jueves 29/10/20

En un lugar de La Mancha…

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, insatisfecha con desprestigiar al Estado de Derecho en tiempos de Zapatero, acusando a éste de orquestar un Estado policial, se descuelga ahora con una propuesta populista: la reducción a la mitad de los parlamentarios regionales y la supresión de su sueldo, que no de sus dietas variables.

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, insatisfecha con desprestigiar al Estado de Derecho en tiempos de Zapatero, acusando a éste de orquestar un Estado policial, se descuelga ahora con una propuesta populista: la reducción a la mitad de los parlamentarios regionales y la supresión de su sueldo, que no de sus dietas variables.

La propuesta se encarama a la ola neoliberal que recorre Europa y que encuentra en ciertos gobiernos a los surfistas más entusiastas, de quienes tenemos buena muestra en alguno de nuestros mares gubernamentales: Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Esperanza Aguirre, etc. Sin embargo, esta propuesta esconde, en realidad, las convicciones que la motivan, que no son otras que el descreimiento en la democracia representativa y la oferta electoralista falsaria.

La presidenta de Castilla-La Mancha justifica su propuesta en el cumplimiento del déficit autonómico. Sin embargo, dicha justificación se compadece muy mal con una de las primeras medidas que tomó Dolores de Cospedal en cuanto fue investida presidenta: la subida de los sueldos de los consejeros y altos funcionarios del Gobierno autonómico. También se compadece muy mal dicha justificación con la acumulación de sus tres sueldos: el de presidenta regional, el de senadora y el de secretaria general del PP. Por lo tanto, dicha justificación no es creíble, pues su propuesta no va acompañada de ninguna reducción salarial para los miembros del Gobierno autonómico ni de ninguna renuncia a alguno de sus relevantes sueldos.

Pero es que, además, su propuesta pone de manifiesto el concepto autoritario que de la democracia representativa tienen los políticos neoliberales pues, de materializarse dicha propuesta, la dedicación de los parlamentarios regionales a las tareas legislativas ya no sería a tiempo completo, lo cual reduciría su función a la de meros portadores de votos afirmativos o negativos para los proyectos legislativos que el Ejecutivo autonómico presentara a las Cortes castellano-manchegas. Este objetivo podría ser, en última instancia, el que se persiguiera con esta propuesta pues, al compatibilizar la actividad privada con la parlamentaria, se iría reduciendo esta última –con el consiguiente argumento de la necesidad de reducción de costes– hasta suprimir las dos funciones esenciales asignadas a cualquier poder legislativo democrático, que no son otras que la elaboración de las leyes y el control al poder ejecutivo. 

Pero es que tampoco la medida ahorraría dinero a los contribuyentes castellano-manchegos, pues si ahora los parlamentarios regionales cobran un complemento fijo en su salario como ayuda para dietas de alimentación y desplazamiento, éstas se incrementarían considerablemente cuando se abonaran por cada asistencia a plenos y comisiones, que sería la única retribución que cobrarían los parlamentarios. Si en la actualidad la mayoría de éstos residen en Toledo –sede de las Cortes autonómicas– la propuesta de Cospedal no supondría ningún ahorro sustancial, pues los diputados de Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real se desplazarían más a menudo a la capital castellano-manchega, con la consiguiente pernoctación hotelera, ya que los plenos y comisiones se fijarían en horario vespertino para facilitar, así, su compatibilización con la actividad profesional privada de los diputados. Además, una fórmula perversa para que éstos cobraran finalmente una cantidad similar a la que cobran ahora, sería la asignación de más plenos y comisiones de los que hay en la actualidad, así que estoy casi seguro de que, al final, no se reduciría el gasto público por este concepto. Eso sí, Dolores de Cospedal quedaría muy bien de cara a la galería y a sus electores actuales y potenciales, que es lo que en el fondo pretende con esta propuesta populista.

La idea, en general, de reducir los parlamentarios a la mitad y suprimirles el sueldo fijo, eximiéndolos de una dedicación exclusiva, revela la concepción autoritaria del poder democrático que tienen los políticos neoliberales ya que esta propuesta –que no reduciría el déficit– lo que sí reduciría sería el poder legislativo en beneficio exclusivo del poder ejecutivo. A los políticos neoliberales les sobra la discusión parlamentaria, el farragoso procedimiento de argumentación de proyectos legislativos y de tramitación de enmiendas; a los políticos neoliberales les sobra el control parlamentario del poder ejecutivo, las sesiones de control al Gobierno, las preguntas e interpelaciones parlamentarias, las comisiones de investigación, etc. A los políticos neoliberales les sobra todo eso pues, en el fondo, creen a pie juntillas en el actual modelo chino o en el pasado modelo chileno: economía de mercado y autoritarismo político.

Se puede reducir el sueldo de los diputados autonómicos; se puede reducir el sueldo de los miembros del Gobierno autonómico; se puede reducir tanto el número como la remuneración de los asesores de dicho Gobierno; se puede prohibir la compatibilización de cargos públicos; se pueden limitar los mandatos; se pueden reducir los coches oficiales e, incluso, bajarlos de gama; se puede exigir dedicación plena al poder ejecutivo y legislativo, sin dietas para desplazamiento; se puede cobrar el IBI a la Iglesia; se pueden imponer impuestos regionales a las grandes empresas y a los grandes patrimonios; se pueden incluso suprimir los canales de televisión autonómicos… pero si se reduce en cantidad y en calidad el poder legislativo, se dará el primer paso para reducir la democracia representativa a una democracia ejecutiva, con mayores competencias para el Gobierno, que impondría su hegemonía total sobre el Parlamento. Y una vez dado el primer paso, ¿quién nos dice que el siguiente no sería la supresión total del poder legislativo?

Así, el neoliberalismo terminaría por liquidar al liberalismo, renunciando a uno de sus sacrosantos principios: el parlamentarismo. No sería el primer principio liberal sacrificado en la hoguera neoliberal pues esta ideología propugna, como sabemos, la hegemonía económica de las grandes corporaciones, que suelen expulsar del mercado a los competidores inferiores, lo que liquida también otro de los sacrosantos principios liberales, el de la economía de ¿libre? mercado. Si el politólogo Giovanni Sartori, nada sospechoso de antiliberalismo, se posiciona en contra de la democracia telemática porque, entre otras cosas, reduce el espacio público de la soberanía, al reducir el espacio público de debate, ¿qué pensaría de la propuesta de esta insigne neoliberal, Dolores de Cospedal, propuesta que pretende reducir a su mínima expresión a los representantes del pueblo que conforman la voluntad del Estado, es decir, que elaboran las leyes que regulan nuestra convivencia?   

El maestro Leonard Cohen decía en una de sus canciones: first we take Manhatan, then we take Berlin. Ahora el neoliberalismo parece que se ha propuesto asaltar el Estado del bienestar y, después, el Estado democrático.    

En un lugar de La Mancha…
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