21 de enero de 2011, 3:18
nuevatribuna.es | 19.01.2011
Este gobierno y sus dependencias nos dijeron que no nos afectaría la crisis, y a la vista está que nos afectó. Se perdió un tiempo precioso mareando a los electores.
Después de la quiebra de Lehman Brothers, y sobre todo en la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, el gobierno quiso vender un papel protagonista de nuestro país en la nueva regulación internacional por la “magnífica” situación de nuestro sistema bancario, que le permitió presumir por todas partes. Objeto de especial alabanza era la supervisión del sistema crediticio por el Banco de España. Puede que el propio gobernador del BE se lo creyera, y – a poco listo que fuera – puede que no. El hecho es que se dedicó a dar lecciones sobre las reformas que había que llevar a cabo en ámbitos distintos del suyo, en especial, el mercado laboral. Se pasó más de un año defendiendo una boutade como el contrato único de trabajo, mientras los bancos españoles – con excepción de los dos grandes – eran incapaces de obtener financiación en el exterior. Después de decir que nunca haría una reforma laboral sin contar con los sindicatos, el gobierno hizo caso al gobernador del BE, sin duda porque a un señor que lo hace también en lo suyo hay que hacérselo en lo más peregrino que se le ocurra. Mientras, se emprendía, a bombo y platillo, la reforma de las Cajas de Ahorros, por aquello de que, como no tienen accionistas, ¿quién iba a protestar? Ha sido, ciertamente, una reforma bien “barata”, unos 10.000 millones de euros, que ha reducido su número de 45 a 17, pero que a los mercados no les dice ni fu ni fa. Los mercados están convencidos de que el sistema bancario español está metido en crédito al ladrillo hasta las orejas, y por eso no se fían de los bancos españoles (y no sólo de las Cajas). Se estima que el crédito al sector inmobiliario asciende a unos 320.000 millones de euros, y el crédito a la industria de la construcción a unos 100.000 millones más. Esto viene a ser el 42 por ciento de PIB. El BE, muy discretamente, ha obligado a bancos y Cajas a dotar provisiones por unos 87.000 millones. El resto no es necesariamente moroso, pero nadie sabe en qué proporción es solvente.
Y mientras, el gobierno a por uvas, con la reforma de las pensiones.
Enrique Viaña | Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Castilla La Mancha