El Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparados por las instrucciones y las orientaciones de las instituciones europeas, la derecha y los poderosos, con esta política regresiva, aprovechan la situación de crisis económica para modificar los equilibrios anteriores de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y el Estado de bienestar y avanzar en una salida regresiva a la crisis económica.
No obstante, existe en la ciudadanía una significativa falta de confianza y legitimidad social hacia esas medidas que tienen un gran déficit democrático al no estar recogidas en los programas electorales. Es decir, ni siquiera no forman parte del contrato social del partido gobernante con su electorado. Así, se ha producido un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular.
La estrategia liberal conservadora, dominante en las instituciones europeas, e impulsada por el bloque de poder representado por Merkel, pone en primer término la austeridad para las capas populares, principalmente, de los países periféricos (España e Italia, junto con los rescatados Grecia, Portugal e Irlanda). Prioriza los intereses de los grandes bancos y acreedores financieros alemanes y centroeuropeos, para garantizarles el retorno de su capital (e intereses), cuando han sido, en gran medida, causantes de las burbujas especulativas. Ante las necesidades de los países débiles para su desendeudamiento privado (y público) y conseguir nuevas financiaciones, utiliza el chantaje de su capacidad financiera y la presión del mercado de capitales para imponer unas condiciones injustas de ajuste económico. Su prepotencia es insolidaria (nacionalista) en el marco europeo, y aboca al estancamiento económico y la recesión, particularmente, en los países del sur europeo. Se invalidan así su capacidad de recuperación económica y de empleo y provoca una prolongación de la crisis y sus consecuencias. Esa política incluso no resuelve la garantía de pago de las deudas contraídas por esos países, lo que es contraproducente para los propios intereses a medio plazo del poder financiero centroeuropeo, como indica la desconfianza de los grandes inversores en su mercado de deuda pública.
La política de austeridad parece que busca, dentro de un total de suma cero, asegurar y reforzar las rentas y el poder de esas élites dominantes a costa del mayor sufrimiento de las mayorías sociales del sur europeo y la recolocación de esos países en una posición más subordinada. No obstante, no sólo es injusta socialmente sino que tampoco es eficaz para generar la suficiente actividad económica que permita recuperar sus préstamos y reproducir los beneficios a medio plazo, y está agrietando la legitimidad de esos poderosos y el marco institucional europeo.
En el plano político e institucional es un intento de reforzamiento de la hegemonía de las élites alemanas en las instituciones europeas, con su política de ajuste duro y gestión regresiva de la crisis. Se amplían las diferencias entre bloques de países fuertes (o acreedores y con ventajas competitivas de sus economías) y débiles (o deudores, con una posición dependiente); se refuerzan las brechas sociales internas y entre países. Esa estrategia puede aparecer como funcional con los intereses de ese poder económico financiero y con beneficios relativos para parte de la población de los países centrales, pero tiende a sufrir un fuerte proceso de deslegitimación popular, sobre todo en los países periféricos, así como reticencias de sus élites socioculturales y políticas y parte de sus sectores económicos. A pesar de los grandes sacrificios impuestos a las mayorías sociales y la impresionante fortaleza de su poder económico e institucional, esa estrategia no asegura sus objetivos básicos: recuperar el total de sus préstamos, estabilizar una dinámica económica que les reporte unos beneficios seguros y suficientes, fortalecer su hegemonía política con una mínima cohesión social y legitimidad ciudadana, mantener el marco institucional de la eurozona y la Unión Europea. Se profundizan los desequilibrios europeos (norte-sur), se amplía la subordinación de los países periféricos y se produce un reequilibrio de las alianzas y núcleos dirigentes europeos a costa de Francia, en una posición delicada económicamente.
Los efectos sociopolíticos de esta dinámica liberal-conservadora son la destrucción de los componentes avanzados del modelo social europeo, con la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el deterioro de lo público y los derechos sociolaborales, el debilitamiento de la calidad democrática de sus sistemas políticos, con importante descrédito de sus élites institucionales y el empobrecimiento y subordinación de las capas populares (y clases medias) periféricas. Las élites institucionales y económicas de esos países débiles, desde la subordinación a ese bloque de poder dominante, intentan un reacomodo de sus estructuras económicas y productivas. Parten de la idea irreal de que la solución es ajustar, esperar y seguir a la locomotora europea central, adaptarse a los segmentos productivos y actividades económicas dependientes y poco cualificados. Descartados una política activa de crecimiento económico y del empleo, una financiación barata a medio plazo o una apuesta por la innovación y la cualificación nos ofrecen su opción preferida: imponer un fuerte descenso de los costes laborales y el gasto público social. Se trata de una redistribución de rentas a su favor (grandes empresas, sector financiero y capas altas) a costa de la calidad de vida, los servicios públicos y la protección social de la mayoría de la sociedad. Y dentro de ese reajuste del conjunto del país, intentan salir mejor librados, perdiendo la óptica del interés colectivo de la población del Estado.
Esa política no sólo es injusta socialmente e incierta económicamente, sino que produce una fuerte deslegitimación política a sus gestores. Constituye un callejón sin salida, y un fracaso para las élites europeas hegemónicas. Se abre la posibilidad de que, incluso, sectores significativos del poder económico e institucional se replanteen esa política y busquen otra orientación menos nefasta para los países del sur y las capas trabajadoras, que salve la Unión Europea. Gran parte de la ciudadanía, como se ha demostrado el pasado día 15 de septiembre, apuesta por un cambio más profundo y exige un referéndum.