3 de septiembre de 2009, 4:20
NUEVATRIBUNA.ES - 26.6.2009
PARA DIARIO DEL AIRE
Hace ya más de diez años (1998) que el juez Baltasar Garzón decidió emitir una orden de arresto contra Augusto Pinochet, aprovechando la estancia del dictador en Londres, que terminó siendo cumplida a pesar de los intentos en contra del gobierno de José María Aznar, y trajo consigo ulteriores investigaciones de los tribunales españoles por supuestos crímenes contra la humanidad en varios países de América Latina, así como en Ruanda y el Sáhara Occidental.
Al día de hoy, la Audiencia Nacional mantiene abiertas quince causas en distintos puntos del planeta que se atienen al principio de justicia universal. Entre ellas están los delitos de genocidio que se investigan en Guatemala y Tíbet, las torturas en Guantánamo y los crímenes de guerra en la franja de Gaza, ante los que el ministro Moratinos se mostró hace meses manifiestamente proclive a dejarse presionar por el gobierno israelí.
Fruto de esa presión, coincidente con la de dos potencias mundiales como son China y Estados Unidos, el pleno del Congreso aprobó ayer por una amplia mayoría la limitación de la ley de jurisdicción universal sobre crímenes internacionales, que a partir de ahora sólo se aplicará cuando las víctimas sean de nacionalidad española o los responsables del delito se encuentren en nuestro país.
El vigente gobierno socialista, reforzado por la oposición conservadora, ha sacrificado la defensa de los derechos humanos, en cualquiera lugar de nuestro planeta donde puedan ser vulnerados, a cambio de unas mejores relaciones diplomáticas con los países que puedan estar implicados, con lo que a partir de ahora quedan más abiertas las puertas de la impunidad para el ejercicio de la barbarie.
Lo que ayer se votó en el Congreso también fue fruto de la presión mediática de grupos conservadores como el del señor Murdoch, que paga a nuestro ex presidente Aznar. Es el caso del diario The Wall Street Journal, que abogaba por esa reforma y había mostrado su preocupación en un editorial ante el “asalto legal” del “hiperactivo” juez Baltasar Garzón contra “seis honorables” funcionarios de la administración de George Bush acusados de torturas en Guantánamo. Asimismo, un periodista de un canal de televisión propiedad de Murdoch, había advertido que esa investigación equivalía a “insultar a América” y promovía un boicot a los viajes a España mientras continuaran las diligencias, según recoge hoy el diario El Plural.
En resumidas cuentas, y tal como dijo ayer el portavoz de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que con ICV y ERC votó en contra de la reforma aprobada, la limitación de la jurisdicción universal es una legislación ad hoc encargada fundamentalmente por el gobierno de Isarael y por la que sólo brindarán con champán los halcones de Gaza o Guantánamo. El gobierno de España, juanto a la oposición conservadora, ha nacionalizado los derechos humanos. ¿Se puede seguir proclamando así la alianza de civilizaciones?
Félix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica.
PARA DIARIO DEL AIRE
Hace ya más de diez años (1998) que el juez Baltasar Garzón decidió emitir una orden de arresto contra Augusto Pinochet, aprovechando la estancia del dictador en Londres, que terminó siendo cumplida a pesar de los intentos en contra del gobierno de José María Aznar, y trajo consigo ulteriores investigaciones de los tribunales españoles por supuestos crímenes contra la humanidad en varios países de América Latina, así como en Ruanda y el Sáhara Occidental.
Al día de hoy, la Audiencia Nacional mantiene abiertas quince causas en distintos puntos del planeta que se atienen al principio de justicia universal. Entre ellas están los delitos de genocidio que se investigan en Guatemala y Tíbet, las torturas en Guantánamo y los crímenes de guerra en la franja de Gaza, ante los que el ministro Moratinos se mostró hace meses manifiestamente proclive a dejarse presionar por el gobierno israelí.
Fruto de esa presión, coincidente con la de dos potencias mundiales como son China y Estados Unidos, el pleno del Congreso aprobó ayer por una amplia mayoría la limitación de la ley de jurisdicción universal sobre crímenes internacionales, que a partir de ahora sólo se aplicará cuando las víctimas sean de nacionalidad española o los responsables del delito se encuentren en nuestro país.
El vigente gobierno socialista, reforzado por la oposición conservadora, ha sacrificado la defensa de los derechos humanos, en cualquiera lugar de nuestro planeta donde puedan ser vulnerados, a cambio de unas mejores relaciones diplomáticas con los países que puedan estar implicados, con lo que a partir de ahora quedan más abiertas las puertas de la impunidad para el ejercicio de la barbarie.
Lo que ayer se votó en el Congreso también fue fruto de la presión mediática de grupos conservadores como el del señor Murdoch, que paga a nuestro ex presidente Aznar. Es el caso del diario The Wall Street Journal, que abogaba por esa reforma y había mostrado su preocupación en un editorial ante el “asalto legal” del “hiperactivo” juez Baltasar Garzón contra “seis honorables” funcionarios de la administración de George Bush acusados de torturas en Guantánamo. Asimismo, un periodista de un canal de televisión propiedad de Murdoch, había advertido que esa investigación equivalía a “insultar a América” y promovía un boicot a los viajes a España mientras continuaran las diligencias, según recoge hoy el diario El Plural.
En resumidas cuentas, y tal como dijo ayer el portavoz de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que con ICV y ERC votó en contra de la reforma aprobada, la limitación de la jurisdicción universal es una legislación ad hoc encargada fundamentalmente por el gobierno de Isarael y por la que sólo brindarán con champán los halcones de Gaza o Guantánamo. El gobierno de España, juanto a la oposición conservadora, ha nacionalizado los derechos humanos. ¿Se puede seguir proclamando así la alianza de civilizaciones?
Félix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica.