7 de octubre de 2010, 15:22
NUEVATRIBUNA.ES - 21.2.2010
Durante las últimas semanas se ha venido barajando la posibilidad de que la economía española estuviera sufriendo un ataque especulativo por parte de los inversores extranjero, poniendo en cuestión su solvencia para hacer frente a su deuda debido a los problemas estructurales de su economía y provocando un desplome en las bolsas españolas.
Esta circunstancia habría obligado al gobierno a acometer un giro brusco en su política económica y, como consecuencia, a hacer públicos su plan de austeridad, que supone ahorrar 50.000 millones para reducir el gasto público hasta el 3% en 2013, y la reforma para aumentar la edad obligatoria de jubilación hasta los 67 años.
La primera medida ya es muy discutible, sobre todo al producirse a sólo dos meses de la aprobación de los presupuestos generales en el Parlamento.
La ampliación de la edad de jubilación, presentada como uno de los principales mecanismos para sanear las cuentas públicas, es de todo punto inaceptable. Veamos por qué.
Los argumentos que se aducen son exactamente los mismos que se esgrimieron mediada la década de los 80 del siglo pasado, cuando se pronosticó la quiebra del sistema de pensiones a comienzos del 2000, porque el numero de pensionistas se había elevado de 4,4 millones a 5,4 millones en tan solo cinco años. En 2010 el número de pensionistas roza los 8 millones y el sistema, está consolidado y con superávit.
¿Qué ha ocurrido?, pues que se hacía entonces, y se vuelve a hacer ahora, la consideración de que la Seguridad Social no está sujeta al ciclo económico, es decir, sólo aumenta su volumen de gasto, permaneciendo el nivel de ingresos, como si no fuera a producirse ya nunca más un cambio de ciclo de la economía.
En la actualidad se están realizando proyecciones para el año 2030 partiendo de las nuevas incorporaciones que se producirán hasta entonces al sistema, que serán muchas más como consecuencia de la incorporación de la cohorte de lo que se ha denominado generación del Baby-Boom español. Además, tanto los que se incorporan como los que están permanecerán más tiempo porque España se ha situado a la cabeza de Europa en esperanza de vida, con una media de 83 años para los hombres y 87 para las mujeres. Conclusión: un aumento del gasto insostenible.
Habría que completar el análisis diciendo que la previsión se realiza en el momento más bajo del ciclo económico que todavía está en recesión, con los peores niveles de actividad de las últimas dos décadas y con un desempleo cercano al 20% de la población activa.
Curiosamente, a la hora de realizar estas previsiones los analistas jamás consideran la posibilidad de que cambie el ciclo y se vuelva a la senda del crecimiento. Así les va.
Ninguno de los que había entonces fue capaz de pronosticar, a mediados de los 90, que se inauguraba una etapa de crecimiento que tuvo como consecuencia la recuperación del empleo hasta situar el paro en la tasa del 8% , el crecimiento del número de ocupados de 11 a 18 millones, la llegada de más de cuatro millones de inmigrantes atraido por esa etapa expansiva de la economía, el aumento de la natalidad como consencuencia de lo anterior pasando de la tasa más baja de Europa, 1,25 hijos por mujer, a 1,75 hijos por mujer a mediados de la década del 2000.
Dirán que todos aquellos aspectos que afectan a los ingresos son pura casualidad.
El gobierno ha de dirigir su política en relación con el futuro de las pensiones, en dos direcciones. Por un lado, separando definitivamente las fuentes de financiación del sistema, pagando las pensiones no contributivas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, lo que significaría ingresar 7000 millones adicionales al año al sistema, y aprovechando mejor el margen de recaudación que aún tiene el Estado, combatiendo el fraude fiscal y la economía sumergida.
En segundo lugar, debe apostar claramente por una reforma laboral que ataje la temporalidad y devuelva estabilidad al empleo, medidas que afectan directamente a la mejora de los ingresos por la vía de las cotizaciones sociales.
No está justificada, en ningún caso en este momento, la alarma social que se genera cuando se pone en duda la viabilidad del sistema de pensiones.
Las proyecciones y las previsiones han de hacerse sobre la base del cambio de ciclo y la senda del crecimiento, de la recuperación del empleo en un nuevo escenario que sustituya intensidad de mano de obra por calidad y competitividad del empleo, empeño en el que debe de comprometerse la mayoría de la sociedad.
Mientras avanzamos por esa senda, difícil sin duda, que implica recuperar la idea de la sociedad como proyecto colectivo después de 40 años de individualismo feroz, propongo como primera medida cambiar a los analistas para eliminar el primer obstáculo.
No creo que los equipos económicos de Rato, Botín o González estén en disposición de decirnos qué debemos de hacer con nuestras vidas futuras cuando lo último que han hecho ha sido arruinar la vida presente de miles y miles de ciudadanos que se endeudaron con sus consejos hasta niveles que hoy no pueden soportar.
Conviene estar muy atentos a los análisis que van a proliferar sobre una nueva quiebra del sistema público de pensiones, la enésima, para a vuelta de página encontrar de nuevo las alabanzas sobre las bondades de los fondos privados de pensiones, justo en el momento en el que la banca necesita recuperar niveles de negocio para tapar su agujero inmobiliario.
Esos mismos fondos que, cada tanto, deciden organizar ataques especulativos contra las economías nacionales y de paso arruinar sus sistemas públicos de protección social.
Pedro Reyes Díez - Coordinador de Actividades FSE.
Durante las últimas semanas se ha venido barajando la posibilidad de que la economía española estuviera sufriendo un ataque especulativo por parte de los inversores extranjero, poniendo en cuestión su solvencia para hacer frente a su deuda debido a los problemas estructurales de su economía y provocando un desplome en las bolsas españolas.
Esta circunstancia habría obligado al gobierno a acometer un giro brusco en su política económica y, como consecuencia, a hacer públicos su plan de austeridad, que supone ahorrar 50.000 millones para reducir el gasto público hasta el 3% en 2013, y la reforma para aumentar la edad obligatoria de jubilación hasta los 67 años.
La primera medida ya es muy discutible, sobre todo al producirse a sólo dos meses de la aprobación de los presupuestos generales en el Parlamento.
La ampliación de la edad de jubilación, presentada como uno de los principales mecanismos para sanear las cuentas públicas, es de todo punto inaceptable. Veamos por qué.
Los argumentos que se aducen son exactamente los mismos que se esgrimieron mediada la década de los 80 del siglo pasado, cuando se pronosticó la quiebra del sistema de pensiones a comienzos del 2000, porque el numero de pensionistas se había elevado de 4,4 millones a 5,4 millones en tan solo cinco años. En 2010 el número de pensionistas roza los 8 millones y el sistema, está consolidado y con superávit.
¿Qué ha ocurrido?, pues que se hacía entonces, y se vuelve a hacer ahora, la consideración de que la Seguridad Social no está sujeta al ciclo económico, es decir, sólo aumenta su volumen de gasto, permaneciendo el nivel de ingresos, como si no fuera a producirse ya nunca más un cambio de ciclo de la economía.
En la actualidad se están realizando proyecciones para el año 2030 partiendo de las nuevas incorporaciones que se producirán hasta entonces al sistema, que serán muchas más como consecuencia de la incorporación de la cohorte de lo que se ha denominado generación del Baby-Boom español. Además, tanto los que se incorporan como los que están permanecerán más tiempo porque España se ha situado a la cabeza de Europa en esperanza de vida, con una media de 83 años para los hombres y 87 para las mujeres. Conclusión: un aumento del gasto insostenible.
Habría que completar el análisis diciendo que la previsión se realiza en el momento más bajo del ciclo económico que todavía está en recesión, con los peores niveles de actividad de las últimas dos décadas y con un desempleo cercano al 20% de la población activa.
Curiosamente, a la hora de realizar estas previsiones los analistas jamás consideran la posibilidad de que cambie el ciclo y se vuelva a la senda del crecimiento. Así les va.
Ninguno de los que había entonces fue capaz de pronosticar, a mediados de los 90, que se inauguraba una etapa de crecimiento que tuvo como consecuencia la recuperación del empleo hasta situar el paro en la tasa del 8% , el crecimiento del número de ocupados de 11 a 18 millones, la llegada de más de cuatro millones de inmigrantes atraido por esa etapa expansiva de la economía, el aumento de la natalidad como consencuencia de lo anterior pasando de la tasa más baja de Europa, 1,25 hijos por mujer, a 1,75 hijos por mujer a mediados de la década del 2000.
Dirán que todos aquellos aspectos que afectan a los ingresos son pura casualidad.
El gobierno ha de dirigir su política en relación con el futuro de las pensiones, en dos direcciones. Por un lado, separando definitivamente las fuentes de financiación del sistema, pagando las pensiones no contributivas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, lo que significaría ingresar 7000 millones adicionales al año al sistema, y aprovechando mejor el margen de recaudación que aún tiene el Estado, combatiendo el fraude fiscal y la economía sumergida.
En segundo lugar, debe apostar claramente por una reforma laboral que ataje la temporalidad y devuelva estabilidad al empleo, medidas que afectan directamente a la mejora de los ingresos por la vía de las cotizaciones sociales.
No está justificada, en ningún caso en este momento, la alarma social que se genera cuando se pone en duda la viabilidad del sistema de pensiones.
Las proyecciones y las previsiones han de hacerse sobre la base del cambio de ciclo y la senda del crecimiento, de la recuperación del empleo en un nuevo escenario que sustituya intensidad de mano de obra por calidad y competitividad del empleo, empeño en el que debe de comprometerse la mayoría de la sociedad.
Mientras avanzamos por esa senda, difícil sin duda, que implica recuperar la idea de la sociedad como proyecto colectivo después de 40 años de individualismo feroz, propongo como primera medida cambiar a los analistas para eliminar el primer obstáculo.
No creo que los equipos económicos de Rato, Botín o González estén en disposición de decirnos qué debemos de hacer con nuestras vidas futuras cuando lo último que han hecho ha sido arruinar la vida presente de miles y miles de ciudadanos que se endeudaron con sus consejos hasta niveles que hoy no pueden soportar.
Conviene estar muy atentos a los análisis que van a proliferar sobre una nueva quiebra del sistema público de pensiones, la enésima, para a vuelta de página encontrar de nuevo las alabanzas sobre las bondades de los fondos privados de pensiones, justo en el momento en el que la banca necesita recuperar niveles de negocio para tapar su agujero inmobiliario.
Esos mismos fondos que, cada tanto, deciden organizar ataques especulativos contra las economías nacionales y de paso arruinar sus sistemas públicos de protección social.
Pedro Reyes Díez - Coordinador de Actividades FSE.