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viernes 20/5/22

Financiación autonómica: ¿hay algún control de su utilización?

Se habla en estos días de los vaivenes de la derecha política española en relación con la oferta del presidente del gobierno sobre el modelo de financiación autonómica. Se comenta y se recalca el gesto zalamero de Aguirre, el más templado de Camps, la irritación de Cospedal y la llamada a rebato de Rajoy.

Se habla en estos días de los vaivenes de la derecha política española en relación con la oferta del presidente del gobierno sobre el modelo de financiación autonómica. Se comenta y se recalca el gesto zalamero de Aguirre, el más templado de Camps, la irritación de Cospedal y la llamada a rebato de Rajoy. Todos los creadores de opinión tiran y aflojan sobre estos gestos y deducen de ellos propósitos de enmienda, edulcoramiento de posiciones, quien sabe si fracturas en el frente común de una oposición a la búsqueda de su lugar exacto. En el otro lado del debate político, se presenta el tema de la financiación autonómico como un problema de solidaridad interregional, con quejas de las autonomías despobladas y envejecidas y, como suele suceder en los medios radicados en el centro del Estado español, se señala a Cataluña como la causa del mismo, sin que se tenga en cuenta que es también la solución a éste, puesto que parece que el nuevo modelo de financiación se inspira directamente en la propuesta catalana.

Para aquellos que pese a todo no buscan ese matiz, sino que se encuentran preocupados por la demolición cotidiana de los servicios públicos de la sanidad y de la educación en ciertos territorios de este país en los que nadie habla de desigualdad con otros ciudadanos de ese mismo Estado en el disfrute de las prestaciones de estos servicios, la cuestión se presenta de modo diverso. El presidente del gobierno ha dicho que este será un año en el que entre todos “vamos a aprobar un nuevo modelo de financiación, con más recursos para las Comunidades Autónomas que, en el 80 por ciento, van a ir destinados a la Educación, la Sanidad y la Dependencia”. La idea que baraja el Gobierno es que se estime un nivel promedio de recursos por habitante, al menos, en salud, políticas sociales y educación, como base de la aportación del Estado a las Comunidades Autónomas. La idea es interesante, porque fundamenta la atribución de la financiación pública en valores ligados a la actuación del Estado Social y al fortalecimiento de la condición ciudadana de aquellos que se encuentran en una posición subalterna económica y socialmente.

La estructuración del Estado Social en nuestro país, sin embargo, se realiza en torno a los esquemas de un federalismo social asimétrico en torno a sus contenidos, de forma que si bien en materia de protección social, es decir, de la acción protectora pública a través del sistema de Seguridad Social y del conjunto de acciones asistenciales de inclusión social, el modelo español mantiene una fuerte componente centralizadora, por el contrario asigna un amplio espacio de gobierno a los órganos autonómicos en aspectos tan decisivos como la sanidad, la educación y la dependencia, entendida por consiguiente como forma de asistencia social no integrada en el sistema de Seguridad Social. Eso quiere decir, sencillamente, que son las Comunidades Autónomas las que en uso de sus facultades de autogobierno, organizan y ejecutan el diseño de las prestaciones que contienen los servicios mencionados de salud, de enseñanza y de atención a las personas que no pueden valerse de sus propios medios.

Las formas de poner en práctica este espacio de acción, las fórmulas organizativas de este conjunto de prestaciones han resultado muy diferentes en razón de la ideología política de las diversas Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid, como en cierta forma también en la Comunidad Valenciana, la estrategia del gobierno en materia de sanidad ha sido la de la privatización de la asistencia, como resulta bien conocido, y respecto de la educación, la preferencia por la educación concertada frente a la pública y la vertiginosa aprobación de universidades privadas frente al recorte de fondos para las universidades públicas. Como consecuencia de ello, el ciudadano que se localiza en Madrid, tiene una condición social más perjudicial que el que tiene su residencia en regiones como Castilla La Mancha o Extremadura, por mencionar territorios vecinos, en materia de asistencia sanitaria y de educación. La privatización, es decir, el recurso al mercado para la satisfacción de necesidades sociales como vía preferente y fomentada por el poder público, es la moneda corriente de una comunidad como la madrileña.

En ese sentido, la preocupación que se plantea al ciudadano ante el tema de la financiación es la siguiente: ¿Hay previsto en el proyecto del gobierno algún control finalista de las cantidades entregadas para la educación, la sanidad, la atención a la dependencia? ¿Resulta indiferente al poder público el modelo conforme al cual se satisfagan estos derechos ciudadanos por parte de las CCAA afectadas? La privatización de la gestión de los servicios, la descarada obstrucción a la enseñanza pública en beneficio de la concertada, la negativa a invertir para lo público y el entusiasmo para subvencionar las empresas privadas, la monetarización de la asistencia social, implican la inclusión en el ámbito de la mercantilización de las necesidades sociales y la reducción de la cantidad y la calidad de los servicios.

Este hecho es relevante políticamente, y el gobierno no puede ignorarlo. Condicionar la financiación sobre los servicios públicos a la forma en que se prestan y se organizan esos servicios públicos esenciales sanidad, enseñanza, atención a la dependencia por parte de las CC.AA., es un elemento esencial del modelo, como también la inserción del mismo en los circuitos de la concertación con los interlocutores sociales. Para una visión de la política centrada en la ciudadanía social, este punto es absolutamente decisivo. Aunque entonces algunos líderes regionales no sonrían como lo hacen hoy.

Antonio Baylos
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha

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