G-20: acuerdos y silencios
08 de junio de 2009 (07:50 h.)
NUEVATRIBUNA.ES - 6.4.2009La reunión celebrada en Londres del llamado Grupo de los 20 (G-20) �aunque en realidad acudieron 22 naciones� tuvo como objetivo expreso construir acuerdos para encarar la mayor debacle de la economía mundial en 80 años.
NUEVATRIBUNA.ES - 6.4.2009
La reunión celebrada en Londres del llamado Grupo de los 20 (G-20) �aunque en realidad acudieron 22 naciones� tuvo como objetivo expreso construir acuerdos para encarar la mayor debacle de la economía mundial en 80 años.
Una consideración de arranque que tiene sentido plantear es que, dada la gravedad de la situación económica del orbe, todo esfuerzo que aspire sólo a restituir el status quo previo adolecerá de realismo y, por tanto, podrá resultar limitado y erróneo a la vez. Lo que el mundo y sus principales economías requieren, no son sólo correcciones a nivel de las relajadas normas que precipitaron la crisis financiera, sino relevantes transformaciones estructurales: por ejemplo, Estados Unidos no puede continuar viviendo literalmente de prestado, esto es, consumiendo por volúmenes que superan el valor de su producción; a la par, la expansión asiática ha de depender más de sus mercados internos y menos de las ventas a una norteamérica más endeudada de lo que ha estado cualquier país en la historia. Lo anterior no implica volver al proteccionismo, sino reconocer lo obvio: con profundos desequilibrios en las cuentas externas y en las cuentas públicas de las economías centrales no hay estabilidad duradera posible. Esta necesidad de transformación estructural lejos está de ser atendida a partir de los resultados de la cumbre.
En el campo en donde los acuerdos llegaron a madurar lo suficiente, fue en la pertinencia de abandonar el laissez-faire, laissez-passer hacia las instituciones financieras. El acuerdo en este campo fue la prioridad de los gobiernos europeos, con Alemania y Francia a la cabeza, quienes abogan por una nueva arquitectura financiera mundial, y por mecanismos de regulación no sólo sobre bancos y aseguradoras, sino también hacia las agencias calificadoras �esas que otorgaron certificados de buena conducta a instituciones no sólo irresponsables sino fraudulentas en el manejo de los ahorros ajenos�, e incluso lograron medidas para sancionar a los paraísos fiscales.
Para Estados Unidos, en cambio, la prioridad se concentró en la expansión del gasto. El presidente Obama, que ha desplegado importantes programas de estímulos en su país, requiere un acompañamiento en la misma dirección por el resto de naciones, de tal suerte que el aumento de los déficit norteamericanos no sean penalizados por los mercados internacionales y se debilite el dólar. En materia de gasto, a pesar de las reticencias de los europeos que consideraban que ya habían hecho lo suficiente, se acordó una “expansión fiscal sin precedentes y concertada” que alcanzará los cinco billones de dólares en los próximos años.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional es una de las pocas instituciones de que se dispone a nivel multilateral para canalizar fondos a las economías emergentes. Estados Unidos consiguió comprometer, tanto a Europa como a Japón para hacer aportaciones de 100 mil millones de dólares cada uno, más 500 mil millones de los propios estadunidenses, para ampliar las líneas de crédito del FMI, que llegarán a un millón de millones de dólares. Pero respecto al FMI hay otro tema clave que se abordó, pero cuya resolución se postergó para 2011: su gobernanza, pues la estructura de votos construida en la inmediata segunda posguerra ya no responde a la realidad económica actual (baste decir que China y Bélgica pesan lo mismo en las decisiones). China y Brasil pusieron en el punto de mira la reestructuración del gobierno del FMI. México, en esta discusión que le compete de manera directa, no ha dicho nada. El silencio sobre esas definiciones estratégicas, sobre los temas que resultan espinosos, ha sido la contribución en un foro donde sólo las voces claras y no supeditadas inciden en la agenda.
Si los grandes acuerdos son: a) más control sobre las instituciones financieras y, b) una drástica expansión fiscal, vale preguntar ¿implicará ello que en México se tomen medidas para evitar conductas leoninas de los bancos �comisiones, por ejemplo�?, ¿que se deseche la “ley de responsabilidad hacendaria” que prohíbe incurrir en déficit público?, ¿que suban los impuestos? Porque tomar en serio las resoluciones del G-20 implica modificar coordenadas básicas de la política económica.
Nota benne.
Algunos de los textos aparecidos en esta columna en los últimos meses fueron objeto de discusión en la sesión del Consejo General del IFE el 31 de marzo. La razón: el IFE me nombró en noviembre de 2008 miembro de su Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y hubo quien se preguntó este martes si esa labor podía llegar a ser incompatible con mi actividad como editorialista sobre temas electorales. Cabe decir que el compromiso que adquirí con el IFE consiste en contribuir a que el PREP opere de la mejor manera posible; sólo a eso me convocaron y en ello empeño mi esfuerzo. A la vez, el IFE nunca me solicitó, como entiendo que tampoco lo ha hecho con el resto de especialistas y académicos independientes que convoca a participar en distintas tareas específicas, que a cambio de esa colaboración abandonara otras actividades profesionales que realizo desde hace años, como escribir a estricto título personal en la prensa. Reitero el compromiso de aportar mis capacidades y conocimientos al buen funcionamiento del PREP, y lamento que las opiniones vertidas en este espacio puedan distraer la atención del Consejo General del IFE, dadas las relevantes tareas que está desarrollando.
Ciro Murayama es economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editor de la revista “Nexos” y en la actualidad escribe semanalmente en “La Crónica”.
ciromurayama@yahoo.com
La reunión celebrada en Londres del llamado Grupo de los 20 (G-20) �aunque en realidad acudieron 22 naciones� tuvo como objetivo expreso construir acuerdos para encarar la mayor debacle de la economía mundial en 80 años.
Una consideración de arranque que tiene sentido plantear es que, dada la gravedad de la situación económica del orbe, todo esfuerzo que aspire sólo a restituir el status quo previo adolecerá de realismo y, por tanto, podrá resultar limitado y erróneo a la vez. Lo que el mundo y sus principales economías requieren, no son sólo correcciones a nivel de las relajadas normas que precipitaron la crisis financiera, sino relevantes transformaciones estructurales: por ejemplo, Estados Unidos no puede continuar viviendo literalmente de prestado, esto es, consumiendo por volúmenes que superan el valor de su producción; a la par, la expansión asiática ha de depender más de sus mercados internos y menos de las ventas a una norteamérica más endeudada de lo que ha estado cualquier país en la historia. Lo anterior no implica volver al proteccionismo, sino reconocer lo obvio: con profundos desequilibrios en las cuentas externas y en las cuentas públicas de las economías centrales no hay estabilidad duradera posible. Esta necesidad de transformación estructural lejos está de ser atendida a partir de los resultados de la cumbre.
En el campo en donde los acuerdos llegaron a madurar lo suficiente, fue en la pertinencia de abandonar el laissez-faire, laissez-passer hacia las instituciones financieras. El acuerdo en este campo fue la prioridad de los gobiernos europeos, con Alemania y Francia a la cabeza, quienes abogan por una nueva arquitectura financiera mundial, y por mecanismos de regulación no sólo sobre bancos y aseguradoras, sino también hacia las agencias calificadoras �esas que otorgaron certificados de buena conducta a instituciones no sólo irresponsables sino fraudulentas en el manejo de los ahorros ajenos�, e incluso lograron medidas para sancionar a los paraísos fiscales.
Para Estados Unidos, en cambio, la prioridad se concentró en la expansión del gasto. El presidente Obama, que ha desplegado importantes programas de estímulos en su país, requiere un acompañamiento en la misma dirección por el resto de naciones, de tal suerte que el aumento de los déficit norteamericanos no sean penalizados por los mercados internacionales y se debilite el dólar. En materia de gasto, a pesar de las reticencias de los europeos que consideraban que ya habían hecho lo suficiente, se acordó una “expansión fiscal sin precedentes y concertada” que alcanzará los cinco billones de dólares en los próximos años.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional es una de las pocas instituciones de que se dispone a nivel multilateral para canalizar fondos a las economías emergentes. Estados Unidos consiguió comprometer, tanto a Europa como a Japón para hacer aportaciones de 100 mil millones de dólares cada uno, más 500 mil millones de los propios estadunidenses, para ampliar las líneas de crédito del FMI, que llegarán a un millón de millones de dólares. Pero respecto al FMI hay otro tema clave que se abordó, pero cuya resolución se postergó para 2011: su gobernanza, pues la estructura de votos construida en la inmediata segunda posguerra ya no responde a la realidad económica actual (baste decir que China y Bélgica pesan lo mismo en las decisiones). China y Brasil pusieron en el punto de mira la reestructuración del gobierno del FMI. México, en esta discusión que le compete de manera directa, no ha dicho nada. El silencio sobre esas definiciones estratégicas, sobre los temas que resultan espinosos, ha sido la contribución en un foro donde sólo las voces claras y no supeditadas inciden en la agenda.
Si los grandes acuerdos son: a) más control sobre las instituciones financieras y, b) una drástica expansión fiscal, vale preguntar ¿implicará ello que en México se tomen medidas para evitar conductas leoninas de los bancos �comisiones, por ejemplo�?, ¿que se deseche la “ley de responsabilidad hacendaria” que prohíbe incurrir en déficit público?, ¿que suban los impuestos? Porque tomar en serio las resoluciones del G-20 implica modificar coordenadas básicas de la política económica.
Nota benne.
Algunos de los textos aparecidos en esta columna en los últimos meses fueron objeto de discusión en la sesión del Consejo General del IFE el 31 de marzo. La razón: el IFE me nombró en noviembre de 2008 miembro de su Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y hubo quien se preguntó este martes si esa labor podía llegar a ser incompatible con mi actividad como editorialista sobre temas electorales. Cabe decir que el compromiso que adquirí con el IFE consiste en contribuir a que el PREP opere de la mejor manera posible; sólo a eso me convocaron y en ello empeño mi esfuerzo. A la vez, el IFE nunca me solicitó, como entiendo que tampoco lo ha hecho con el resto de especialistas y académicos independientes que convoca a participar en distintas tareas específicas, que a cambio de esa colaboración abandonara otras actividades profesionales que realizo desde hace años, como escribir a estricto título personal en la prensa. Reitero el compromiso de aportar mis capacidades y conocimientos al buen funcionamiento del PREP, y lamento que las opiniones vertidas en este espacio puedan distraer la atención del Consejo General del IFE, dadas las relevantes tareas que está desarrollando.
Ciro Murayama es economista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editor de la revista “Nexos” y en la actualidad escribe semanalmente en “La Crónica”.
ciromurayama@yahoo.com