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miércoles. 10.08.2022

Una España en blanco y negro

Los tiempos que vivimos son muy pródigos en legislaciones que contravienen los principios infranqueables...

La legislación, dudosamente incorpora valores. Las conductas se pueden modificar por campañas. Las leyes se muestran incapaces de reconducir, máxime cuando en buena parte de las ocasiones sus preceptos son incumplibles. Solo la componente gruesa de una ley puede imponer modificaciones. Si una medida es impresentable, lejos de suponer una sujeción conductual para convertirse en un mecanismo incentivador de conductas contrarias, por injusta o inapropiada, en el mejor de los casos no incorpora nuevos valores. Tenemos centenares de casos encajables en esta categoría.

Los tiempos que vivimos son muy pródigos en legislaciones que contravienen los principios infranqueables que debieran considerarse asignados a una persona, en cuanto tal. Los derechos fundamentales son  atacados con alardes inmisericordes de estulticia. No hay ninguna contención en las iniciativas de un gobierno, nacional o regional, que articula sus convicciones ideológicas rancias en expresiones legislativas o medidas gubernamentales que atentan contra la inteligencia y los derechos de las personas. Y no hay frente que se escape. Vamos a acercarnos a la, probablemente, más delicada de las desorbitadas manipulaciones, cual es la penal.

El código penal, el llamado de la democracia, procede de 1995. Ya ha sido objeto de veintisiete modificaciones. En 2003 se llevó a cabo una de las modificaciones de mayor alcance, cual es el cambio de consideración del principio de que las sociedades no podían, hasta entonces, cometer delitos. En 2010 se completó la operación de derribo de la antigua idea de la preservación para las personas de los delitos, para pasar a ser las personas jurídicas las imputables. Una sociedad es imputable, hoy, desde 2010. No se trata de imputar a la persona que dirige o está al frente de una sociedad, sino a la propia sociedad, por descontado de que también a aquellas. Se ha instaurado un nuevo modelo de responsabilidad penal. Cautelarmente una instancia judicial puede cerrar una empresa ante un caso en el que alguien haya operado en nombre de la misma, como siempre lo hizo, amparándose en los poderes otorgados por los socios. Pero, todavía más, puede intervenir judicialmente a la empresa, poniendo a una persona al frente de la misma para recabar información, ya que tendría acceso hasta la información reservada. Y, aún más, puede llegar a suspender la actividad empresarial. Esto, quiere decir que cualquier acto delictivo que se pueda cometer en una empresa, supone poner en sospecha toda la actividad de la empresa, convirtiendo en delictiva toda la actividad posible de la misma. Pero lo peor de todo es que el acto delictivo no lo ha realizado la empresa (persona jurídica) sino algún directivo (persona física) acreditado de la empresa. Con esta forma de entender la responsabilidad penal, se puede producir un daño irreversible a la persona jurídica, la empresa, que como de sobra se sabe, la componen socios, trabajadores, acreedores y clientes. Potencialmente, se podría dar el caso de condenar a la persona jurídica, la empresa, y no a las personas físicas, sus directivos.

Naturalmente, como opinan penalistas como Peris Riera y Pérez Arias, esta concepción de la responsabilidad penal concretada en las personas jurídicas, puede enmascarar la auténtica, residente en las personas físicas de los acreditados gerentes o administradores. Y esto, está relacionado con el grado de complejidad de la trama delictiva, ya que la empresa puede ocultar las personas físicas a efectos de una investigación judicial. Los referidos autores examinan el caso Neymar a la luz de este entramado jurídico y las perspectivas no son nada halagüeñas para el Barsa, como tal.

La cuestión es que, si bien los implicados en este tipo de marcos han puesto el grito en el cielo, cuando se estaban llevando a cabo las modificaciones, al resto de la Sociedad nos ha pasado desapercibido y hemos permanecido ajenos al proceso. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, al hacernos conscientes del lodazal en el que nos han metido. Las modificaciones coyunturales nunca son buenas, por cuanto incorporan una dosis de arbitrariedad que, en muchos casos, no está justificada. Pero es todavía peor cuando las modificaciones atentan a principios básicos o fundamentales. No hemos sido conscientes de que las perspectivas han cambiado sustancialmente, también en el ámbito penal. Seguramente de forma irreversible, pero al tiempo inaudita. Nos encontramos en una situación en la que las consecuencias de una actitud fundamentalista de la Justicia puede desencadenar penas muy disparatadas para partes inocentes y ajenas a la responsabilidad. No es posible circular por derroteros tan ambiguos, imprecisos o improcedentes. Esto evidencia que si pensamos y confiamos en la Justicia, vamos teniendo  motivos para sospechar que está sujeta a los mismos vaivenes y arbitrariedades que el resto de frentes. Y eso, no solo es preocupante, eso es sumamente negativo.

No puede ser que al socaire de la crisis, se arremeta arbitrariamente contra cualquier cosa que se mueva, amparándose en una necesidad o adecuación que no demanda nadie, ni siquiera las circunstancias. Las gratuidades en la acción política, solamente generan melancolía. Estamos volviendo a una España en blanco y negro. Todos los logros alcanzados se van convirtiendo en pasto del pasado periclitado. Se agotan los avances sociales. Se derrumban los logros económicos. Se difuminan los derechos ciudadanos. Se desdibuja la Justicia. Y todo por un filtro ideológico que todo lo contamina, que lo niega, porque no es capaz de afrontar sus propias miserias y evita la confrontación, pensando que negándolo todo, esto pasa. Se enuncian cínicamente, posiciones contrarias a las que se toman. Se piensa que la gente es estúpida, ignorante y acrítica. Es difícil creer que en la España en blanco y negro de hace cincuenta años, las personas valieran tan poco. Hoy se protege la impunidad y se amparan las conductas delictivas, favoreciendo que los grandes delitos encuentren recovecos de defensa e inaccesibilidad. Al pobre ladrón de gallinas, le seguirá cayendo todo el peso de la ley. A los grandes magnates, les cerrarán las empresas, ya en manos de los trabajadores, cuando la estulticia de aquél fue incapaz de mantener la actividad y no tuvo reparo en cometer algún delito cuando salía por la puerta. Siempre pagan los mismos. Ya no se trata de ser revisionista, es que están dejando una España que habrá que refundar, partiendo de cero. Si sólo fuera eso, podríamos hasta conformarnos.

Una España en blanco y negro