El actual Gobierno del PP es un gobierno legal que tiene una amplia mayoría absoluta, pero a la vez es un gobierno ilegítimo debido a que ha incumplido todo el programa con el que se presentó a las elecciones y que le permitió ganarlas.
Rajoy y su gobierno han traicionado una y otra vez no sólo sus promesas electorales, sino las afirmaciones que habían declarado de forma solemne, y muchas veces en sede parlamentaria, el día anterior.
Estamos ante una situación realmente de excepción, con una crisis social, económica y moral de una magnitud hasta ahora desconocida. La credibilidad del gobierno ha quedado derrumbada en poco más de siete meses. Y lo que es más grave la calle está en plena efervescencia ante unas medidas que castigan una y otra vez los más amplios sectores de la sociedad mientras los más poderosos siguen manteniendo y aumentado sus privilegios.
A pesar de desde el principio nuestra crisis tenía su base en el sistema financiero y sus excesos durante el tiempo de la "burbuja inmobiliaria", el gobierno de Rajoy ha preferido aprobar, sin debate parlamentario, mediante la práctica del Decreto Ley medidas que hacían pagar la crisis a la mayoría de la sociedad a la que se hacía responsable de una situación de la que no era responsable. La Reforma laboral, la subida del IRPF, el recorte de derechos sociales básicos como la sanidad y la educación, se hacían compatibles con la amnistía fiscal a particulares y empresas. Es decir pagan los justos y se recompensa a los pecadores.
Y cuando afrontan la reforma financiera se hace tarde y mal. El caso Bankia hace explotar la crisis y el gobierno debe pedir ayuda a la UE para salvar el sistema financiero lo que conlleva graves imposiciones para el conjunto de la sociedad que el gobierno se niega a reconocer. El Gobierno se dedica a: pervertir el lenguaje, mentir una y otra vez a la sociedad y degenerar la vida democrática y parlamentaria.
Rajoy y su gobierno desprecian el Congreso y cuestionan en base a su mayoría parlamentaria el ineludible deber del debate parlamentario y lo reducen a una mera caricatura en base a discutir la aprobación de los decretos aprobados sin posibilidad siquiera de hacer enmiendas y evitando el imprescindible debate de la situación actual, la profunda crisis económica, política y social del estado.
Por otra parte el gobierno ha mostrado su incapacidad y ve una y otra vez como sus medidas no tienen la repercusión esperada, en gran medida porque están equivocadas. El recorte indiscriminado de servicios, la falta de inversión productiva, los impuestos indiscriminados etc., no llevan sino a más depresión. La reducción del empleo, el recorte de salarios, los impuestos sobre el consumo no hacen más que contraer la demanda, y supone el recorte de la capacidad de recaudación impositiva con lo cual se completa el círculo infernal, más deuda y menos recaudación. Y sin embargo Rajoy en su cruzada ideológica es incapaz de aplicar medidas mínimamente justas como son hacer pagar a los que más tienen y no a los de siempre. Y así vemos como los asalariados y los pequeños y medianos empresarios, la base de la economía productiva ven empeorar día a día sus condiciones de vida, mientras las grandes fortunas, los especuladores, los defraudadores, las grandes empresas y tantos otros siguen manteniendo su situación privilegiada como si en el país no pasara nada.
El movimiento sindical como eje vertebrador de la movilización social junto con multitud de movimientos sociales diversos, y la izquierda transformadora como su voz parlamentaria lo han dejado bastante claro. No nos harán callar y hay que exigir un cambio. Este parlamento siete meses después no es representativo del sentir popular. La derecha, el PP y CiU, han agotado su credibilidad y su propio derecho a continuar gobernando. Ante esto y antes de que vayamos a una situación aún peor, como cada día amenaza el Presidente del Gobierno, es necesario o bien un Referéndum sobre la política actual o bien la dimisión del gobierno.
El movimiento de rechazo a las políticas de los gobiernos de derechas es cada día mayor. Las últimas manifestaciones del 19 de julio lo demuestran. El movimiento social y sindical de rechazo, a pesar de la criminalización que sufre a través de los medios de comunicación de la derecha mediática y el acoso policial impropio de un estado democrático, continúa creciendo.
Y todo ello a pesar de la ausencia y situación de práctica desaparición política de la teórica oposición representada por el PSOE.
Cada día se hace más evidente que hoy sólo desde la izquierda plural, existente en todo el país, se puede articular un movimiento político amplio que represente la ciudadanía implicada en la revuelta y la respuesta social existente contra las políticas de las derechas.