Las inadecuadas políticas económicas tienen unos elevados costes sociales y económicos, de modo que dejan a muchos damnificados por el camino. La responsabilidad, por tanto, de los dirigentes políticos, económicos, y economistas que avalan determinadas actuaciones, es muy elevada en los daños causados a tantas gentes que sufren el paro, la disminución de su nivel de vida, y la pérdida de derechos laborales, sociales y políticos. La ligereza con la que se está actuando no deja de ser llamativa, pues parece que no hay nadie que sea responsable de lo que está sucediendo.
El desencadenamiento de la crisis actual fue el resultado de acciones de política económica que favorecieron la desigualdad, la desregulación y la primacía de las finanzas. Se fomentó un marco de actuaciones de los agentes económicos en el que la hegemonía del mercado sobre la intervención pública se impuso. Se posibilitó, en mayor medida que en otros tiempos, el abuso, el fraude, el engaño, y los excesos cometidos por determinados segmentos del capital inmobiliario y financiero, preferentemente pero no sólo, que han conducido a la Gran Recesión.
Una vez desencadenada la crisis económica, los desatinos a la hora de atajarla han sido muchos, lo que ya hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión en estas páginas. Todas estas actuaciones erróneas han agravado más las cosas de lo que tenían que haber sido, pero no ha sido así con lo que el sufrimiento para muchas gentes se ha acentuado, mientras que los ricos se van haciendo cada vez más ricos. Este proceso lo pone de manifiesto con gran claridad Bauman: “Todas las medidas emprendidas en nombre del “rescate de la economía” se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres”. (Esto no es un diario, Paidós, 2012).
Todo esto que decimos, adquiere mayor gravedad cuando se reconocen errores en la gestión de la crisis y se pide disculpas por ello, como si los que han sido víctimas de las medidas tomadas pudieran rehacerse de los daños causados por actuaciones incorrectas de los dirigentes políticos, responsables de los organismos económicos internacionales, y economistas influyentes. Así de este modo, leemos que el Fondo Monetario Internacional (FMI), lleva unos meses advirtiendo de que las políticas de austeridad generan contracción económica y aumento del desempleo. Una afirmación de esta naturaleza se basa en la observación de lo que está sucediendo en la Unión Europea, pero sobre todo en un estudio, al que hace referencia Krugman en su libro ¡Acabad ya con esta crisis! (Crítica, 2012), de investigadores del FMI en el que han identificado no menos de 173 casos de austeridad fiscal, en los países avanzados, durante el periodo comprendido entre 1978 y 2009. La constatación fue que las políticas de austeridad conducían a lo que ya hemos dicho, esto es a la contracción económica y el aumento del desempleo.
Lo más grave, sin embargo, se produce cuando el prestigioso macroeconomista y economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, tiene que reconocer que se han equivocado en el cálculo del multiplicador fiscal a la hora de estimar las consecuencias que una reducción del gasto público tiene sobre la actividad económica. Los efectos son mucho más negativos que los que habían establecido en un principio, lo que explica la fuerte contracción económica que está teniendo lugar y que afecta en gran medida a países como España. ¿Y ahora qué? Cabría preguntarse cuando gran parte de los daños causados ya están hechos.
Resulta escandaloso y vergonzoso que un organismo como el FMI, que tiene gran legión de economistas muy bien retribuidos, se equivoque en una estimación de estas características, lo que lógicamente tiene que llevar a pedir responsabilidades, sobre todo cuando una de las fuentes de financiación del FMI proviene de las cuotas de los países miembros, y que en definitiva pagamos los ciudadanos. Esto sin haber mencionado los elevados sueldos y pensiones que se embolsan los principales responsables de esta institución, fundamentalmente el director gerente. ¿Por qué se les paga tanto? cabe preguntarse ¿por equivocarse en la mayor parte de las ocasiones? No deja de ser una paradoja que sean los ciudadanos que con sus impuestos financian en gran parte a esta institución, los que a su vez sean las víctimas de sus recomendaciones de política económica. De esto saben y muchos las gentes de los países subdesarrollados.
Un error de esta naturaleza pone en cuestión, además, el prestigio de la profesión de los economistas, que ya se encuentra en gran parte desacreditado. No sería justo considerar, en todo caso, que este desprestigio debe afectar a todos los economistas, pues como se sabe por los lectores de esta publicación hay un grupo de economistas que hemos sido críticos con las políticas de ajuste puestas en marcha por la Unión Europea y avaladas por el FMI. No todos los economistas se encuentran en el error, aunque sus opiniones no sean tenidas en cuenta por los que toman las decisiones.
A los que, no obstante, se dejan seducir por determinados perfiles académicos de economistas españoles que publican en medios de comunicación influyentes, sobre todo cuando son profesores de universidades extranjeras y de prestigio, hay que decirles que no se obnubilen por ello sino que atiendan al rigor de sus explicaciones. En la mayor parte de los casos, lo que se evidencia a medida que transcurre la crisis es su incapacidad para comprenderla por ser, además, prisioneros de unas ideas económicas erróneas que no son capaces de vencer. Así nos va, de error en error, propiciados por los grandes dirigentes políticos, las élites empresariales, y por economistas influyentes en el poder. Todo esto conduce al desastre y a una situación que resulta a todas luces escandalosa.