Desde aproximadamente la segunda mitad de la década de los ochenta, las políticas de desregulación del mercado de trabajo buscaron, mediante la introducción de la figura jurídica de la contratación temporal, resolver uno de los problemas estructurales de la economía española: el desempleo. El resultado de tal dislate legislativo fue la segmentación del mercado laboral en estables y precarios, una temporalidad cercana a los treinta puntos porcentuales que permaneció aún durante el boom inmobiliario, la distribución inequitativa del crecimiento económico –ejemplificada en el tipo retributivo ddel mileurista– y, también y menos conocido, aunque no por ello menos importante, el aumento de la abstención, de la desconfianza de cierto segmento de la ciudadanía en la acción de gobierno. Los sindicatos de clase no tardaron en percibir cuál era el resultado de tales políticas: el desencadenante de la huelga general del 14 de diciembre de 1988 fue el Plan de Empleo Juvenil (PEJ) propuesto por el Gobierno. Tiempo después, los acuerdos interconfederales firmados en 1997 permitieron corregir algunos de estos desequilibrios. La huelga del 20 de junio de 2002 se planteó contra la introducción de criterios de selección que condenaba a la fuerza de trabajo a la desclasificación profesional, esto es, la ruptura de toda posibilidad de carrera, pasando a ser los trabajadores y trabajadoras meros sujetos pasivos de los caprichos del mercado. La recuperación del Diálogo Social a partir de 2004 permitió poner coto de nuevo a tales problemas estructurales, si bien es cierto que de una forma insuficiente.
Hoy, el 34.4% de los ocupados y ocupadas, más de una tercera parte de los mismos, perciben menos de 1.200 euros brutos al mes. De acuerdo con los datos de la agencia tributaria, en 2006 este porcentaje era del 48%. Los excesos de un modelo de crecimiento con vocación cortoplacista, que ahuyentó toda tentativa de sostenibilidad en el tiempo, por ejemplo, destinando parte de la acumulación de capital precedente hacia la innovación tecnológica y hacia nichos de mercado que aumentaran la competitividad de la economía española, adaptándose a la muy respetable cualificación de una de las generaciones de trabajadores y trabajadoras más preparadas de la historia de España, estalló finalmente en la Puerta del Sol. Tal mentalidad cortoplacista está en el origen de los profundos problemas que hoy padece el mercado laboral.
Frente a problemas de este calado, que entrañan una complejidad indiscutible, parece que las soluciones aportadas por ciertos sectores del empresariado y del arco parlamentario conservador, tienen un mismo color desregulador: el contrato único o, directamente, la aplicación del Código Civil a la regulación de las relaciones contractuales de trabajo, y la desaparición de la negociación colectiva, propuesta ésta última que parece desprenderse de la última voluntad de la CEOE. El problema no es otro que devolver a España a la senda del crecimiento pasado. Sin embargo, tales soluciones no parece ser creíbles por varias razones.
Ni la Comunidad de Madrid ni mucho menos España disfrutan de una estructura productiva lo suficientemente diversificada y especializada en ramas de actividad competitivas como para traducir una revisión de la desregulación del ordenamiento laboral en dinamismo del mercado laboral, permutar derechos por creación de empleo. Lamentablemente, los puestos de trabajo generados continuarían estando sujetos al ciclo estacional de la economía española, intensiva en comercio, hostelería, transporte y turismo. Puede extraerse una lección, en este particular, del cambio sectorial que tuvo lugar desde la segunda mitad de los ochenta, coincidiendo con la reconversión industrial, cuando proliferaron los empleos de baja calidad.
En segundo lugar, la desaparición de la negociación colectiva en su forma actual tampoco resolverá ni la creación de empleo ni mucho menos la fuerte tendencia de la economía española a concentrar los frutos del crecimiento económico en las dos terceras partes de la población, excluyendo al resto. Y dentro de las primeras, con diferencias abismales entre niveles de renta. Sólo quisiera aportar un dato. Es precisamente la fuerte centralización de la negociación colectiva en Alemania el factor institucional que favoreció los acuerdos a tres bandas que permitieron, a su vez, resolver los problemas de producción y liquidez de las empresas durante los embates más fuertes de la crisis, experiencia que puso a aquél país en la ola del crecimiento dos años más tarde. Y esto es debido a que no sólo el marco laboral puede jugar un papel en la recuperación. La estructura productiva es crucial, así como el comportamiento y la composición del sector financiero, la actitud del emprendedor y el perfil del empresariado.
Resumiendo, las reformas que se invocan como necesarias para relanzar la economía española nacen con la misma mentalidad cortoplacista que reprochamos a la propia del pasado boom inmobiliario, con el agravante de que sustituirá empleo por factor trabajo, segregando a capas cada vez más amplias de población. Trabajo que impedirá participar de la riqueza en un contexto, como el de la Comunidad de Madrid, donde la educación prácticamente opera en régimen concertado y privado, el sector público está en claro retroceso y la imposición indirecta ahoga las rentas salariales. Se está pasando de la pauta de empleo a la prevalencia del trabajo, escaso, mal retribuido y en condiciones precarias.
En este orden de cosas, el movimiento sindical, y especialmente UGT, debe exigir a las autoridades políticas y al empresariado un gesto que acabe finalmente con la idea de que sólo la capacidad autorregulatoria del mercado, en un contexto bonancible de oferta de mano obra dócil y desprotegida, presionará para recuperar el pulso de la economía. Debemos exigir al empresariado un concierto a dos bandas o tres para calibrar cuál debe ser la estructura de la inversión. Debemos exigir a las autoridades políticas que preserven la pauta de empleo, garanticen las condiciones laborales y hagan de la bondad de los servicios públicos la seña de identidad de su gestión. Están en juego la cohesión social y, por tanto, el mismo orden social.