28 de octubre de 2010, 15:23
NUEVATRIBUNA.ES - 16.4.2010
Que Enrique Molina, abogado de Baltasar Garzón en la causa que se abrió contra él por los supuestos cobros del Santander, dijera que las manifestaciones de apoyo al juez y de repulsa hacia la actuación del Tribunal Supremo no le favorecen entra dentro de lo previsible. Sólo faltaría que un juez, que como es evidente en el caso de Garzón, se encuentra a sus anchas con el trabajo que desempeña y que aspira a seguir desempeñando, criticara de viva voz o a través de su letrado a una instancia superior que tiene en sus manos la llave para decidir su futuro. Es significativo, no obstante, que haya hablado Molina y no el propio Garzón, que se negó a hacer declaraciones a pesar de la cantidad de medios que le esperaban a la entrada del Supremo el jueves, día en que fue a declarar por el caso Nueva York, 48 horas después del multitudinario acto de apoyo de la Universidad Complutense.
Algunos medios han sumado la voz del abogado a las expresiones de indignación contra lo que consideran "un ataque a las instituciones democráticas y, por ende, al Estado de Derecho" (La Razón, 15-4-2010). Se han agarrado a un clavo ardiendo para seguir atizando su nueva cruzada contra la investigación de los crímenes del franquismo y contra el juez que se atrevió a iniciarla. Porque es de eso de lo que se está hablando y no de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico que permiten sentar a un magistrado en el banquillo por acometer una causa para la que carece de competencias. Esos fundamente que en un arranque didáctico pretendía explicar el Supremo a corresponsales extranjeros, primero, y a todo periodista que se apuntara, después, en cuanto surgieron las primeras protestas por lo restrictivo de la convocatoria. Se está hablando de los coletazos de la dictadura y de que sean dos organizaciones fascistas con una representatividad residual en la España de hoy, aunque cuenten con la complicidad de organizaciones políticas más importantes que se prestan a servirles de altavoz, las que quieren juzgar al juez.
El proceso contra Garzón ha servido para poner sobre la mesa un asunto no resuelto de nuestra transición democrática -mal resuelto, sería más exacto decir- como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en esta web. No se trata, como también decía La Razón en el mismo artículo de opinión, de mantener encendida "la mecha revanchista y guerracivilista, apagada por la Transición, y que prendió de nuevo con la Ley de Memoria Histórica". La mecha nunca se apagó y la Ley de Memoria Histórica fue el postrero intento de rociarla con una manguera, sin que la maniobra ignífuga tuviera ningún éxito.
La negativa de la derecha más reaccionaria a que las víctimas del franquismo obtengan una reparación consistente en algo tan evidentemente justo como saber dónde fueron arrojados los cadáveres de sus familiares, es lo que está atizando el incendio. Es esa derecha la que quiere que Franco siga vivo, que gane otra vez, como lamentó Pedro Almodóvar, y que desde su tumba pueda lanzar esta "última carcajada", como la ha definido con acierto el escritor y periodista mexicano Luis Hernández Navarro, al recordar con tristeza que "en el reino de España hubo una amnesia sobre el pasado franquista que obsequió una amnistía a los criminales que detentaron el poder durante décadas".
La amnesia, el olvido, no puede ser la solución definitiva para cerrar tantas heridas. Por eso, las organizaciones de la Memoria Histórica están intentando sacudir las conciencias dormidas de los españoles que durante setenta años no han querido saber nada del asunto. No se trata de resucitar el enfrentamiento entre las dos Españas, pero tampoco se puede permanecer neutral ante lo que está sucediendo. Aquí -como en casi todo- no vale la imparcialidad, ni la equidistancia. Mantenerse al margen es tanto como no tener opinión sobre nuestra historia, nuestro tejido político y los acontecimientos, hasta los más anecdóticos, que han marcado nuestras vidas. Lo que a todas luces sería penoso.
Por cierto que, hablando de abogados, no está de más recordar lo que dijo otro de los letrados de Garzón, el que le representa en la causa por las fosas del franquismo, después de que el Supremo admitiera a trámite la querella de Falange Española de las JONS contra el magistrado. Dijo entonces Gonzalo Martínez Fresneda que la decisión del Tribunal era "chocante" y se preguntó "¿cómo se explicaría, por ejemplo, la noticia de que en Alemania se tramitara una querella del partido neonazi contra un juez que hubiera intentado investigar los crímenes del nazismo?". Pues, eso.
Que Enrique Molina, abogado de Baltasar Garzón en la causa que se abrió contra él por los supuestos cobros del Santander, dijera que las manifestaciones de apoyo al juez y de repulsa hacia la actuación del Tribunal Supremo no le favorecen entra dentro de lo previsible. Sólo faltaría que un juez, que como es evidente en el caso de Garzón, se encuentra a sus anchas con el trabajo que desempeña y que aspira a seguir desempeñando, criticara de viva voz o a través de su letrado a una instancia superior que tiene en sus manos la llave para decidir su futuro. Es significativo, no obstante, que haya hablado Molina y no el propio Garzón, que se negó a hacer declaraciones a pesar de la cantidad de medios que le esperaban a la entrada del Supremo el jueves, día en que fue a declarar por el caso Nueva York, 48 horas después del multitudinario acto de apoyo de la Universidad Complutense.
Algunos medios han sumado la voz del abogado a las expresiones de indignación contra lo que consideran "un ataque a las instituciones democráticas y, por ende, al Estado de Derecho" (La Razón, 15-4-2010). Se han agarrado a un clavo ardiendo para seguir atizando su nueva cruzada contra la investigación de los crímenes del franquismo y contra el juez que se atrevió a iniciarla. Porque es de eso de lo que se está hablando y no de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico que permiten sentar a un magistrado en el banquillo por acometer una causa para la que carece de competencias. Esos fundamente que en un arranque didáctico pretendía explicar el Supremo a corresponsales extranjeros, primero, y a todo periodista que se apuntara, después, en cuanto surgieron las primeras protestas por lo restrictivo de la convocatoria. Se está hablando de los coletazos de la dictadura y de que sean dos organizaciones fascistas con una representatividad residual en la España de hoy, aunque cuenten con la complicidad de organizaciones políticas más importantes que se prestan a servirles de altavoz, las que quieren juzgar al juez.
El proceso contra Garzón ha servido para poner sobre la mesa un asunto no resuelto de nuestra transición democrática -mal resuelto, sería más exacto decir- como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en esta web. No se trata, como también decía La Razón en el mismo artículo de opinión, de mantener encendida "la mecha revanchista y guerracivilista, apagada por la Transición, y que prendió de nuevo con la Ley de Memoria Histórica". La mecha nunca se apagó y la Ley de Memoria Histórica fue el postrero intento de rociarla con una manguera, sin que la maniobra ignífuga tuviera ningún éxito.
La negativa de la derecha más reaccionaria a que las víctimas del franquismo obtengan una reparación consistente en algo tan evidentemente justo como saber dónde fueron arrojados los cadáveres de sus familiares, es lo que está atizando el incendio. Es esa derecha la que quiere que Franco siga vivo, que gane otra vez, como lamentó Pedro Almodóvar, y que desde su tumba pueda lanzar esta "última carcajada", como la ha definido con acierto el escritor y periodista mexicano Luis Hernández Navarro, al recordar con tristeza que "en el reino de España hubo una amnesia sobre el pasado franquista que obsequió una amnistía a los criminales que detentaron el poder durante décadas".
La amnesia, el olvido, no puede ser la solución definitiva para cerrar tantas heridas. Por eso, las organizaciones de la Memoria Histórica están intentando sacudir las conciencias dormidas de los españoles que durante setenta años no han querido saber nada del asunto. No se trata de resucitar el enfrentamiento entre las dos Españas, pero tampoco se puede permanecer neutral ante lo que está sucediendo. Aquí -como en casi todo- no vale la imparcialidad, ni la equidistancia. Mantenerse al margen es tanto como no tener opinión sobre nuestra historia, nuestro tejido político y los acontecimientos, hasta los más anecdóticos, que han marcado nuestras vidas. Lo que a todas luces sería penoso.
Por cierto que, hablando de abogados, no está de más recordar lo que dijo otro de los letrados de Garzón, el que le representa en la causa por las fosas del franquismo, después de que el Supremo admitiera a trámite la querella de Falange Española de las JONS contra el magistrado. Dijo entonces Gonzalo Martínez Fresneda que la decisión del Tribunal era "chocante" y se preguntó "¿cómo se explicaría, por ejemplo, la noticia de que en Alemania se tramitara una querella del partido neonazi contra un juez que hubiera intentado investigar los crímenes del nazismo?". Pues, eso.