14 de diciembre de 2010, 13:41
nuevatribuna.es | 14.12.2010
Lo primero podía ser inevitable, al punto en que han llegado las cosas con la política de consolidación fiscal. Lo segundo no tiene otra explicación que la falta de interés en mejorar un poco la situación de los que están sólo un escalón por encima de los más desfavorecidos. En lugar de eso, el gobierno parece empeñado en sacar adelante una reforma del sistema de pensiones que muchos verán – con bastante razón – como una nueva agresión al estado de bienestar. (La clave de la sostenibilidad de un sistema público de pensiones no puede estar en la corrección de sus bases actuariales, porque para eso ya están los fondos privados de pensiones).
Propongo la siguiente reforma. La cuota empresarial por desempleo en los contratos indefinidos está en el 5,50 por ciento de la base de cotización; la del trabajador, en el 1,55 por ciento; total, 7,05 por ciento. En los contratos de duración determinada a tiempo completo, esas cifras son el 6,70, el 1,60 y el 8,30 por ciento, respectivamente; en los de duración determinada a tiempo parcial, el 7,70, el 1,60 y el 9,30. La penalización es ridícula: un 1,25 por ciento en los temporales a tiempo completo y 2,25 por ciento en los temporales a tiempo parcial. Propongo unificar las cuotas de los contratos temporales a tiempo completo y a tiempo parcial y situarla en un total del 28,20 por ciento, con el 26,65 a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. Así, cada día de trabajo en los contratos temporales generará cuatro veces más derechos a la prestación que los contratos indefinidos. Esto supondrá una mejora inmediata en la situación de buen número de trabajadores que se ven reducidos a aceptar aquella clase de contratos. Y, si se me apura, el aumento de las cuotas a la seguridad social que eso supone, por un lado, puede ser evitado recurriendo en mayor medida a la contratación indefinida; y, por otro, está seguramente más que compensada por la rebaja en el impuesto de sociedades con que el gobierno acaba de obsequiar a las empresas con menos de 300.000 euros de beneficio imponible.
¿No quiere el gobierno que su reforma laboral aumente la proporción de contratos indefinidos, cosa que no está ocurriendo? Pues ahí tiene una idea bastante sencilla para lograrlo, preveniente de alquien que nunca ha estado a favor de esa reforma, ni lo está ahora tampoco.
Enrique Viaña | Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Castilla La Mancha