domingo 9/8/20

Ganar la pugna cultural y la legitimidad democrática

NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2010En la valoración de los resultados de la huelga general hay un ámbito fundamental: la dimensión social, el impacto sociopolítico, la reafirmación o no del sindicalismo como fuerza representativa y transformadora. Se condiciona mutuamente con el aspecto de la influencia sustantiva, pero pueden no ir en paralelo.
NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2010

En la valoración de los resultados de la huelga general hay un ámbito fundamental: la dimensión social, el impacto sociopolítico, la reafirmación o no del sindicalismo como fuerza representativa y transformadora. Se condiciona mutuamente con el aspecto de la influencia sustantiva, pero pueden no ir en paralelo. Es lo que sucede en esta ocasión, en que los resultados en la dimensión social y expresiva son más positivos que la influencia sustantiva e inmediata sobre las condiciones sociolaborales. Pero la interpretación y la gestión de ese componente son todavía más complejas y difíciles.

En primer lugar, hay que valorar el carácter profundamente democrático de este proceso de movilización sindical y ciudadana. Se trata de poner en valor la huelga general como expresión de una demanda de cambio con apoyos muy relevantes y una gran legitimidad que refleja unos objetivos generales y comunes de la mayoría de la sociedad, unos valores positivos que anidan en la conciencia social. Constituye una parte significativa de la pugna cultural por la preponderancia de unos u otros valores, la credibilidad y confianza en los representantes respectivos de los dos campos fundamentales enfrentados y la continuidad o desactivación de ese componente sociocultural que constituye el substrato de la nueva dinámica sociopolítica.

Este conflicto ha desatado una profunda pugna por ver quién se alzaba con mayor legitimidad democrática, quién representaba mejor los intereses de la sociedad. Ya se ha comentado la campaña visceral de los medios de la derecha –económica y política - contra los sindicatos, pretendiendo quitarles su representatividad y adjudicándoles un carácter violento y ‘antidemocrático’. La virulencia del ataque pretendía deslegitimar a esa nueva élite social autónoma, representativa y crítica a los poderosos que ha configurado esta acción sindical.

Vamos a analizar otros discursos provenientes del Gobierno socialista o sus cercanías, más sutiles pero con mayor capacidad persuasiva. Su primer paso es justificar la política de ajuste económico y las reformas regresivas como medios que persiguen el ‘interés general’. Sus gestores políticos (o institucionales y económicos) representarían ese interés de la sociedad. El segundo es adjudicar a los sindicatos, a la huelga general, la defensa de un interés ‘particular’ (en el mejor de los casos). El tercero es la idea de que el interés particular debe estar subordinado al interés general, aún cuando su definición haga referencia a un hipotético futuro: austeridad actual para bienestar mañana. Con ello se instrumentaliza una conciencia colectiva de justicia que legitima la acción por su correspondencia con el ‘bien común’, defendiendo valores ‘universales’ de igualdad y solidaridad frente a privilegios o particularismos. El cuarto paso lleva a una conclusión: la exigencia de rectificación va contra el interés general; los sindicatos defienden intereses parciales o corporativos y la voluntad popular se debe someter al dictado de la mayoría parlamentaria. Y el quinto, la solución: desactivación de la movilización sindical, neutralización del descontento ciudadano, subordinación de los sindicatos para, con todo ello, reforzar la escasa credibilidad y confianza en los gobernantes. Es la exigencia de subordinar la ‘parte’ (sindicatos, derechos sociolaborales) al ‘todo’ (Gobierno, ajuste económico), o bien considerar secundario el proceso de conflicto sindical, la amplia participación democrática y la dinámica de la izquierda social (como si fuera la parte) y hacerlo depender del aspecto ‘principal’ las necesidades electorales del partido socialista y su permanencia en el poder (el todo), con el chantaje emocional de que ‘todos somos de la misma familia’.

Este discurso, políticamente correcto desde la perspectiva liberal, no se corresponde con los hechos y no considera el enfoque de una democracia política, social y económica más profunda y avanzada. Sin dejar de considerar la fuente electoral de la legitimidad de los gobernantes, en este proceso los diferentes agentes políticos y sociales han cambiado de función social y representatividad; así lo ha visto la sociedad según las encuestas de opinión analizadas. Los gobernantes y la clase política han defendido fundamentalmente, o se han subordinado, a los mercados financieros, a una minoría de la sociedad, y han despreciado los intereses inmediatos y las demandas de la mayoría de sus ciudadanos. Los sindicatos han representado a la mayoría social, particularmente a las capas trabajadoras y vulnerables, y por tanto han defendido mejor el interés de la sociedad, del conjunto de la población. Los líderes políticos no tienen ahora la confianza de la población para gestionar los asuntos ‘públicos’ y generales. Los líderes sindicales, en condiciones muy desfavorables, se han ganado la credibilidad y representatividad de una parte relevante –incluso mayoritaria- de la ciudadanía que exige una rectificación. El movimiento sindical y ciudadano contra la pérdida de derechos sociolaborales ha sido amplio, con una participación activa y profundamente democrática.

Esos medios gubernamentales pretenden justificarse con dos argumentos contradictorios: a) la política del Gobierno expresa el ‘interés general’ de la sociedad; b) es una política impuesta por la UE, por los mercados financieros y, por tanto, con poco margen de maniobra para el mismo. Ante la pérdida de credibilidad de la primera, utilizan de forma defensiva la segunda para eludir sus responsabilidades. La conclusión fatalista es que la economía manda y el Estado y la política se subordinan. Es el extremo de la desvalorización de la política, la soberanía popular y la democracia para definir las políticas públicas y la gestión gubernamental e institucional, para exigir responsabilidades. Se abre el camino para tendencias autoritarias o populistas.

Se ha producido, por un lado, una pérdida de la calidad democrática de la representación del sistema político. Hay una desafección ciudadana relevante respecto de la clase política mayoritaria. Se ha generado una disociación entre preferencias de la mayoría de la sociedad y políticas adoptadas por el parlamento y el Gobierno. Por otro lado, este proceso cívico ha reforzado la calidad democrática de la sociedad, a través de una expresión pacífica y activa de sus preferencias y exigencias. La huelga general ha posibilitado la visualización de las insuficiencias democráticas del Parlamento, pero no debilita la democracia ni las instituciones democráticas. El Gobierno se debilita él mismo al no representar la opinión de la mayoría de la sociedad y, particularmente, la de sus bases sociales. Actualmente, la forma de fortalecer la democracia y el sistema parlamentario es la rectificación, el respeto a sus ‘compromisos sociales’. La superación de la desconfianza en los políticos, la desactivación de la alarma de que amplios sectores no se sientan representados por las instituciones formalmente democráticas, debe pasar por adecuar la acción de los representantes a la opinión de sus representados, no por buscar mecanismos de comunicación o coacción más eficaces para que la población acate esas decisiones impopulares.

Este proceso movilizador es un estímulo democrático, una oportunidad para la regeneración democrática del sistema político y, específicamente una ocasión para renovar profundamente el partido socialista, sus políticas y prioridades, su talante, discursos y élites dirigentes. Y, al mismo tiempo, para revitalizar la izquierda política, los movimientos sociales y el tejido asociativo. En esa medida, tendrá efectos más profundos y duraderos.

Por tanto, es necesario valorar la importancia del sistema de representación parlamentaria, de las libertades individuales y los derechos civiles y políticos, y reforzarla y completarla con los derechos colectivos y sociales junto con una democracia económico-social más participativa. Los sindicatos, en su función representativa general, defienden intereses del conjunto de la sociedad. Su influencia, su capacidad transformadora, no le viene –a diferencia de las organizaciones empresariales- de su poder económico, que es casi nulo, ni tampoco – a diferencia de la clase política y los partidos de Gobierno - de su control y gestión del poder del Estado, en cuyo ámbito su responsabilidad es escasa; su fuerza social se la reporta su capacidad representativa, sus vínculos con la sociedad, su carácter democrático. Tienen su propia fuente directa electoral y de legitimidad: además de su importante afiliación (tres millones, muy superior a la del conjunto de partidos políticos), unos seis millones de trabajadores eligen sus representantes sindicales cada cuatro años y el conjunto de asalariados (quince millones) están representados por las comisiones negociadoras de los convenios colectivos. En los procesos informativos, consultivos y de movilización popular, como ahora, pueden representar a la mayoría de la ciudadanía y defender una serie de objetivos sociopolíticos y laborales, un modelo productivo, económico y social en interés de la sociedad. El ejercicio de esa representatividad y legitimidad no tiene por qué entrar en conflicto con la representatividad parlamentaria. Pero democracia no es sólo la política y electoral siendo obsoleta la democracia social y económica. La acción sindical y cívica permite consolidar las dos, reforzando las libertades y derechos y trasladando al campo político e institucional las demandas ciudadanas.

El tipo de salida de la crisis y el modelo económico y social a construir son elementos clave que necesitan ser definidos democráticamente y con mayor participación ciudadana. La influencia de la izquierda social y el movimiento sindical sobre la orientación de las políticas socioeconómicas a corto y medio plazo -en los próximos dos a cuatro años- es decisiva para conformar el tipo de economía y sociedad de la próxima década. Esto es lo que ha aportado este proceso de huelga general, la amplia respuesta popular y la firmeza del sindicalismo. La virulencia contra ese legado retrata el carácter poco democrático de sus promotores y su resistencia al cambio aferrándose al poder. Pero también refleja que esa conciencia colectiva democrática y de justicia social es consistente, ha tenido un fuerte impacto y es un componente central del nuevo escenario sociopolítico a fortalecer. La participación ciudadana, el reconocimiento de los agentes sociales, la acción por la democracia, tan cara al sindicalismo en otras épocas y componente central de su identidad, vuelve a constituir una tarea central.

Antonio Antón - Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

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