas claras al respecto de que la energía nuclear no es el camino hacia la suficiencia sostenible de nuestro modelo energético, se planteen un trabajo serio de presión política y social porque, si no, las compañías eléctricas, el lobby de los pro–nucleares cercanos al Gobierno y el grupo PRISA, claramente alineado también con ellos, se van a llevar el gato al agua, contribuyendo, de paso, a la desafección de una parte importante del bloque social de la izquierda, que es lo que hace posible resultados como el que hemos tenido en las últimas elecciones europeas.
Pedro Díez Olazábal participó en la fundación del Sindicato de Enseñanza de CC.OO y ha estado siempre vinculado a los movimientos sociales. Ha desempeñado los cargos de Alcalde de Arganda del Rey, diputado de la Asamblea de Madrid y Vicepresidente Tercero, portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Presidente de la Asamblea de Madrid.