24 de noviembre de 2010, 15:52
NUEVATRIBUNA.ES - 22.6.2010
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
En esta etapa crítica para nuestro país no sólo se examina el Gobierno. La oposición también se somete al juicio general. Porque el papel de la oposición no es baladí. No lo es con carácter general, ya que tiene asignada la función crucial del control al Gobierno y la articulación de su alternativa. Y no lo es, desde luego, en un contexto de crisis grave como el que sufrimos.
El conjunto de la sociedad española se está jugando el futuro en las lonjas del mercado financiero internacional, y el valor de la “marca país” cuenta más que nunca. La reactivación económica y la resucitación del consumo dependen cada día más del factor “confianza”. Y en todo esto la oposición tiene mucho que aportar y mucho de lo que responsabilizarse. Porque la “marca país” y la “confianza” en el sistema no dependen solo de la acción del gobierno. También dependen de lo que dice y de lo que hace la oposición.
No es razonable reclamar a la oposición su apoyo a las decisiones que adopta el Gobierno, ni tan siquiera a las más determinantes para la salida de la crisis. Tampoco cabe exigir su participación obligada en grandes consensos o en vistosos pactos de Estado. Y, claro está, nadie puede pedir a un dirigente opositor que silencie su opinión, por muy inconveniente o inoportuna que pueda parecerle a quien gobierna. La oposición tiene derecho a manifestar su criterio contrario a las disposiciones del Gobierno y tiene derecho a votar en contra o a mantenerse al margen.
Ahora bien, hay tres cosas que sí cabe exigírsele a toda oposición en un país serio. Primero, coherencia. No podemos pedir que la oposición respalde la postura “A” cuando opina “B”, pero merece un reproche contundente aquella oposición que rechaza ahora la medida gubernamental “A” tras haberla reclamado insistentemente durante años. La estrategia única de buscar el desgaste del Gobierno no es una estrategia legítima, sobre todo en estos tiempos de dificultad colectiva.
Segundo, compromiso con el interés general. No es tolerable el comportamiento de quien deteriora el crédito internacional de España de manera reiterada y consciente. No es aceptable la actitud de un ex-presidente de Gobierno recorriendo las capitales del mundo en un ejercicio deliberado de fomento del desprestigio de la economía y la sociedad española. No es razonable la insistencia de la oposición en establecer paralelismos entre la situación delicada de España y las catástrofes sufridas en Grecia o en Hungría.
Si hay quien reclama ya la prohibición de las operaciones a pérdidas en las finanzas, entiendo que es hora de pedir que se condenen también las operaciones a pérdidas en la política. Produce repugnancia comprobar como algunos buscan atajos en el acceso al poder por encima del prestigio de su país y del interés general de sus conciudadanos.
Y tercero, junto a la descalificación, la propuesta. Porque con las cosas de comer no se juega. Ya no basta el “no”. Junto a cada “no” hay que aportar un “sí”. El “no” por el “no” constituye un ejercicio inadmisible de irresponsabilidad en este momento.
Si a la oposición no le convence la reforma laboral contenida en el Decreto del Gobierno, tiene la legitimidad y el deber de manifestarlo. Eso sí, inmediatamente debe expresar su propuesta alternativa. ¿Qué propone la oposición para que la sociedad española cuente con un mercado laboral que facilite la creación de empleo estable y de calidad? ¿Cómo impedir que la recesión económica pase en nuestro país una factura brutal en términos de desempleo? ¿Cómo corregir la dualidad en la contratación? Los adjetivos por sí solos no sirven para nada.
Si la oposición entiende que estas medidas no sirven, debe proponer otras, de forma clara y concreta. Para que todos las conozcamos, las valoremos y les saquemos el provecho colectivo que merezcan. Lo demás es puro egoísmo electoralista.
Si a la oposición no le satisface el camino emprendido por el Gobierno para equilibrar las cuentas públicas y corregir el déficit, resulta legítimo y obligado que lo expresen. Ahora bien, a continuación deben explicar cómo reducirían el agujero de las cuentas públicas del 11,2% al 3% en tres ejercicios, tal y como exige Bruselas. ¿No les vale el ajuste de los salarios públicos, la congelación de algunas pensiones y la subida del IVA? Bien, pero entonces que nos digan a todos cómo lo harían ellos. Con cuentas claras y sin demagogia. Si Europa nos insta a recortar 15.000 millones de gasto público antes de fin de 2011, no sirve proponer la estupidez de suprimir tres sueldos ministeriales con sus correspondientes coches oficiales.
Si a la oposición no le es grata la reforma prevista para las pensiones, no debe haber objeción. No obstante, es su deber explicitar sus planes para garantizar la viabilidad plena del sistema a medio y largo plazo. Porque no es lícito situarse tras la barrera de la crítica fácil y sin compromiso alternativo.
En estos tiempos difíciles para la gran mayoría parece haber quienes esperan que el poder les caiga en las manos como fruta madura, sin más esfuerzo que el de contemplar la tormenta y colocar algunos palitos en las ruedas del Gobierno. Pero se equivocan, porque en democracia los ciudadanos suelen confiar el poder solo a quienes se lo merecen.
Rafael Simancas - Diputado del PSOE en el Congreso
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
En esta etapa crítica para nuestro país no sólo se examina el Gobierno. La oposición también se somete al juicio general. Porque el papel de la oposición no es baladí. No lo es con carácter general, ya que tiene asignada la función crucial del control al Gobierno y la articulación de su alternativa. Y no lo es, desde luego, en un contexto de crisis grave como el que sufrimos.
El conjunto de la sociedad española se está jugando el futuro en las lonjas del mercado financiero internacional, y el valor de la “marca país” cuenta más que nunca. La reactivación económica y la resucitación del consumo dependen cada día más del factor “confianza”. Y en todo esto la oposición tiene mucho que aportar y mucho de lo que responsabilizarse. Porque la “marca país” y la “confianza” en el sistema no dependen solo de la acción del gobierno. También dependen de lo que dice y de lo que hace la oposición.
No es razonable reclamar a la oposición su apoyo a las decisiones que adopta el Gobierno, ni tan siquiera a las más determinantes para la salida de la crisis. Tampoco cabe exigir su participación obligada en grandes consensos o en vistosos pactos de Estado. Y, claro está, nadie puede pedir a un dirigente opositor que silencie su opinión, por muy inconveniente o inoportuna que pueda parecerle a quien gobierna. La oposición tiene derecho a manifestar su criterio contrario a las disposiciones del Gobierno y tiene derecho a votar en contra o a mantenerse al margen.
Ahora bien, hay tres cosas que sí cabe exigírsele a toda oposición en un país serio. Primero, coherencia. No podemos pedir que la oposición respalde la postura “A” cuando opina “B”, pero merece un reproche contundente aquella oposición que rechaza ahora la medida gubernamental “A” tras haberla reclamado insistentemente durante años. La estrategia única de buscar el desgaste del Gobierno no es una estrategia legítima, sobre todo en estos tiempos de dificultad colectiva.
Segundo, compromiso con el interés general. No es tolerable el comportamiento de quien deteriora el crédito internacional de España de manera reiterada y consciente. No es aceptable la actitud de un ex-presidente de Gobierno recorriendo las capitales del mundo en un ejercicio deliberado de fomento del desprestigio de la economía y la sociedad española. No es razonable la insistencia de la oposición en establecer paralelismos entre la situación delicada de España y las catástrofes sufridas en Grecia o en Hungría.
Si hay quien reclama ya la prohibición de las operaciones a pérdidas en las finanzas, entiendo que es hora de pedir que se condenen también las operaciones a pérdidas en la política. Produce repugnancia comprobar como algunos buscan atajos en el acceso al poder por encima del prestigio de su país y del interés general de sus conciudadanos.
Y tercero, junto a la descalificación, la propuesta. Porque con las cosas de comer no se juega. Ya no basta el “no”. Junto a cada “no” hay que aportar un “sí”. El “no” por el “no” constituye un ejercicio inadmisible de irresponsabilidad en este momento.
Si a la oposición no le convence la reforma laboral contenida en el Decreto del Gobierno, tiene la legitimidad y el deber de manifestarlo. Eso sí, inmediatamente debe expresar su propuesta alternativa. ¿Qué propone la oposición para que la sociedad española cuente con un mercado laboral que facilite la creación de empleo estable y de calidad? ¿Cómo impedir que la recesión económica pase en nuestro país una factura brutal en términos de desempleo? ¿Cómo corregir la dualidad en la contratación? Los adjetivos por sí solos no sirven para nada.
Si la oposición entiende que estas medidas no sirven, debe proponer otras, de forma clara y concreta. Para que todos las conozcamos, las valoremos y les saquemos el provecho colectivo que merezcan. Lo demás es puro egoísmo electoralista.
Si a la oposición no le satisface el camino emprendido por el Gobierno para equilibrar las cuentas públicas y corregir el déficit, resulta legítimo y obligado que lo expresen. Ahora bien, a continuación deben explicar cómo reducirían el agujero de las cuentas públicas del 11,2% al 3% en tres ejercicios, tal y como exige Bruselas. ¿No les vale el ajuste de los salarios públicos, la congelación de algunas pensiones y la subida del IVA? Bien, pero entonces que nos digan a todos cómo lo harían ellos. Con cuentas claras y sin demagogia. Si Europa nos insta a recortar 15.000 millones de gasto público antes de fin de 2011, no sirve proponer la estupidez de suprimir tres sueldos ministeriales con sus correspondientes coches oficiales.
Si a la oposición no le es grata la reforma prevista para las pensiones, no debe haber objeción. No obstante, es su deber explicitar sus planes para garantizar la viabilidad plena del sistema a medio y largo plazo. Porque no es lícito situarse tras la barrera de la crítica fácil y sin compromiso alternativo.
En estos tiempos difíciles para la gran mayoría parece haber quienes esperan que el poder les caiga en las manos como fruta madura, sin más esfuerzo que el de contemplar la tormenta y colocar algunos palitos en las ruedas del Gobierno. Pero se equivocan, porque en democracia los ciudadanos suelen confiar el poder solo a quienes se lo merecen.
Rafael Simancas - Diputado del PSOE en el Congreso